Por más que se empeñen algunos en venderlo un churro no será nunca una gamba
La perversión del lenguaje ha infectado los modos y los usos del debate económico con un cinismo que amenaza la situación y las decisiones de particulares, familias, empresas y a las propias administraciones públicas.
Los políticos de hoy no conciben que su obligación, administrativa, ética y generacional, es ofrecer unas cuentas perfectamente transparentes y contrastadas. Casi todo empezó cuando se cesó a la dirección del INE porque sus mediciones no hacían justicia a las impresiones y cálculos formulados por el Gobierno.
Lenguaje perverso, cinismo evidente. Lo que está pasando.
DESEMPLEO
El maquillaje de las cifras de paro con los fijos discontinuos sigue creciendo: ya suman casi 800.000 personas
Al finalizar agosto, los parados son 1.317.533 personas más de las que se indican oficialmente como «parados registrados».
Un estudio sindical en base a los datos oficiales del paro ha vuelto a confirmar el enorme engaño estadístico con respecto al desempleo real en España. Y es que la bolsa de fijos discontinuos en situación de paro efectivo sigue escalando y roza ya los 800.000 empleados ficticios.
El estudio es del sindicato USO. Y en uno de sus apartados -«Distribución de los demandantes de empleo»- comienza a analizar la realidad de una estadística oficial del paro que se encuentra literalmente maquillada para ocultar el problema real del desempleo.
«Un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo (tenga o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), busca un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) busca una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso percibe la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)».
El informe avanza su metodología: «Realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, y tendríamos el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas)». Pues bien, «al finalizar agosto estas ascendieron a 3.889.654, lo que supone 1.317.533 personas más que las que se indican oficialmente como «parados registrados» y, comparándolo con 2023, el dato habría tenido un descenso de 547 personas en un año». Traducido: «No se habría producido una bajada real del número de desempleados, sino un estancamiento».
Pero el estudio profundiza y se centra en los fijos discontinuos: «En su período de inactividad se encuentran los del grupo de «Demandantes de empleo con relación laboral», pero «no se indica exactamente cuántos son», avanza. Pero, señala, «si conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe, ¿por qué no es posible dar de manera explícita este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y sí el de afectados por un ERTE?»
Tras esa reflexión avanza su propia metodología de cálculo de este colectivo de fijos discontinuos que realmente están parados: «Para estimar el número de fijos discontinuos restamos, del total de demandantes de empleo con relación, aquellos que se encuentran en un ERTE. En agosto de 2024, el número de fijos discontinuos se habría incrementado en 96.362 con respecto al 2023, alcanzado los 773.116. Este incremento se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos en mes de agosto, finaliza la estacionalidad y vuelta al desempleo«, señala el informe. «Esta partida crece en términos interanuales al compararla con 2023 en un 14,2%% y, si lo hacemos con respecto a 2021, este incremento es del 45,5%», sentencia USO.
Así, los demandantes de empleo «no parados» oficialmente al finalizar agosto de 2024 superaban los 1,7 millones, un 7% más que en 2023: «¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones -pluriempleo- mal remunerado, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo?», subraya el sindicato.
«¿Deberían explicarnos la diferencia entre lo que el SEPE denomina «parado registrado» y un «no ocupado»? Salvo que la diferencia sea «estadística», en unos computamos inactivos (fijos discontinuos) y en otra no», aclara. USO concluye denunciando que «se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos».
PIB
El ‘milagro’ del PIB: ha engordado el doble que en la Eurozona con las revisiones del INE
Las revisiones del Producto Interior Bruto (PIB) siguen generando debate entre los economistas. Entre otras cosas, porque la actualización del INE tiene consecuencias políticas directas. Por un lado, da más margen al Gobierno para encajar la rebaja de déficit que reclama Junts. Por otro, allana el camino para cumplir con las reglas fiscales de la Eurozona.
Las revisiones del PIB son comunes en todas las economías de la UE. Lo que sorprende a algunos analistas es que todos los ajustes en España hayan sido al alza y el aumento acumulado supere al de otros países vecinos. Según los datos del INE y de Eurostat, hasta 2023 la economía española ha experimentado un crecimiento ‘extra’ del 4,2%, partiendo del escenario de 2019. La media europea en el mismo periodo supera ligeramente el 2%.
El cálculo del 4,2% sale de la diferencia entre el PIB de 2023 vigente antes de la revisión y el nuevo dato actualizado, y toma como base el PIB existente inicialmente en 2019, el año previo a la pandemia. España contaba entonces con un PIB de 1,24 billones de euros. La última actualización ha aflorado 36.000 millones, el equivalente a la riqueza generada por una región del tamaño de Murcia.
Si se toma 2019 como referencia para las comparativas, las revisiones en España superan las realizadas en otras economías. Por ejemplo, el aumento del PIB en Italia asciende al 2,6%; y en Alemania, al 1,9%. En el caso de Portugal, el incremento desde al año anterior a la pandemia es mínimo (un 0,74%). El ejemplo de Francia es parecido (0,6%).
Las continuas revisiones al alza agitan, por un lado, el debate sobre cómo se efectúa la medición de la actividad económica. «Mi confianza en el INE es innegable, pero va a ser difícil evitar que se cuestione si la calidad estadística era pésima en el pasado o pésima ahora. No existe país de nuestro entorno que haya revisado de manera constante y tan relevante el pasado estadístico», reflexionaba esta semana el economista Daniel Lacalle.
El INE ha actuado con total transparencia desde que difundió las nuevas estadísticas. «La necesidad de que las cuentas nacionales proporcionen en todo momento una medición lo más precisa posible de la economía hace necesaria una actualización periódica de las fuentes estadísticas y métodos de estimación empleados para su compilación», señalaba en la nota difundida el pasado día 18. La institución recuerda que las estimaciones son los primeros resultados que se difunden tras la implantación de la Revisión Estadística 2024 completa de sus series (RE-2024). «Dado que la última se realizó en 2019», recuerda, «todos los Estados Miembros de la UE están realizando de forma coordinada este año la revisión extraordinaria reglamentada RE-2024 de sus cuentas nacionales«.
Ningún economista ha puesto en duda hasta ahora la fiabilidad de los datos del INE. Ahora bien, hay quien hace hincapié en algunos hechos. Por ejemplo, que el avance del PIB se minusvalorará en el pasado, propició en su día decisiones políticas de mucho calado. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, aporta un caso claro: «Habida cuenta lo que ahora sabemos acerca de la intensidad de la recuperación, un mayor esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas hubiera sido asumible«, señalaba en un artículo reciente en El País. El economista recuerda que el consumo público justifica prácticamente el 70% del avance del PIB entre 2019 y 2023.
El recurso al gasto de las Administraciones ha sido recurrente durante todo el mandato de Pedro Sánchez y la tendencia no cambiará hasta el fin de la legislatura. Desde 2018 hasta 2026 (el último año que abarca el cuadro ‘macro’ oficial), el consumo público es el componente del PIB que más habrá crecido (un 21,9%).
El INE -y el resto de organismos equivalentes de la UE- seguirán haciendo actualizaciones. El instituto español recuerda que los últimos datos de los años 2022 y 2023 son provisionales y se revisarán en septiembre de 2025.
De momento, los últimos cambios han servido al titular de Economía, Carlos Cuerpo, para sacar pecho. “Es «un mal día para los agoreros en materia económica», le espetó el ministro al diputado del PP Jaime de Olano en el Congreso, tras conocerse los datos. «Estamos creciendo más fuerte, de forma más equilibrada y más responsable, lo que confirma el éxito en materia de gestión de la política económica de este Gobierno», presumió Cuerpo.
El ministro de Economía tenía motivos para la satisfacción. Un PIB mayor del asumido tiene un impacto positivo directo en el déficit y la deuda, dos indicadores limitados por las reglas fiscales de la Eurozona (3% y 60%, respectivamente). Tras la revisión del INE, el déficit público se ha reducido ligeramente, del 3,6% al 3,5% del PIB. Más pronunciado ha sido el recorte de la deuda del Estado (1,57 billones al finalizar 2023), que ha pasado del 107,7% al 105% del PIB.
PRESUPUESTOS
Sánchez usa un resquicio legal para inflar en 26.000 millones los Presupuestos prorrogados
El Gobierno ha tenido que ‘cocinar’ una serie de actuaciones y figuras contables.
Hasta julio, últimos datos oficiales disponibles, el Gobierno había incrementado en casi un 7% el presupuesto prorrogado del año anterior, que se suponía inalterable salvo para situaciones excepcionales. Lo que supone que el gasto inicial de los ministerios ha crecido de momento en casi 26.000 millones (incluidos los organismos autónomos) en los siete primeros meses del año, sin que se haya computado aún, por ejemplo, la subida de los sueldos de los empleados públicos.
De esta forma, se ha pasado ya de un presupuesto inicial del Estado de 380.800 millones a 406.350 millones. Se trata de las modificaciones de gasto realizadas en el presupuesto en ejecución (prorrogado del año anterior por interés del Gobierno ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña). Es decir, son los cambios que se pueden realizar, según la Ley, para atender nuevas condiciones económicas o sociales no previstas en la programación presupuestaria.
No parece que se hayan producido ahora estas situaciones. La realidad es que estas modificaciones, que tardan en activarse, retrasan cualquier actuación económica (sobre todo en inversiones) y, en este caso, suponen un récord histórico de gasto, a excepción de 2020, año en que la situación de emergencia del covid situó la cifra en 61.000 millones. Hace un año, con presupuesto aprobado por el Parlamento, las modificaciones de crédito fueron de 13.700 millones (casi la mitad que en 2024), mientras que en 2022 se quedaron en 8.500 millones y, por ejemplo, en 2021 sólo alcanzaron los 11.800 millones frente a sólo los 1.100 millones en 2019 ya con Sánchez en La Moncloa tras prorrogar los presupuestos de Rajoy del año anterior.
En términos relativos, llama la atención que el presupuesto del ministerio de Trabajo, con apenas competencias y uno de los que menos proyección tiene en el crecimiento económico, se haya incrementado un 135% en este periodo. Es decir, Yolanda Díaz ha conseguido sumar 643 millones al presupuesto inicial de 477 millones hasta conseguir 1.120 millones como consecuencia de incorporaciones de remanentes de créditos y de transferencias de créditos positivas de otros departamentos. La mayor parte de estos nuevos recursos se destinará a transferencias corrientes (ayudas y subvenciones).
Por su parte, el ministerio de Economía ha visto aumentar su gasto un 106% (en casi 2.700 millones más); el de Juventud e Infancia ha crecido un 46% (74 millones más); y, por ejemplo, el de Derechos Sociales (con 1.452 millones añadidos) y el de Sanidad (433 millones más) han incrementado su gasto un 34%. Por debajo de este crecimiento se encuentran ministerios con un fuerte componente inversor y de posibles actuaciones para realizar el cambio de modelo económico que se supone que es el destino de los fondos europeos como Industria y Transformación Digital o Transportes.
En términos absolutos, de estos 25.500 millones de financiación extra del Estado (otros 444 millones corresponden a los organismos autónomos de los ministerios), el sistema de financiación autonómica y local se lleva 10.200 millones (40%); Industria pilla otros 2.800 millones (11%); Economía consigue 2.700 millones (algo más del 10%); para pagar los intereses de la ingente deuda pública van 2.300 millones (9%); a Defensa se destinan 1.909 millones (7%); y, por ejemplo, para Transformación Digital y Función Pública se habilitan 1.800 millones así como otros 1.500 millones para Derechos Sociales.
Que muchos de estos cambios podrían haberse realizado ‘a mano alzada’, es decir, sin una causa económica objetiva, se aprecia en el desglose del destino de este dinero en los capítulos presupuestarios. Así, las partidas de gasto corriente en bienes y servicios son las que más aumentan porcentualmente (27%) respecto al crédito inicial, sobre todo las compras de materiales y suministros para los ministerios; las modificaciones de los activos financieros (préstamos) se disparan un 21%; las de las inversiones reales crecen un 18%; las destinadas a transferencias corrientes suben un 9% (sobre todo a las autonomías); las de gastos financieros de la deuda alcanzan un alza del 7%; y las de gastos de personal se incrementan un 1% de momento. Por su parte, bajan un 42% las partidas relativas al fondo de contingencia y un exiguo -0,1% se anotan las modificaciones de las transferencias de capital.
Para atener estas modificaciones, el Gobierno ha tenido que ‘cocinar’ una serie de actuaciones y figuras contables. Así, casi la mitad de estos incrementos de recursos (48%) corresponde a ampliaciones de crédito (12.157 millones) y se destina a las autonomías, la deuda y a Defensa y Derechos Sociales. Otro 43% (10.865 millones) son incorporaciones de remanentes también de crédito, que se supone que estaban aún pendientes de realización del ejercicio anterior y que se los añaden Industria, Transformación Digital, Derechos Sociales y Vivienda; un 8% (más de 2.000 millones) son suplementos de crédito, destinados también a la financiación territorial; un 5% (unos 1.400 millones) son créditos generados por ingresos no previstos que se quedan en Hacienda, Transición Ecológica y también Defensa; y casi un 4% (más de 900 millones) son créditos extraordinarios ubicados sobre todo en Transportes.
Mientras, para intentar una cierta compensación, se han dado de baja por anulación o rectificación 1.852 millones que figuraban en el denominado fondo de contingencia (una bolsa presupuestaria destinada a situaciones de emergencias de gasto).
Todo esto evidencia que la prórroga presupuestaria, sobre todo si no obedece a razones económicas o institucionales de peso, puede ocasionar muchas dudas sobre la eficiencia del gasto público con el consiguiente deterioro en la actividad y el empleo.
