LA INFLACION DESBOCADA “CALIENTA LA CALLE” Y “SACA LOS COLORES” AL GOBIERNO DE COALICIÓN

La preocupación se extiende y el Ejecutivo es consciente de la gravedad de una crisis profunda por los altos precios en un escenario sin precedentes por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez sigue remitiendo al Consejo Europeo y descarta adoptar medidas inmediatas antes del Consejo de Ministros del 29 de marzo.

 

El presidente del Gobierno está de gira por Europa para no posponer la decisión de desacoplar los precios del gas y la electricidad, confiando en que se adopte esa medida en el Consejo Europeo de la semana próxima, pero sigue sin mover ficha sobre el plan de choque que aprobará su Consejo de Ministros, mientras que se evidencian las profundas diferencias que existen en su gabinete entre PSOE y Unidas Podemos. Las medidas anticipadas por Hacienda se dirigen a subvencionar la gasolina como alternativa a las rebajas fiscales que no que no gustan en absoluto a Unidas Podemos que es contrario a bajar cualquier impuesto que debilitaría “el poder” del Estado. Mientras tanto, el presidente sigue esperando a Bruselas.

 

La presión política crece y se exigen medidas inmediatas como se han adoptado en Francia, Alemania, Irlanda o Polonia. Otros partidos socios del Gobierno como ERC o EH Bildu han advertido de las consecuencias de dejar que crezca la indignación ciudadana y de no adoptar medidas urgentes.

 

Con problemas de desabastecimiento de productos el Gobierno despliega su relato frente a las protestas y la huelga de transportes, que vincula a una minoría radical con lazos con la ultraderecha, pero no acelera medidas urgentes para calmar los ánimos

 

El Ministerio del Interior dio la orden de “reforzar todos los dispositivos policiales” para garantizar el abastecimiento de productos básicos y proteger a los transportistas que no han secundado un paro que tachan de “ilegal”. La cifra asciende a más de  23.500 agentes del orden movilizados para hacer frente a una movilización que el Gobierno achaca a los transportistas alimentados desde posiciones de ultraderecha, e insisten en que la patronal mayoritaria no apoya una huelga de una “minoría radical” que está poniendo en jaque la distribución. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, indicó: “No vamos a legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por los palos y las piedras”. Lo cierto es que “lo institucional” (Gobierno, “sindicatos de clase” y patronales mayoristas) niegan representatividad a parte de un colectivo que fue calificado por todos como uno de los “héroes de la pandemia” y que ahora, al parecer, se moviliza simplemente por motivos espurios sin razón real alguna.

 

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez, que clama contra la violencia de los piquetes en el paro del transporte y que promete medidas de gran contundencia, despenalizó las coacciones y actuaciones violentas de los piquetes hace menos de un año. El 14 de abril de 2021, el Senado aprobó una ley que promovió el Gobierno que despenaliza a los piquetes. Se trata de una reforma del Código Penal que registraron UGT y CCOO en el Congreso y lideraron PSOE y Podemos por la que se deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que establecía penas de cárcel y multas para “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga“. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saludó el “restablecimiento de libertades” de esta reforma. En la exposición de motivos de la publicación de la norma en el BOE se incluyó una crítica directa al Gobierno de Mariano Rajoy, algo insólito en un texto legal y se afirma que “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno“. El PP recurrió este texto al Tribunal Constitucional.

 

Preocupa también en las filas del Gobierno la manifestación convocada el domingo por todas las organizaciones agrarias en Madrid. El sector primario ya se quejaba de una tormenta perfecta, con ventas a pérdidas en origen, importaciones de terceros países contra las que no se puede competir, la sequía y unos costes disparados en la producción. Ahora, los efectos económicos galopantes de la guerra sobre los precios, el gasóleo disparado, el problema de importaciones de grano para pienso animal —la mayoría viene de Ucrania— y la huelga de transportistas, que ya ha golpeado a los ganaderos de la leche y está obligando a muchos agricultores a posponer la recogida de productos perecederos, convierten la tormenta en tsunami.

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