La herencia universal para jóvenes que ha propuesto Yolanda Díaz en el marco de la campaña de Sumar tendrá un coste anual muy similar al de revalorizar las pensiones un 6% cada año. La actual vicepresidenta ha justificado la decisión porque «mejorar la formación, o poner en marcha un proyecto laboral o empresarial, no debe depender de dónde hayamos nacido». Los críticos, entre otros del lado de Podemos, han lamentado que Díaz promueva «la filosofía de Rockefeller».
Abonar 20.000 euros a cada uno de los jóvenes que cumplan 23 años tendrá un coste aproximado de 10.500 millones de euros cada año ya que según el INE en 2024 -primer año en el que la medida estaría en vigor en un caso hipotético- unos 525.000 jóvenes cumplirán 23 años. Y el año siguiente otros tantos jóvenes -537.000, según el INE- volverán a cumplir esa edad y deberán recibir la «beca Díaz».
Un gasto de 10.500 millones anuales equivaldría a elevar las pensiones actuales un 6% cada año. Hay que recordar que la revalorización de las pensiones que se ha llevado a cabo este año en línea con el IPC medio del pasado, y que ha implicado subirlas un 8,5%, va a suponer un coste añadido anual total de 13.600 millones de euros. Ahora mismo la pensión media asciende a 1.195 euros mensuales y cada mes se abonan más de 10 millones de pensiones. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, que va agravarse durante las próximas décadas, la factura terminará ascendiendo muy por encima de estas cifras, pero el cálculo en base a la población actual sirve para entender la propuesta
Ernest Urtasun, eurodiputado por En Comú Podem y ahora portavoz de la campaña de Sumar, ha asegurado que como mínimo la medida estará en vigor una legislatura, lo que elevará la factura hasta los 42.000 millones en total.
La propuesta primero iba dirigida a jóvenes de 18 años, y después ha variado: según Sumar, el «derecho» a recibir el dinero se conseguiría al cumplir la mayoría de edad, pero la transferencia se haría efectiva cuando la persona alcance los 23 años, cinco años más tarde. Ese tiempo de espera se justifica porque deberá madurarse dónde se va a invertir el dinero, ya que, por obligación, debe emplearse en inserción laboral, en emprender un negocio o para mejorar la formación. El Estado llevará a cabo un acompañamiento administrativo para verificar cómo se ejecutará el dinero. La medida afectará a quienes en 2024 cumplan ya 23 años aunque estos beneficiarios no hubieran completado el proceso de «asesoramiento» por parte de la Administración. Esta cantidad no podría destinarse a cuestiones como el pago de la universidad, sino que estaría más enfocada a una etapa posterior.
Financiación
Sumar segura que financiará esta propuesta con un impuesto a los más ricos, lo que implicaría reformar el ya existente impuesto a las grandes fortunas, y también aumentar sus tipos, pero además tendría que hacerse de forma considerable puesto que el actual está previsto que recaude mucho menos de lo que parecía. Inicialmente el Gobierno tenía previsto recaudar 1.500 millones de euros con el impuesto durante los dos años que en previsto estará en vigor, pero un error en su redacción reducirá esta previsión, en un 20%. Así, aun en caso de que pudiera corregirse el mencionado error del impuesto de solidaridad y este recaudase lo previsto, obligaría a reformarlo para conseguir ingresar los 10.500 millones anuales, esto es, siete veces lo actualmente planeado. La alternativa, por ello, sería un alza fiscal en otros impuestos. La cantidad necesaria multiplica por cuatro el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que sí se ha erigido como alternativa real para “romper la desigualdad por motivos de renta”.
Un ascensor social roto
El ascensor social no funciona. En España, la relación entre la riqueza de los padres y la de sus descendientes es casi plena tan solo el 12% de las personas que nacen en familias del quintil más pobre de la población –esto es, el 20% con menos renta– escalan siendo adultos hasta el quintil más adinerado. En cambio el 26% se quedan en el mismo estrato y el 24% en el inmediatamente posterior. En el lado contrario, un 33% de los individuos que crecen en familias del quintil más rico continúa en el mismo grupo al alcanzar la adultez.
Por ello las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza, un porcentaje superior al de los países de nuestro entorno europeo y similar al de EE UU. Medidas como la herencia universal contribuyen a dos objetivos: primero, intentar “romper el círculo virtuoso de desigualdad generacional que se da a través del capital”, y segundo, “incrementar los grados de libertad de las nuevas generaciones”, algo que se obtiene cuando “uno dispone de más capital de partida”.
En la actualidad en el debate público todo está dominado por las transferencias hacia los mayores, y el mérito de esta propuesta es que incide en que “hacen falta medidas para corregir esta falta de balance intergeneracional, aunque sorprende que venga de las mismas personas que han defendido una reforma de pensiones” que ha puesto una “pesada losa” sobre la juventud, y por ello es una medida que llama al recelo.
En España se produce un hecho contradictorio y es el hecho de que hay muchos jóvenes sin trabajo, mucho más que en el resto de Europa. Sin embargo, estos jóvenes están altamente cualificados (el 54% con estudios universitarios) pero no toda la educación aumenta la probabilidad de conseguir un empleo, ni todas las habilidades necesarias para conseguir un trabajo dependen, únicamente, del nivel de cualificación.
Universalidad, ¿sí o no?
Uno de los puntos más polémicos del planteamiento es el carácter universal de la herencia, que varios expertos consideran regresivo. Pero Sumar defiende el diseño planteado porque, como sucede con la educación o la sanidad, “para que un servicio público sea realmente eficaz tiene que ser universal”. Esto, entre otras cosas, evitaría requisitos de acceso burocráticos que, por ejemplo, han dejado fuera del IMV a potenciales beneficiarios.
Fórmulas alternativas
Algunos expertos plantean dedicar estos recursos a fortalecer los servicios públicos, a levantar un parque de vivienda y a construir un “fondo de riqueza público”. El acceso a un hogar, de hecho, se erige como una de las palancas más urgentes. “Reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda”.
