La encuesta publicada por el CIS este miércoles ha hecho saltar las alarmas en el ámbito académico. El 30,4% de los ciudadanos sondeados situaba la inmigración entre los tres principales problemas del país, por lo que esta pasaba a ser la máxima preocupación en términos generales.
Sin embargo, al ser preguntados por lo que les afecta directamente, esta proporción se reducía hasta el 13,7%. Los investigadores de Fedea han observado que esta percepción se traslada al ámbito del mercado laboral en forma de mitos que después no sustentan los datos y advierten: los inmigrantes no lastran el salario ni las oportunidades de empleo de los trabajadores españoles.
“No hay evidencia de que la llegada de inmigrantes haya perjudicado las oportunidades de empleo de los nativos, esto se ve utilizando datos de los permisos de trabajo, del censo, de la EPA” explica la investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesora de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, Raquel Carrasco. “Ocurre lo mismo si se mira el efecto sobre los salarios de los nativos” incide, aunque matiza que hay que tener presente que esta conclusión se extrae de los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE y que, por tanto, solo tiene en cuenta a los inmigrantes con residencia legal en España y que trabajan en empresas que tienen más de 10 trabajadores.
La inmigración ha pasado a tener un papel destacado en el debate político en los últimos meses a raíz de los problemas que reportan comunidades como Canarias para gestionar estos flujos con los medios disponibles. Lo cierto es que España es uno de los países que ha registrado un mayor crecimiento en las llegadas de migrantes, lo que explica gran parte de la evolución del mercado de trabajo (2/3 del alza de la ocupación registrado en el segundo trimestre de 2024). No obstante, no es la primera vez que el país se enfrenta a una situación de estas características y gran parte de la investigación científica al respecto se concentra en los años posteriores a la burbuja inmobiliaria.
Raquel Carrasco, Juan F. Jimeno y Carolina Ortega revisaron en 2008 los efectos que tenía la inmigración legal y total en la tasa de empleo de los profesionales nativos así como en sus salarios, sin encontrar que hubiera efectos negativos estadísticamente significativos. Tal y como explicaba Carrasco en un evento celebrado por Fedea este jueves, “tanto el salario bruto como el salario bruto por hora, en el caso de los extracomunitarios, ganan aproximadamente un 30% menos que la población local” pero el 94% de esta diferencia se asocia a las características del trabajador o del empleo (suelen ser más jóvenes, con más contratos temporales y parciales, con una mayor concentración en las pymes y sectores como la construcción).
La evidencia científica también apunta a que las diferencias en términos de empleo, que son de 15 puntos porcentuales en el caso de los hombres y de 4 puntos en el de las mujeres, tienden a atenuarse a medida que pasan más años en el país. “Hay heterogeneidad en cuanto origen y se llega a observar que las mujeres latinoamericanas llegan a presentar tasas de empleo superiores a las de las mujeres españolas con características similares cinco años después de la llegada. Lo preocupante es la brecha en la calidad del empleo” matiza. Los estudios apuntan a una diferencia en los inmigrantes extracomunitarios, con una mayor presencia en los sectores de baja cualificación en los primeros años tras llegar a España.
La inmigración se ha abordado desde una gran variedad de enfoques en la academia que muestran que los inmigrantes se enfrentan al mercado de trabajo con tasas de participación y desempleo más elevadas que los españoles, pero que en el margen de cinco años estas tienden a converger. Los diferentes expertos coinciden en que esta iba a ser una cuestión clave para el país en las próximas décadas, dado que el crecimiento de la economía dependerá fundamentalmente de que lleguen inmigrantes y decidan quedarse, pero España corre el riesgo de quedarse atrás en la batalla por el talento, como advertía el profesor Marcel Jansen, dado que las condiciones laborales son peores que en el norte de Europa. Además, los economistas de BBVA Research recurdan que el contexto económico actual en el que la renta de los hogares apenas se ha recuperado tras la pandemia y bienes como la vivienda se han encarecido mucho, la sociedad puede mostrarse más reacia a la llegada de estos flujos, que no afectarán igual a todos los trabajadores.
Según el último Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo (BBVA Research, FEDEA y Sagardoy Abogados) el crecimiento reciente de la población activa en España se explica por la nueva incorporación masiva de inmigrantes al mercado de trabajo, mientras que la contribución de las mujeres nativas se ha estabilizado. El aumento anual promedio de la ocupación de personas con nacionalidad extranjera desde 2021 supera al que tuvo lugar entre 2000 y 2008, durante la expansión inmobiliaria.
La mitad de los 4,2 millones de ocupados con nacionalidad extranjera se agrupa en quince ocupaciones, siendo los empleados domésticos, camareros asalariados y personal de limpieza las ocupaciones con mayor peso. Representan un 18% del empleo de este colectivo.
La concentración ocupacional es más acusada entre las mujeres inmigrantes. El 63% de las trabajadoras de nacionalidad extranjera se concentra en 15 ocupaciones. Empleadas domésticas, camareras asalariadas, y personal de limpieza representan el 30% de las ocupadas con nacionalidad extranjera.
A pesar de esta concentración de buena parte de los trabajadores inmigrantes en empleos poco cualificados, el nuevo proceso de incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo español se está produciendo con menores tasas de segregación ocupacional que las registradas antes de la Gran Recesión, tanto para los hombres como para las mujeres. Este hecho se debe a que se está produciendo un aumento de la participación de los inmigrantes en prácticamente todas las ocupaciones.
Las últimas cohortes de inmigrantes presentan, además, una menor segregación ocupacional que la de los llegados hace más de una década y que la que tienen actualmente los que permanecieron en España desde entonces
Recordatorio
Desde hace muchos años, los migrantes vienen a España a trabajar y en la mayoría de los casos con carácter temporal y en muy malas condiciones. Pero durante las décadas de la dictadura franquista y más allá de la transición democrática, hasta los años 90 del siglo pasado, casi cuatro millones de españoles y españolas también fueron temporeros. Fueron migrantes de ida y vuelta. Huyeron de la miseria de su día a día para conseguir un sustento que no podían ganarse en sus pueblos o ciudades.
Hay numerosos debates mirando solo al presente cuando el análisis debe ser más completo. Europa en general, pero España más en concreto, es una sociedad de migraciones. Si negamos la migración, nos estamos negando a nosotros mismos, porque somos fruto de ella.
Nadie migra porque quiere. Siempre está vinculado con la huida, por diferentes motivos. Lo que nos hace falta es tener la memoria más larga y ver que si nosotros somos lo que somos es en parte por toda esta emigración que fue crucial en el desarrollo del país. Teniendo eso en cuenta, eso debe ayudarnos a entender las razones por las que la población de otros países emigra y respetar los derechos humanos
Unas 100.000 personas al año se desplazaron a Francia, a las labores de la vendimia y a las campañas del arroz y de la remolacha, y a Suiza, a la construcción y a la hostelería. Lo hacían con contratos para ir y volver, y en estancias que no podían durar más de nueve meses. Otras tantas personas lo hicieron “ilegalmente”, por libre. En total, se movieron casi cuatro millones de personas. En esos países se encontraron con situaciones pésimas de vida y salarios muy bajos
Huían de la miseria, sí, la miseria de la España de los años 50, 60 y 70 cuando decae la estructura de la agricultura familiar o también huían de lo que se encontraban en su destino cuando migraban.
La condiciones, como ahora para los que vienen a España, eran terribles. Vivían en barracas de madera, justo enfrente de los edificios modernos que estaban construyendo. Y en la agricultura, se alojaban en pajares con colchones sin servicios básicos
Según investigaciones el número de temporeros fue disminuyendo desde 1975 a 1982. Uno de los motivos fue la mecanización de la recogida de la uva. En 1979 existían 919 máquinas en toda Francia, mientras que en 1982 ese número ascendió hasta 3.800. La mejora progresiva de la economía española también provocó que cada año hubiese menos españoles interesados. Fueron sustituidos por temporeros de Marruecos, Túnez y Portugal. Al mismo tiempo, la crisis de los 70 provocó que muchos franceses en paro tuvieran que volver a realizar estas tareas en momentos puntuales.
La importancia de estos movimientos, de esta forma de ganarse el sustento, fue tal, que en zonas como La Safor, en la Comunitat Valenciana, hay barrios residenciales denominados como “de los franceses” porque pudieron construirse con el dinero que los temporeros ganaron en Francia en las labores del arroz.
Inmigración, trabajo, productividad y desigualdad en España
Lo cierto es que en España coexiste una alta inmigración con altas tasas de paro y un crecimiento insuficiente del PIB per cápita.
La población española ha crecido en lo que va de siglo en ocho millones de personas, un 20% sobre su población inicial de 40 millones, el doble del aumento experimentado en el mismo periodo por los demás países que formaban parte de la Unión Europea (UE) en el año 2000. Todo ese crecimiento es debido a la inmigración, puesto que la natalidad sigue disminuyendo y es ya menor que la mortalidad. A la vez, entre 2000 y 2022 la distancia entre el PIB per cápita español y el del resto de los países de la UE-15 ha aumentado, un resultado de la baja productividad de la economía española. La concentración de los inmigrantes en puestos de baja cualificación y bajos salarios, junto con su menor tasa de ocupación, provocan un aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
La inmigración es el fenómeno que de forma más radical ha transformado a la sociedad española en lo que va de siglo, con influencia en prácticamente todas las esferas relevantes, empezando por el núcleo de cualquier sociedad, su tamaño, composición y evolución, es decir, su demografía. Pero la inmigración afecta a muchos otros ámbitos en el terreno social, económico y político: el mercado de trabajo, el estado de bienestar, el sistema de pensiones, la desigualdad, la pobreza, la productividad, la riqueza del país, el mercado de la vivienda, la política exterior, el sistema de partidos, el cambio cultural…
En muy pocos años España ha pasado de ser un país sin inmigrantes a uno de los de más alta inmigración en la UE, con la diferencia extra de que el proceso que se inició hace unos 65 años en los países del centro de Europa (Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania…. que comenzaron a recibir inmigración en grandes números en los años 60) se ha producido en España de un modo mucho más concentrado, en apenas 25 años. En la actualidad, España tiene niveles de población inmigrante semejantes a Alemania o Bélgica, superiores a Dinamarca, los Países Bajos, Francia e Italia.
En concreto, la población inmigrante en España supone ya el 18% de la total, pero su peso es mucho mayor entre la población en edad activa: por cada 100 españoles autóctonos (nacidos en España) en las edades de mayor actividad laboral (de 25 a 49 años) hay 38 inmigrantes en esos mismos grupos de edad. Numerosas fuentes presentan cifras mucho menores porque identifican como inmigrantes sólo a los “extranjeros”, es decir, a los que no tienen la nacionalidad española. Pero una buena parte de los inmigrantes llegados a España en años anteriores han logrado ya la nacionalidad española, que resulta fácil y rápidamente accesible para los inmigrantes latinoamericanos (el grueso de la inmigración en España). El inmigrante que accede a la nacionalidad española obtiene derechos de los que carecía previamente (como la libertad de entrar y salir del país sin restricciones o el voto en todo tipo de elecciones) pero analíticamente debe seguir siendo considerado un inmigrante según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (División de Población de las Naciones Unidas): una persona que vive en un país diferente a ése en el que nació. En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica a 2.500.000 personas nacidas en el extranjero que residen en España y tienen nacionalidad española (Padrón 2022).
La población española ha crecido en ocho millones de personas desde el año 2000, un crecimiento completamente debido a la llegada de inmigrantes, con un saldo migratorio muy superior al experimentado por nuestros socios comunitarios. A comienzos de siglo, en el año 2000, la población de la UE (entonces de 14 países, si excluimos a España), era de 334 millones de personas. En 2023, esos mismos 14 países habían aumentado su población en un 10%, hasta llegar a los 368 millones, mientras que España lo había hecho en un 20%, duplicando por tanto el ritmo del resto. Desde que se levantaron las restricciones a la movilidad establecidas durante la pandemia del COVID-19, el aumento del número de inmigrantes en el país es de más de 600.000 anuales, superando así el ritmo de entradas de fases anteriores. Desde enero de 2022 hasta octubre de 2023, las cifras más recientes del INE arrojan un aumento de 1.035.000 personas nacidas en el extranjero residiendo en España.
Mientras tanto, la natalidad ha seguido disminuyendo a lo largo de todo este periodo y el número de fallecidos al año es ya mayor que el de nacidos, produciendo por tanto un crecimiento vegetativo negativo.
A diferencia de países que han establecido políticas de inmigración selectivas, España, en lo que va de siglo, ha seguido una vía de liberalización tácita que ha permitido la llegada anual de cientos de miles de inmigrantes, gran parte de los cuales han permanecido años irregularmente para luego legalizar su situación a través de los canales de regularización ordinaria o extraordinaria. Esta liberalización informal, no declarada pero efectiva, ha beneficiado especialmente a los procedentes de países latinoamericanos, en su mayoría exentos de la solicitud de visado.
La mayor parte de la inmigración recibida por España –excluyendo a la procedente de países europeos con PIB per cápita semejante o superior al español– tiene, como media, un nivel bajo o medio de cualificación, especialmente bajo en el caso de la migración procedente de África, y ha encontrado su hueco ocupacional básicamente en el sector de los servicios (comercio, hostelería, distribución, transporte, servicios a las personas…) con porcentajes menores ocupados en la construcción y la agricultura. La disponibilidad de este nuevo aporte de población en edad activa alimentó en su momento la burbuja inmobiliaria, que habría sido imposible sin la existencia de este volumen extra de mano de obra, y alimenta ahora una economía basada en los servicios.
En el mismo periodo en que se ha producido este gran crecimiento poblacional, entre 2000 y 2022, el PIB per cápita español aumentó en 12.300 euros, el francés lo hizo en 14.300, el alemán en 20.400, el belga en 22.400 y el de los Países Bajos en 30.800. La distancia de España con los países más ricos del área euro ha aumentado y el PIB per cápita español sigue por debajo del de todos los países que ya formaban parte de la UE (entonces Comunidad Europea, CE) cuando se incorporó a ella en 1986. La baja productividad de la economía española es señalada a menudo como uno de sus más importantes problemas estructurales, mientras que esa disponibilidad de una abundante oferta de población de calificación media-baja incentiva la inversión en servicios de bajo valor añadido.
La participación de los inmigrantes en la industria –el sector económico más productivo– es muy pequeña (excluyendo la construcción y las industrias agroalimentarias, como las cárnicas) y lo mismo ocurre con los servicios de mayor cualificación (como la banca o la investigación). En conjunto, los inmigrantes se mantienen en la economía española en sectores de menor productividad, que ofrecen peores condiciones laborales y menores salarios. Como señala el informe sobre la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español, los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América –básicamente latinoamericanos– son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos. Las diferencias son mayores en el caso de las mujeres extranjeras.
Por otra parte, como constata ese mismo informe, los inmigrantes tienen menores tasas de ocupación que los autóctonos –cuando se comparan los grupos de edad centrales de actividad, de 25 a 64 años–, y por tanto mayores tasas de paro. En concreto, la Encuesta de Población Activa (INE) más reciente (4º trimestre de 2023) señala un 15% de tasa de desempleo para los inmigrantes varones extracomunitarios, frente a un 10% para los españoles y un 11% para los comunitarios. Las diferencias son mucho mayores en el caso de las mujeres (tasas de paro del 22% para las extracomunitarias, 12% para las españolas y 17% para las comunitarias).
La combinación de una menor ocupación y del mantenimiento de los ocupados en puestos de bajos salarios se traduce en un volumen muy importante de población inmigrante situada en “riesgo de pobreza” o incluso en “privación material”. El 53% de los extranjeros residentes en España y procedentes de países no-UE se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2022, frente al 16% de los españoles, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Los porcentajes de extranjeros no-UE en situación de “privación material” eran mucho mayores que los referidos a los españoles, con casi dos tercios de estos inmigrantes en situación de no poder afrontar un gasto imprevisto.[2] Aunque no se publican estadísticas que recojan el origen de los beneficiarios de las ayudas públicas (estatales, autonómicas o locales) o privadas (Cáritas, Cruz Roja, Bancos de alimentos, comedores gratuitos…) destinadas específicamente a los situados en condiciones de pobreza, es evidente que los inmigrantes se encuentra más a menudo en esas condiciones.
La desigualdad que reflejan esos datos hace que España encabece, junto con Italia, el ranking de desigualdad de los países occidentales (UE-15) con un índice de Gini de 34,9. En el conjunto de la UE el índice de Gini se encuentra entre los 23,2 puntos de Eslovaquia y los 40,5 de Bulgaria.
Aunque la tasa de ocupación de los inmigrantes es inferior a la de los autóctonos, la inmensa mayoría del empleo nuevo creado en el sector privado en los últimos años está siendo ocupada por inmigrantes. Ambos fenómenos son compatibles dado el elevado número de entradas anuales de nuevos inmigrantes, un número suficiente para alimentar a la vez el nuevo empleo y el paro. Entre el 70 y el 89% de la nueva ocupación en España y el 100% en Cataluña, está cubierta por inmigrantes” y si no se hace bien tendremos problemas sociales como el de Ripoll porque se está presionando a la baja el mercado laboral. Los observadores del mercado de trabajo llaman la atención también sobre el bajo valor añadido y los bajos salarios de los nuevos puestos de trabajo que están creándose en los últimos años.
El medio/bajo nivel de cualificación de buena parte de la inmigración que recibe España tiene una peligrosa tendencia a cronificarse a la vista de los resultados educativos de las llamadas “segundas generaciones” de inmigrantes, que presentan tasas de abandono escolar mucho más altas que las de los autóctonos, lo que condena a muchos de estos adolescentes a un futuro de desempleo, y/o a trabajos mal pagados y precariedad laboral. En conjunto un tercio, 33%, de los alumnos nacidos fuera de España, abandonan sus estudios al acabar la etapa obligatoria a los 16 años, frente al 16% de los autóctonos. El abandono es mucho mayor entre los inmigrantes varones que entre las mujeres y especialmente alto en inmigrantes de algunos orígenes.
Conclusiones
La liberalización tácita de la inmigración que han practicado los sucesivos gobiernos españoles –de cualquier signo político– desde inicios de siglo ha facilitado un fuerte aumento de la población inmigrante, que ha crecido a un ritmo extraordinario en comparación con el de los demás países europeos. El aumento de un 20% de la población total no ha venido acompañado de un acercamiento al PIB per cápita de nuestros socios europeos occidentales, porque la mayor parte de esa nueva población se ha ocupado en sectores de baja productividad y porque su tasa de ocupación es inferior a la de los autóctonos.
Mientras tanto, no se ha producido en España un debate sobre qué tipo de inmigración debería atraer el país, ni sobre cómo afrontar los problemas relacionados con la alta tasa de abandono escolar de las segundas generaciones y la amenaza que esto supone para el futuro o sobre el impacto en el sistema sanitario, sobre cómo afecta al sistema de pensiones un crecimiento del empleo basado en bajos salarios –y por tanto bajas cotizaciones–, sobre los problemas políticos que puede causar el aumento de la desigualdad y la pobreza, o sobre cómo debemos interpretar la tasa de paro de los autóctonos a la luz de los datos sobre el crecimiento del empleo inmigrante. En conjunto, falta una reflexión sobre la relación entre la inmigración y el modelo económico y social deseado para el país.
El debate migratorio está secuestrado por cuestiones laterales, más visibles en los medios de comunicación, como el reparto de los llegados por vía marítima y específicamente de los Menores No Acompañados (“MENA”) y, en general, por todo lo relacionado con la inmigración irregular. Sin embargo, la inmigración que llega con un visado de turista o estudiante, o sin necesidad de visado, es más relevante en términos de volumen y de impacto a largo plazo sobre la sociedad y la economía española y merece que se le preste mucha más atención.
Fuente: Inmigración, trabajo, productividad y desigualdad en España – Real Instituto Elcano
