La Inspección de Trabajo avisa a Yolanda Díaz que si no refuerza al colectivo será difícil que controle la reducción de jornada en las empresas

Durante el pasado año estos profesionales mejoraron la vida de un millón de profesionales recaudando 930 millones de euros

Más de un millón de personas trabajadoras, en concreto 1.030.949, han visto mejoradas sus condiciones laborales tras las actuaciones llevadas a cabo en 2023 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), según ha informado secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la reunión del pleno del Consejo Rector de este organismo celebrada este lunes. Este colectivo tiene previstas realizar 624.000 actuaciones durante este 2024 un 4% menos que el pasado año.

Sin embargo, estos datos y las reiteradas manifestaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no pueden ni deben ocultar la realidad del colectivo de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad, con graves carencias tanto en sus derechos laborales como desde el punto de vista económico. En España, hay 1.000 inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 1.051 subinspectores laborales, insuficientes a todas las luces para el tejido empresarial.

Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo en activo y portavoz presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, atiende a Economist & Jurist para explicar la realidad de una situación insostenible: “Estamos cansados y hartos de esta situación de la que no salimos. No atienden nuestras reivindicaciones y crecen las obligaciones pero no los medios materiales ni más profesionales que se incorporen a nuestro cuerpo”.

Al mismo tiempo avisa que “la ministra Díaz, que evita reunirse con nosotros, anuncia una mesa de diálogo social para aprobar antes del verano la reducción de jornada semanal. Tiene previsto convocar a los agentes sociales esta próxima semana para dar un empujón a la negociación que lleva abierta cerca de medio año. Pero si no nos dota de los medios adecuados para realizar el trabajo será difícil controlar esta nueva obligación en todas las empresas españolas”.

Esta inspectora aclara a E&J que “ya hay convenios colectivos que han reducido a 39,5 horas pero esta nueva obligación hay que controlarla. Ahora su objetivo es el de alcanzar un pacto antes del verano. La meta es fijar el límite en las 38,5 horas semanales en 2024 para después rebajarlo hasta las 37,5 de cara al próximo año y hacerlo con la garantía de un acuerdo respaldado por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT”.

Sin embargo, los avances tras una semana en la que tanto los sindicatos como la patronal han cargado contra las ‘sorpresas’ que se han encontrado en el Real Decreto-ley aprobado el pasado martes. El texto que reformaba las prestaciones por desempleo fue negociado durante meses, pero los agentes sociales no tenían constancia de que se iba a introducir la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales como publicaba recientemente Economist & Jurist.

Otra cuestión clara y palpable es el problema de las horas extras: “Se hacen algo más de seis millones de horas extras a la semana, pero la mitad ni cotizan ni se abonan. El problema es que no tenemos la organización adecuada inspectores y subinspectores para poder controlar toda esta cuestión relacionada con el registro de jornada horaria. Cada vez tenemos más competencias, pero que no nos retribuyen”, apunta.

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, muy crítica con la ministra Díaz, que no recibe a la Inspección de Trabajo. (Imagen: E&J)

La ministra Díaz no se sienta con ellos

Desde su punto de vista “es sorprendente hasta cierto punto lo logrado por nuestro colectivo en cuanto a los números que ha presentado este lunes el secretario de Estado, Joaquín Pérez. Somos profesionales y nos esforzamos al máximo, pero no tenemos la respuesta adecuada del Ministerio que da larga a nuestras reivindicaciones. Nosotros hemos cumplido, pero la ministra no. Le pedimos una reunión el pasado 12 de mayo del pasado año. No nos contestó”.

Como recordarán nuestros lectores, la Inspección de Trabajo, organizada en una plataforma con diferentes organizaciones sindicales, realizó una serie de paros el pasado año para reclamar la mejora en sus condiciones laborales. Los paros indefinidos mensuales concluyeron un mes antes de las últimas elecciones generales, sin embargo, por lo que cuenta Ercoreca a este medio, la situación no ha cambiado demasiado.

Menos palabras y más hechos. Necesitamos que se apruebe la nueva estructura del cuerpo de inspectores, subinspectores y personal administrativo. No podemos seguir así sin que nadie vele por nosotros. Lo que tiene que hacer la ministra Yolanda Díaz es cumplir el plan estratégico en su totalidad, donde se habla de dotarnos de más efectivos y medios para poder hacer nuestro trabajo. Es importante la relación de puestos de trabajo que define la estructura del cuerpo a través de distintas actividades”.

Ana Ercoreca recuerda que “tenemos unidades especializadas pero no están en todas las provincias, falta una organización clara del cuerpo para que seamos efectivos. Necesitamos ese refuerzo urgente. Debe eliminarse el nivel de entrada a la profesión 26, porque tenemos una sentencia del Supremo que valida el nivel 27 de acceso al cuerpo de inspectores de Trabajo. Las guardias siguen sin retribuirse entre semana. Si hay un accidente laboral tenemos que acudir al lugar del suceso de manera inmediata. Nosotros hacemos todos los días del año guardias, sea el día que sea. El pasado año me tocó a mi realizarlas en Semana Santa”.

Yolanda Díaz alaba el trabajo de la Inspección de Trabajo pero no se reúne con el colectivo para mejorar sus condiciones de trabajo. (Imagen: Moncloa)

Para esta inspectora de Trabajo, que recoge el sentir del colectivo a través de sus declaraciones, “no es de recibo que la ministra Díaz hable de la conciliación laboral y familiar de los trabajadores y los inspectores y subinspectores de Trabajo no tengamos acceso a ese derecho. Tampoco a la desconexión digital, otro derecho aprobado recientemente. Nosotros nos preocupamos de que los trabajadores la tengan en sus empresas, pero en nuestro caso si nos llaman, tenemos que acudir”.

Ercoreca recuerda que “nuestro colectivo también tiene familia y una vida que cuidar. No podemos estar en esa situación. Lo que no puede ser es que si tienes un accidente en cualquier momento del día, tengas que coger tu coche e irte al siniestro. Nuestra presencia allí es necesaria y nos coordinamos en muchas ocasiones con Fiscalía. No tenemos una compensación económica por esa puesta a disposición que si fuera una empresa privada la sancionaríamos porque a igual trabajo, igual salario”.

Nuestra interlocutora confiesa que “el colectivo está ya muy quemado ante la falta de atención que tenemos del Ministerio de Trabajo. Le puedo decir que la última evaluación de riesgos psicosociales que hemos pasado no ha salido bien porque hay excesiva carga de trabajo que queda en evidencia y una falta de mandos intermedios y unas falsas expectativas; se dijo que se iba a aprobar una RPT para el colectivo pero eso no se ha producido, con lo cual el descontento entre nuestro cuerpo es más que evidente”.

Derechos laborales mermados

En cuanto a las próximas vacaciones de verano se plantea un problema de nuevo: “Tenemos vacaciones, pero los papeles nos siguen entrando. Lo urgente si se hace, pero lo no urgente se queda cuando vuelves, tu trabajo más lo que ha entrado. Eso ha hecho que hayamos pedido a nuestra Dirección General que se pare la pendencia para que los funcionarios podamos descansar. Se trata de parar esos expedientes. Si tienen una antigüedad de más de cinco meses nos pueden penalizar”.

Respecto a las compañeras que regresan de su embarazo, Ercoreca subraya que “cuando vuelven tienen que hacer el trimestre con todos los puntos que les piden y es difícil que lleguen a productividad cuando se incorporan de una baja.  Hay que darle una vuelta de 180 grados al modelo organizativo de la Inspección de Trabajo. El Ministerio debe apostar por nuestro cuerpo de profesionales”.

La Inspección de Trabajo se persona siempre que hay un accidente laboral para coordinarse con la Fiscalía en estos siniestros. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

En su opinión “nos desconcierta que la ministra Díaz nos dé las gracias en público por nuestro trabajo de haber regularizado 41.000 trabajadores de Glovo como asalariados. Tiene que saber que detrás de ello está un inspector con un subinspector desbordado de trabajo. Sabemos que la ministra Díaz habló con la ministra de Hacienda, Montero, para resolver la situación pero no avanzamos y realmente la situación es bastante problemática, sino se da un golpe de timón que cambie esta peligrosa inercia. Vuelvo a indicarle que la plantilla de profesionales está muy cansada y quemada”.

Otros de los datos que el Ministerio ha hecho públicos de forma triunfalista, evitando hacer referencia a la situación del colectivo de inspectores y subinspectores de Trabajo señalan que en 2023 se finalizaron 651.531 expedientes, un 5% más que los fijados como objetivo para el conjunto del año, que a su vez era un 12% mayor que el año anterior.

El mayor número de actuaciones se llevó a cabo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, con un total de 242.869. Le siguen las actuaciones en el ámbito de la Seguridad Social que suma en torno a 140.000 inspecciones. En el caso de la Economía irregular y trabajo de extranjeros se llevaron a cabo unas 135.000 actuaciones. En datos monetarios, se han recaudado 936.327.297 euros por diferentes vías de actuación.

Por otro lado, las personas trabajadoras han recuperado 41,4 millones de euros debidos. Además, 100.982 personas trabajadoras han sido dadas de alta en la Seguridad Social en 2023 fruto de esta actividad de la Inspección de Trabajo.

Al final Ana Ercoreca resume esta conversación con una frase tan clara como contundente: “Queremos que realmente se apueste por la Inspección de verdad. Todos son felicitaciones, pero nadie se ocupa de nosotros como merecemos”.

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