La digitalización ha disparado los trámites en lugar de agilizarlos
Lo cierto es que la era tecnológica en la que vivimos ha hecho que a día de hoy podamos realizar un montón de trámites a través de Internet sin que tener que moverse de casa y, en principio, hace que los servicios de la Administración sean más ágiles y eficaces pero el colapso actual, desde la pandemia, de la Seguridad Social no afecta solo a la tramitación presencial de prestaciones y la falta de medios personales y técnicos ha llevado a derivar muchas tareas burocráticas al propio ciudadano y además a más de 25.000 colaboradores externos, en su mayoría graduados sociales, que afrontan una carga de trabajo sin precedentes.
Es evidente que lo escrito no tiene por qué cumplirse en sus términos exactos, aunque se trate de una norma. Eso parece está sucediendo con la Administración de la Seguridad Social. La Constitución en diferentes artículos reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y en la vida política, económica, cultural y social, y añade que habrá de regularse las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social. Por cierto, también impone el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, lo que significa que el ciudadano no puede elegir otro modo de protección social diferente, no puede decidir la sustitución de la protección procedente de ella por la de un aseguramiento en una entidad privada. Y, pese a todo, se constata en los medios de comunicación y en las redes sociales el descontento ciudadano con la atención deparada por la Administración de la Seguridad Social.
En general, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de comunicación con las administraciones. Hemos de pensar que nuestros ancestros también sufrieron cambios vertiginosos en su forma de relacionarse entre sí y con las instituciones existentes en cada momento, pero no hay justificación ni política, ni ética (ahora que la política y la ética no van de la mano) para que el cambio repercuta negativamente en el ciudadano que es, por otra parte, el sostenedor del Estado.
En el portal informático de la Seguridad Social se encuentra, además de la sede electrónica, el servicio de atención telefónica, con diferentes líneas, pero es harto difícil conseguir una conexión; y también se encuentra la cita previa para prestaciones y otras gestiones, cuyo uso con éxito exige de una habilidad informática que, aunque mínima, no está al alcance de todos los ciudadanos. Lo que no se encuentra es la libertad para acercarse a una de las oficinas y, de forma presencial, efectuar una consulta o un trámite.
Entonces, ¿cómo ha de interpretarse la Constitución cuando precisa que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales?, ¿cómo ha de interpretarse la norma que regula la Seguridad Social cuando ordena que se facilitará a los interesados el ejercicio de sus derechos a través de la sede electrónica y, lo que es fundamental, a través de otros medios?. El ciudadano no aguanta más ante ese irresponsable kaos y además se arriesga a que el incumplimiento de alguna de sus obligaciones por falta de la atención que necesita le comporte perjuicios graves.
Los empleadores tienen además la obligación de facilitar a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos que estas les soliciten, y desde hace una década pueden hacerlo por vía telemática mediante el sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). Pero no solo se autoriza a utilizarlo a las empresas, sino también a colaboradores externos que gestionan esta información en su nombre, algo muy habitual en un país como España con un alto peso de pequeñas empresas que externalizan estos trámites en gestores externos principalmente graduados sociales, que en realidad. trabajan más para la Seguridad Social que para sus propios clientes.
El Sistema RED es un servicio electrónico ofertado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) hacia empresas y profesionales autónomos, el cual permite el contacto directo y el intercambio de información y documentos entre ambos a través de internet. Posibilita el acceso a datos de empresa y trabajadores, así como la remisión de documentos de cotización y afiliación y partes médicos, sin necesidad de desplazarse y sin las limitaciones de horario de las oficinas, dotándolo de máxima flexibilidad.
Están obligados a incorporarse al Sistema RED las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimento de la obligación de cotizar encuadrados en cualquiera de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, con independencia del número de trabajadores que mantenga en alta. En el caso de los trabajadores autónomos, pueden optar por acogerse a dicho Sistema y gestionar sus trámites a través de un autorizado Red. Las actuaciones administrativas para el intercambio de datos o documentos a través del sistema RED podrá llevarse a cabo por los sujetos responsables del cumplimento de las obligaciones (empresas) en nombre propio o bien por medio de representante.
El sistema integra los trámites relacionados con los ámbitos de:
- Cotización (presentación de liquidaciones, ingreso de las cuotas mediante domiciliación en cuenta o pago electrónico, cambio de domiciliación bancaria…)
- Afiliación (altas, bajas, variaciones de datos de trabajadores, consultas y petición de informes relativas a trabajadores y empresas…)
- Tramitación de partes de altas y bajas por incapacidad temporal
- Remisión de certificados por nacimiento y cuidado de hijos
- Gestión de autorizaciones
El problema estalla con la pandemia, cuando las obligaciones que implica esta gestión telemática se disparan, por dos tipos de causas: las derivadas de la situación de colapso administrativo que provocó la pandemia y la oleada de nuevas normas laborales y de cotización. Así la creciente automatización de los trámites por parte de la Seguridad Social que es principio es ventajosa para todos (Administración, ciudadanos y empleadores) es una la prueba de que nuestro país no ha usado la digitalización para reducir la burocracia, sino para dispararla aún más.
A esta situación se suma la táctica seguida por Trabajo y Seguridad Social de enviar miles de cartas automatizadas a las empresas, en campañas de inspección en su mayoría pymes, que no solo afecta a las que, efectivamente, tienen que rectificar una situación irregular, sino también a muchas otras que deben demostrar su ‘inocencia’ enviando también sus datos, a través de sus gestorías.
