Los profetas de la catástrofe vuelven a la carga. Se pasaron años advirtiéndonos de que las pensiones públicas estaban al borde del colapso. Sin embargo, en diciembre de 2021, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó, con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos una ley que fija un marco estable para la revalorización de las pensiones. De acuerdo con esa norma, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. De esa manera, se garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
No obstante, ya resulta bastante habitual encontrar artículos de prensa y/o comentarios en tertulias y debates que alertan del riesgo que supone ese sistema de retribución, argumentando que no es sostenible. Una de las tesis más utilizadas para demostrar la inviabilidad del sistema es la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar la productividad. Pero es que el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior.
Otros de los argumentos recurrentes es un informe de la Unión Europea sobre envejecimiento, según el cual España llegara a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Sin embargo Francia o Italia pueden dedicar hoy en día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar un porcentaje similar en 2050.
De todos modos, la clave de este interminable debate está en presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del Estado. La protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad del mismo, algo que está en su esencia.
De hecho, hasta 1988 en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. Fue con la Ley de Presupuestos de 1989 cuando se estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas los complementos de mínimos de las pensiones. Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias.
En un Estado definido como social por la Constitución, es un contrasentido que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política. Es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación “técnica”.
La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como mucho puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados e inversores.
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. Por lo tanto, el Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
Pero la verdad es que no hay razón para la alarma porque el sistema goza de una envidiable mala salud de hierro.
Lo cierto es que la jubilación masiva de la generación del baby boom está a la vuelta de la esquina, con el consiguiente reto para la sostenibilidad de las pensiones, por el fuerte aumento del gasto que implicará en las dos próximas décadas. El Gobierno asegura que «las pensiones no están en peligro por el retiro boomer«, y va a seguir revalorizando cada año las pagas conforme al IPC.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF) alerta de que podrían ser necesarios ciertos ajustes dentro de tres años, cuando se producirá el segundo examen a la reforma de pensiones, para ver si se ajusta a la regla de gasto establecida.
En este horizonte, marcado por el reto del envejecimiento de la población y la mayor longevidad, con un número creciente de pensionistas y mayor gasto, los informes de los expertos, como la propia AIReF, el Banco de España, Fedea, los actuarios, etc. presentan un panorama con datos y noticias positivas, y otras que señalan retos actuales, que exigirán solución con el retiro del baby boom.
Entre los datos que reflejan mejorías y beneficios tangibles para los pensionistas y el sistema de pensiones se encuentran estos cinco:
1.- La generosidad de las pensiones mejora continuamente
La generosidad en términos absolutos, medida a través de la pensión media por pensionista, mejora continuamente en el tiempo. Con datos del cierre de 2024, la pensión media por pensionista era en diciembre 1.394,47 euros al mes, un 5,3% más que en diciembre de 2023, importe al alza impulsado, sobre todo, por la revalorización general del 3,8% y la adicional de las pensiones mínimas y de la brecha de género (hasta un equivalente del 4,1%).
Así lo subraya el último informe Pensiómetro, del Instituto Santalucía, advierte de que «esta mayor generosidad requiere crecimientos de la productividad y empleo suficientes para compensar el efecto sustitución y el efecto número de pensiones, sin tensionar el equilibrio financiero».
Por su parte, la AIReF ofrece datos de la tasa de generosidad del sistema contributivo de pensiones, expresada como el porcentaje que supone la pensión media respecto al salario medio. Según sus previsiones, seguirá subiendo, como mínimo, hasta 2029, cuando se prevé que alcance un porcentaje del 67,1%.
INDICADORES DE PENSIONES (‘PENSIÓMETRO’ I TRIMESTRE 2025)
2.- La brecha de género se reduce
En la brecha de género que sufren las mujeres, existe una tendencia a largo plazo a su disminución, lo que se traduce en un aumento de los indicadores. A nivel agregado, la pensión media de jubilación de mujeres se sitúa en un 69,2% de la de hombres (60% en 2012).
«Es previsible que la reducción de la brecha de género agregada continúe en el futuro, ya que, si se analizan las nuevas pensiones de jubilación, el indicador es superior, situándose en un 81,9% en diciembre de 2024», detalla el informe de Santalucía, elaborado por Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez y Miguel Ángel García, entre otros expertos.
Algunas medidas recientes de la reforma del sistema de pensiones, que pretenden disminuir esta brecha, son la mejora de la integración de lagunas en el caso de mujeres, el aumento por encima del IPC del complemento de brecha de género y la mejora de las pensiones mínimas, que beneficiará más a las mujeres, al ser perceptoras del 68% de las pensiones complementadas.
3.- Los ingresos por cotizaciones crecen más que el PIB en 2024
Los ingresos por cotizaciones (sin cese de actividad ni cotizaciones de desempleados) han mostrado tasas muy elevadas de crecimiento, un 7,5% en el acumulado de 2024 respecto a 2023, aunque baja al 6,2% si se compara únicamente el dato interanual de diciembre. «Las cotizaciones han crecido más que el PIB, lo que ha contribuido a que el total de los ingresos contributivos sobre el PIB (10,5%) haya subido 0,1 puntos porcentuales respecto al dato anual de diciembre de 2023», confirman los autores del Pensiómetro.
La entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en enero de 2023, su aumento de 0,1 puntos en enero de 2024 y el aumento de las bases medias de cotización en este 2024 son las explicaciones de este buen dato.
4.- Crece la solidaridad de las pensiones
Gracias a la mayor revalorización de lapensiones mínimas, prevista por el Real Decreto-ley 2/2023, el peso del complemento a mínimos (ahora del 4,3%) será creciente hasta 2027 al menos. Esto indica que el sistema español es solidario, y que dicha solidaridad incluso va al alza, lo que beneficia a los trabajadores con menores salarios cuando llegan a la jubilación. Porque, incluso si su pensión es sumamente baja, el Estado se la complementa hasta un mínimo, para que no caigan en la pobreza.
5.- Sube la edad efectiva de jubilación, sin forzar la legal
La edad media efectiva de jubilación de los españoles ha dado un estirón en 2023 y en 2024, al sobrepasar por vez primera la barrera psicológica de los 65 años y situándose ya en los 65,2 años en promedio; una cifra muy superior a los 64,4 años que se escogían en promedio para dejar de trabajar en 2019, antes del estallido de la pandemia.
Las razones de este retraso real en la edad de retiro hay que buscarlas en el paulatino aumento de la edad legal de jubilación, que cada año sube en 2 meses (en la actualidad se sitúa en 66 años y 8 meses, con menos de 38 años y 3 meses de contribuciones sociales; o los 65, si se acumula mayor cotización) y en los incentivos económicos a quienes sigan trabajando después de cumplir la edad ordinaria.
Este retraso voluntario en jubilarse beneficia a aquellos pensionistas que prefieren trabajar más años, o compatibilizar pensión y empleo; es positiva para sistema, el mercado laboral y el empleo, y se está produciendo sin que el Gobierno aumente la edad legal ordinaria de retiro, que no subirá de los 67 años en 2027. Además, sigue siendo posible, jubilarse a los 65 años sin penalización, cuando se acumulan 38 años y 3 meses cotizados.
Los tres desafíos del sistema son:
1.- El 13% del gasto en pensiones necesita transferencias del Estado
Según los expertos de Instituto Santalucía, el gasto público total en pensiones en 2024 alcanzó los 206.172 millones, lo que equivale al 13% del PIB. Este cálculo, basado en la ejecución presupuestaria provisional, incluye pensiones contributivas, no contributivas, complementos a mínimos y pensiones de clases pasivas. «De ese total, cerca de 26.526 millones de euros (el 12,8%) corresponden a transferencias del Estado, necesarias para cubrir el déficit del sistema contributivo, lo que pone de manifiesto el esfuerzo fiscal adicional que la sociedad realiza para financiar el exceso de gasto en pensiones», advierten los autores del Pensiómetro.
En este sentido, un estudio del Instituto de Actuarios Españoles enfatiza el desfase entre la mayor cuantía de la pensión respecto a lo cotizado, que supone un reto, pues las pensiones futuras no estarán respaldadas por las cotizaciones presentes. El coordinador técnico del Observatorio Actuarial de Previsión Social, Enrique Devesa, señala que «el aumento del desfase entre el importe de la pensión y la cantidad aportada como cotizaciones a lo largo de la vida laboral refleja un problema estructural del sistema público de pensiones», y reclama mecanismos de ajuste automáticos.
2.- Empeora la tasa de dependencia
Los expertos del Instituto Santalucía subrayan el riesgo que supone el empeoramiento de la tasa inversa de dependencia, es decir, la proporción de población entre 20 y 64 años, sobre los mayores de 65 años, que consideran el indicador demográfico de referencia: «Continúa su tendencia descendente y se sitúa en 2,93, nuevo mínimo de la serie. Esta tendencia al envejecimiento de la población repercute en el aumento del número de pensionistas, especialmente mayores de 65 años, ante lo cual se ha legislado con el objetivo de aumentar la edad efectiva de jubilación y así disminuir la tasa de cobertura».
A su vez, la AIReF advierte de que «el envejecimiento domina la dinámica del sistema de pensiones de reparto». En sus previsiones, subraya que las cifras de «las personas en edad de trabajar por cada mayor de 66 años son preocupantes: pasarán de 3,8 en 2022 a tan solo 2,1 posibles trabajadores en 2050».
3.- Aumenta el déficit contributivo
En 2024 se ha producido un freno en la tendencia de reducción del déficit contributivo iniciada tras la pandemia. Al cierre del año pasado, asciende a 31.315 millones de euros, un 1,97% del PIB, frente al 1,90% del año anterior, con datos extraídos del informe de Santalucía.
«Este aumento del déficit podría haber sido mayor si los ingresos por cotizaciones no hubieran crecido tanto, un 7%, impulsados por el aumento de la cotización media y del empleo. Sin embargo, este incremento ha sido insuficiente para compensar el ritmo de crecimiento del gasto, 6,80%», pone de relieve el último Pensiómetro.
Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es muy crítica con las medidas del Gobierno para la sostenibilidad en pensiones. «No está garantizada. El sistema muestra síntomas claros de creciente estrés financiero», advertía en un reciente informe, obra de su director ejecutivo, Ángel de la Fuente. «Si se excluyeran las transferencias del Estado (…), sería necesario activar la cláusula semiautomática de ajuste para poner en marcha medidas de recorte de gasto o aumento de ingresos», pone de relieve Fedea.
