insta a España a reformar las pensiones teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y avisa de que en caso de que no se tomen medidas, el Estado deberá destinar cada vez más recursos a las jubilaciones en detrimento de «otros gastos prioritarios»
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este miércoles un informe en el que analiza la situación económica de España en profundidad, y advierte de que tras la reciente reforma del sistema de pensiones, «persiste un déficit de financiación considerable», por lo que recomienda tomar medidas cuanto antes para controlar el gasto.
En el documento, la OCDE recuerda que España cubre ya el 30% del gasto anual en pensiones con transferencias del Estado, que han pasado de 15.600 millones de euros en 2019 a 41.600 millones en 2024, representando alrededor del 3% del PIB. Es decir, que los ingresos por cotizaciones, a pesar de las subidas aplicadas tras la reforma, sólo cubren un 70% del gasto.
«La brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas dos décadas si no se llevan a cabo nuevas reformas», advierte. Y añade que «si los déficits de las pensiones siguen cubriéndose con ingresos generales, el mantenimiento de las prestaciones de jubilación se hará a expensas de otras prioridades, desplazando otros gastos prioritarios».
El organismo reproduce las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el primer examen llevado a cabo el pasado mes de marzo, y apunta que aunque no activó la cláusula de salvaguardia del sistema, la ‘alarma’ que automáticamente conllevaría a ajustes, debería replantearse su diseño al tener «importantes limitaciones».
«La AIReF destacó una brecha cada vez mayor entre los gastos de pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social en las próximas déadas, en parte debido a las reformas de 2021-2023″, impulsadas por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, señala la OCDE.
El organismo advierte de que a pesar de las recientes reformas, como el aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del periodo de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se prevé que la brecha entre el gasto y los ingresos en pensiones se amplíe en las próximas décadas. Por eso, ve necesarias medidas adicionales. Entre ellas cita el establecimiento de un ajuste por esperanza de vida, la ampliación del periodo de referencia para el cómputo de los derechos de pensión o mecanismos similares. “Para que la deuda siga una senda de firme descenso es necesario abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar la recaudación fiscal”, recomienda.
Alargar la vida laboral y vincular las pensiones a la esperanza de vida
Lo que propone la OCDE es que en lugar de imponer aumentos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social, que aumentarían aún más la ya elevada cuña fiscal sobre el trabajo y tendrían efectos potencialmente adversos sobre el empleo, «España debe ampliar los esfuerzos para seguir prolongando la vida laboral».
Considera que los trabajadores de más edad en España abandonan el mercado laboral relativamente pronto, con tasas de inactividad y desempleo de larga duración elevadas. Además, aunque la reforma incentiva la jubilación tardía y desincentiva la anticipada, con avances en ambas direcciones, considera que aún hay margen de mejora.
Asimismo, pide al Gobierno que considere la introducción de un mecanismo de ajuste de la esperanza de vida, como recientemente hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya sea vinculando a ella la edad legal de jubilación o el cálculo de la pensión, como hacía el «factor de sostenibilidad» eliminado con la reforma.
Según las estimaciones de la AIReF, la revalorización de las pensiones con el IPC a partir de 2022 implica un aumento del gasto de 2,7 puntos del PIB para 2050; mientras que la eliminación del factor de sostenibilidad, que determinaba la prestación inicial en función de la esperanza de vida, implicaría un aumento del gasto de 1 punto del PIB para 2050.
En este sentido, la OCDE apunta que la reactivación del índice de revalorización de las pensiones (IRP), que tenía en cuenta la evolución de los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social, y del factor de sostenibilidad «supondrían aumentos anuales menores para todas las pensiones y un ajuste a la baja único para los futuros afiliados».
Finalmente, la OCDE plantea una ampliación del periodo de referencia para el cálculo de la pensión, de los 29 mejores años a los 35, «a fin de garantizar la sostenibilidad financiera». En caso de no tomarse medidas para recortar el gasto en pensiones, éste «crecerá más rápidamente que las cotizaciones a la Seguridad Social» y el Estado verá mermados sus ingresos para afrontar otros desafios, como el problema de la vivienda.
La factura demográfica
La factura demográfica sobrevuela las 132 páginas del texto, donde la OCDE usa los cálculos de la Airef de que el gasto en pensiones crecerá en 3,2 puntos de PIB entre 2023 y 2050, y el gasto relacionado con el envejecimiento aumentará en 5,2 puntos. “El gasto en pensiones aumentará, creando un creciente volumen de pasivos implícitos que no están provisionados actualmente. La indexación de las pensiones a la inflación y la falta de un ajuste automático para el aumento de la esperanza de vida incrementan los costes del sistema”, alerta.
Ante ello, reclama incentivar que los trabajadores de mayor edad permanezcan empleados y la ampliación de la educación para adultos. “La tasa de empleo de los trabajadores mayores ha aumentado en las últimas dos décadas, pero sigue siendo baja. Su tasa de empleo se encuentra por debajo de los niveles de la OCDE y disminuye drásticamente después de los 55 años debido a la jubilación anticipada, la obsolescencia de las habilidades y la limitada adaptabilidad laboral”, expone.
También apuesta por mejorar la inclusión de los inmigrantes en el mercado laboral. Si no hay un cambio de tendencia, la llegada de extranjeros empujará la población española más allá de los 50 millones de habitantes en el segundo semestre de 2026. Y hay margen de mejora en áreas como la simplificación de los visados de trabajo previos a la llegada, los acuerdos laborales bilaterales, el reconocimiento de títulos o un aumento del personal para gestionar las llegadas. Pasos que “podrían atraer a más inmigrantes cualificados y ayudar a aliviar la escasez de mano de obra”.
La entidad admite que las finanzas públicas de España han mejorado, con la deuda acumulando descensos desde 2021, lo que la situaba en el 101,8% a cierre de 2024. Sin embargo, ese nivel es todavía elevado, y la OCDE estima que la creciente presión para gastar más a largo plazo en partidas como defensa, cambio climático y el citado envejecimiento, vuelve necesario contar con más espacio fiscal. “Para afrontar estas presiones sin comprometer el crecimiento, es esencial mantener una política fiscal creíble a medio plazo, creando al mismo tiempo margen para un gasto que impulse el crecimiento, combinado con políticas que fomenten el crecimiento potencial”.
El momento de bonanza que vive la economía española, que crece a un ritmo cercano al 3%, es para la OCDE propicio para recomponer las finanzas y dejarlas listas para afrontar turbulencias por llegar. “Dado el fuerte impulso del crecimiento, acelerar el ritmo de reducción del déficit permitiría a España reconstruir con mayor rapidez los colchones fiscales para responder eficazmente a futuras crisis o recesiones”, insiste.
Más vivienda social
El documento, que se extienden por más de 130 páginas, también abordan otras cuestiones como la crisis de vivienda, sobre la que ha dicho que el Gobierno ha adoptado una actitud «proactiva» a la hora de abordar los desafíos necesarios, con una combinación de políticas de oferta y demanda Citan la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que tiene por objetivo agilizar y acelerar los procesos de desarrollo urbanístico, así como las iniciativas dirigidas a promover la construcción industrializada, que reducirán los tiempos de construcción en un 60% y abarate los costes.
Aunque valora positivamente estas iniciativas, cree que su alcance es «insuficiente». De hecho, cuestiona el tope al precio de los alquileres en zonas tensionadas, cuya «efectividad» suele ser limitada sin un aumento de la oferta de vivienda, tal y como demuestra la experiencia en Estados Unidos y Reino Unido. «Para alcanzar la media de la Unión Europea, España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas sociales en alquiler, lo que implica construir o reconvertir más de 850.000 unidades adicionales», detallan. Esto implica unas 213.000 nuevas o reconvertidas al año durante los próximos cuatro ejercicios.
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