Nuestro sistema de pensiones en su configuración constitucional establece un sistema público de protección universal y suficiente en la cuantía de la protección, e irregresivo (cualquier reforma tiene que mantener el sistema de protección.
En su configuración normativa el sistema es de reparto, las personas empleadas a través de sus cotizaciones financian las prestaciones de las contingencias protegidas: jubilación, , orfandad y en favor de familiares, incapacidad laboral temporal y permanente.
En definitiva, 20.670.000 empleados (cifra engañosa ya que en ella se incluye trabajos discontinuos, cotizaciones por bases mínimas y 30.000 millones de euros en salarios que no cotizan en la seguridad social al estar topadas las bases máximas de cotización) tienen que financiar 12.039,2 millones de euros en pensiones cada mes.
Las cuentas “gordas”
Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponde a pensiones de jubilación, en concreto, el 73%, es decir unos 8.800 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado unos 2.000 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a poco más de 1.000 millones, la de orfandad, a 170 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 32 millones. Lo anterior genera un déficit que, excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos, es del 4% del PIB, más de 50.000 millones de euros anuales. El problema anterior deriva de varias circunstancias.
Las cuentas “finas”.
La Seguridad Social duplica su deuda en cuatro años y cierra 2023 con 116.000 millones de pasivo. El sistema es deficitario desde comienzos de la pasada década, lo que aboca inevitablemente a generar una bola de deuda cada vez mayor para afrontar las transferencias corrientes. La Seguridad Social ha duplicado su deuda pública en los últimos cuatro ejercicios y ha pasado de un pasivo de 55.024 millones en 2020 a superar los 116.173 millones a cierre del pasado ejercicio. Se trata de unos niveles de endeudamiento inauditos, si se compara con la situación hace tan solo siete años, cuando los números rojos suponían 17.173 millones, según el dato de cierre de 2016.
La Seguridad Social cerró el pasado curso con un incremento de su deuda de, aproximadamente, 10.000 millones que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.
El aumento del endeudamiento de la Seguridad Social en el último año se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar su desequilibrio presupuestario.
Otro factor que mete presión al incremento de la deuda es la reforma de las pensiones de 2021, en aplicación de la cual, los más de 10 millones de pensiones de la Seguridad Social se revalorizan cada año en función del IPC, lo que ha disparado el ritmo de incremento del gasto para sufragar las prestaciones contributivas.
La deuda de la Seguridad Social superó la cota inédita de los 100.000 millones de euros en noviembre de 2022, por primera vez en la historia, al anotar un récord de 106.176 millones, si bien la realidad es que los números rojos llevaban rozando ese nivel desde diciembre de 2021 (ese año se clausuró con 97.185 millones de agujero).
La escalada de la deuda prosiguió, sin volver a bajar de esa cuota, y en diciembre de 2022, aumentó levemente (dos millones más, hasta 106.178 millones), para bajar ligeramente en enero de 2023, hasta quedar en 106.170 millones. En febrero de 2023, el endeudamiento descendió en apenas un millón, hasta 106.169 millones, retomó la senda de los aumentos (dos millones) en marzo, y así ha ido oscilando durante 2023, millón arriba o abajo, hasta llegar al fuerte disparo experimentado en noviembre de 2023, cuando creció de una tacada 10.000 millones en un solo mes.
La presión de la deuda del sistema de la Seguridad Social ya es muy evidente, pero es de prever que se incremente con fuerza, puesto que España se halla a las puertas de la masiva jubilación de la generación del baby-boom, que provocará un gran aumento del gasto en pensiones.
La edad de jubilación
La primera hace referencia a la que fue edad de jubilación, 65 años ( hasta 67 años en función de los años cotizados), se incorporó al sistema en el año 1918 en el que sobrevivían a esa edad el 10% de la población, hoy una persona de 65 años es considerada una persona convencionalmente joven. A partir del 1 de enero de 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo en 2024 haber cumplido la edad de: 67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
La natalidad
Las exigencias de procreación amplia a las mujeres derivan o bien de una estructura económicamente agrícola que antes de la mecanización del mundo rural exigía numerosos brazos para trabajar la tierra o ganadería. También de la ideología autocrática que basaba el poder de un país en su número de habitantes, algunos recordarán los premios del general Franco a la natalidad en donde mujeres acompañadas por 12 o 13 hijos con sonrisa impostada y hombres con sonrisa amplia recibían anualmente premios económicos de escasa cuantía. Es conocido el discurso del general Perón que reprochaba a las mujeres argentinas su incapacidad de competir con las brasileñas en el alumbramiento de hijos como elemento geoestratégico de dominio de esa zona geográfica.
Desde hace ya años la natalidad apenas crece porque el número medio de hijos por mujer se cifra en menos de 1,4, una cifra insuficiente si tenemos en cuenta que nuestra tasa de reposición es de 2,1 hijos por mujer.
Los baby boomers son en el Estado español la generación que nació entre 1957 y hasta 1977. Según los datos de la Seguridad Social, en España hay 7,7 millones de trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años. El desafío deriva de que jubilándose los ciudadanos de esta generación sus pensiones tienen que ser financiadas por los dos o tres hijos que en el mejor de los casos tienen las familias actuales.
La esperanza de vida
El tercer factor es el del incremento de las expectativas de vida, la esperanza de vida en 2023 subió a 81,8 años para los hombres y a 87 para las mujeres.
Las propuestas de la reforma Escrivá
Lo que el gobierno propuso estando Escrivá como ministro responsable de la Seguridad Social consiste en incrementar las cotizaciones para aumentar los ingresos del sistema deficitario, a través del siguiente procedimiento:
Base de cotización máxima: incremento anual de 1,154 puntos porcentuales en términos reales durante el periodo 2025 y 2050. A partir de 2050 no crecerá más en términos reales.
Pensión máxima: el incremento anual en términos reales variaría, según el periodo, ya que entre 2025 y 2050 la subida sería de 0,115 puntos porcentuales, mientras que entre 2051 y 2065, el incremento anual variaría entre 0,182 puntos en 2051 y 1,455 puntos en 2065. La pensión máximapara el año 2024 alcanza los 175 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 44.450,56 euros anuales. En la actualidad, más de 600.000 jubilados están cobrando actualmente una pensión superior a los 3.000 euros al mes. Esto representa alrededor del 6% del total de pensionistas.
Sobre cotización de solidaridad que no computa para las prestaciones y que está dividida en tramos: el primer tramo va desde la base máxima de cotización hasta un 10% más, al que se le aplica un tipo del 5,5 %, el segundo tramo va desde el 10 % superior a la base máxima de cotización hasta el 50 %, al que se le aplica el tipo del 6 %, el último tramo se aplica a la retribución que supere el 50 % de la base máxima de cotización. A este tramo se le aplica el tipo del 7 %. Entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y esta cotización adicional de solidaridad se aplicará de forma progresiva desde el año 2025 hasta alcanzar en 2045 el tipo definitivo de cada tramo.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Impone una cotización adicional a fin de “rellenar” el exhausto Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS). El sistema se inicia en 2023 con un aumento del 0,6% y ese porcentaje se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar en 2030 los 1,2 puntos porcentuales y permanecerá (al menos conforme a la actual regulación) fijo hasta 2050.
De forma paulatina las cotizaciones de los autónomos ya no serán las voluntariamente elegidas por ellos, si no que estarán vinculadas a sus ingresos.
Además, para intentar reducir la cuantía de las pensiones de jubilación se modifican los actuales últimos 25 años sobre los que se calcula la Base Reguladora de la pensión que se mantiene hasta 2044, aunque también será posible optar por calcular la pensión con los últimos 29 años trabajados descartando los dos años peores. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).
Un simple parcheo
Todo lo anterior constituye un parcheo que con :
- las tendencias demográficas,
- la incorporación de nuevos colectivos protegidos (como los becarios),
- la vinculación justa del crecimiento de las pensiones al IPC cuya evolución es peligrosamente fluctuante,
- la necesidad de corregir injusticias históricas como la regulación de la pensión de viudedad
- el sistema de pensiones de los trabajadores autónomos
A lo que sumamos la escasa capacidad de reprimir el fraude, el carácter precario de los trabajos de los jóvenes que no pueden configurar carreras de cotización ni para sus propias futuras pensiones ni para financiar el sistema en su conjunto.
En definitiva, absolutamente todos los expertos nacionales e internacionales abundan en que las medidas adoptadas son insuficientes y será necesario, más pronto que parde, acometer una verdadera reforma, y no sólo un mero maquillaje, para para asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones.
Todo ello nos aboca a la no utilización del sistema de pensiones como elemento electoral de confrontación partidista para intentar conseguir encontrar las fórmulas de garantizar la sostenibilidad financiera de un sistema ya moribundo como muerto ya está el Pacto de Toledo que se acordó precisamente para intentar salvar al sistema de las tropelías partidistas y que, entre unos y otros, asesinaron o dejaron morir.
