El PP rechaza «chantajes» de Marruecos y pide la devolución de todos los llegados a Ceuta
El líder del Partido Popular ha pedido la devolución a Marruecos de «todos» los migrantes que han llegado de forma irregular a Ceuta, mayores y menores de edad.
Tanto Feijóo y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se han mostrado convencidos de la legalidad de devolver también a los menores a Marruecos si sus familias o el propio país se hace cargo de ellos, algo que han recordado que Rabat dijo que haría y ha insistido en devolver a los menores a sus familias y si no, «al Estado del que dependen para que les tutele».
El Gobierno juega a dos bandas con los menores y promete devolverlos a Marruecos mientras planea repartirlos por España
El Gobierno reta a Bruselas con el envío de menores inmigrantes a la península. Bruselas mira a España por la crisis migratoria. Los socios europeos han acogido con preocupación el anuncio del Gobierno, que enviará 500 menores no acompañados desde Ceuta a la península. Contradice de esa manera las directrices del Ejecutivo comunitario, pero también su propio compromiso. El portavoz de Asuntos Internos en la Comisión Europea avaló el pasado martes la devolución de «todos» los inmigrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma Sin embargo el Gobierno sostiene que activa el traslado por el interés de los menores, ya que la directiva comunitaria exige unas condiciones de acogida en el país de origen que no se cumplen en estos momento y el Ministerio de Juventud e Infancia anunció que prepara el traslado urgente a la península de 500 niñas inmigrantes que continúan en Ceuta y lo hace apenas un día después de que la Comisión Europea avalara el retorno de «todos» los inmigrantes que llegaron a Ceuta, incluyendo los menores no acompañados y aseguró que el Derecho de la UE contempla su devolución y que la prioridad es que las autoridades marroquíes «mantengan el control de la situación y garanticen el rápido retorno de todas las personas que permanecen irregularmente». El portavoz de Asuntos Internos insistió en que existe un artículo específico en la directiva al respecto.
La directiva especifica que antes de que un stado miembro expulse de su territorio a un menor no acompañado «se cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o de que existen unos servicios de acogida adecuados en el país». Esto supone una estrecha colaboración de Marruecos, que debe ayudar a localizar a familiares y ofertar centros adecuados. Según la CE España debe aprovechar la colaboración que ofrece Rabat para hacer retornar a «todos» los inmigrantes. La decisión del Gobierno al trasladar 500 niñas a la península contraviene las instrucciones de la Comisión Europea.
SÁNCHEZ, A LA DESESPERADA, ATACA A LA CORONA Y SE AFERRA AL ‘MODELO PLURINACIONAL’ PARA MOVILIZAR A LA IZQUIERDA
El presidente necesita precisamente eso: que su electorado vuelva a percibir las elecciones como una batalla entre dos proyectos de país y no como una evaluación de los resultados de su Gobierno
Pedro Sánchez vuelve a mirar al mismo lugar cuando el viento empieza a soplar en contra: la polarización. Y para hacerlo vuelve a recurrir a una vieja fórmula del sanchismo: convertir el debate sobre qué Gobierno en una discusión sobre qué España. La Corona y el denominado modelo plurinacional empiezan a ocupar ese espacio.
Sánchez no necesita proclamar una ofensiva contra la Monarquía ni presentar un proyecto cerrado para reformar el modelo territorial. El método es otro: dejar que sean sus ministros y dirigentes quienes abran el debate.
Puente ha hablado de una «línea roja», ha acusado al Rey de haberse «equivocado gravemente. El ministro ha reivindicado su «alma republicana». Y, aunque después ha reconocido que la Monarquía «ha sido útil y ha servido para unir al país», el mensaje ya está lanzado.
Sánchez sabe que estas batallas tienen una capacidad de movilización que otros asuntos no tienen. La gestión desgasta; la identidad moviliza. Y el presidente necesita precisamente eso: que su electorado vuelva a percibir las elecciones como una batalla entre dos proyectos de país y no como una evaluación de los resultados de su Gobierno.
La política de bloques ha sido una de las principales herramientas de supervivencia de Sánchez. El presidente ha construido buena parte de su relato alrededor de una frontera nítida entre una izquierda que se presenta como defensora de determinados avances sociales y una derecha a la que identifica con el retroceso. Ahora esa frontera puede desplazarse hacia la propia definición del Estado.
La Monarquía, la Constitución y el modelo territorial ofrecen a Sánchez un terreno extraordinariamente útil para recomponer una izquierda que presenta problemas de cohesión. PSOE, Sumar y sus diferentes aliados territoriales no siempre comparten programa ni intereses, pero sí pueden coincidir en una misma idea: la necesidad de frenar a una derecha presentada como amenaza para un determinado modelo de España. El modelo plurinacional encaja en esa estrategia. Es una herramienta para mantener vivo el bloque que sostiene al presidente. La cuestión de la Corona resulta especialmente útil. a institución forma parte del núcleo del sistema constitucional y, precisamente por ello, cualquier cuestionamiento adquiere una dimensión mucho mayor que una disputa partidista convencional. Si la Monarquía entra en el debate electoral, también lo hace indirectamente el modelo constitucional. Y si el modelo territorial entra en paralelo en la discusión, la campaña puede acabar planteándose en términos de una transformación profunda del Estado.
El presidente lleva tiempo demostrando que prefiere enfrentarse a la derecha en terrenos donde puede movilizar a su electorado antes que someterse a una comparación estricta sobre gestión. La estrategia vuelve a aparecer ahora, cuando el Gobierno acumula desgaste y cuando la mayoría parlamentaria depende de equilibrios cada vez más frágiles.
El Rey vuelve al centro del debate político justo cuando Sánchez necesita recuperar la iniciativa. Esa confrontación puede ser precisamente lo que busca Sánchez. El presidente sabe que una campaña tranquila, centrada en la economía, los servicios públicos o el balance de la legislatura, le obliga a responder por su gestión. Una campaña polarizada sobre la Monarquía, la Constitución, el territorio y la amenaza de la derecha le permite jugar en un terreno distinto. Ese terreno en el que el sanchismo ha demostrado mayor capacidad de supervivencia.
El presidente vuelve así a la casilla que mejor conoce: polarizar para sobrevivir. Si consigue que las próximas elecciones no sean un examen sobre Sánchez, sino una elección entre dos modelos de España, habrá logrado cambiar las reglas de la campaña antes incluso de que empiece. Y esa puede ser, precisamente, la estrategia.
EL GOBIERNO TRABAJA EN EL TRASLADO URGENTE DE 500 NIÑAS MIGRANTES DE CEUTA A LA PENÍNSULA
La ciudad autónoma acepta el plan del Ejecutivo como “medida extraordinaria” y reclama el retorno de todos los extranjeros que accedieron de forma irregular
El Gobierno trabaja en el traslado de al menos 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península. Concretamente, el Ministerio de Juventud e Infancia está buscando la fórmula p
ara la acogida de cientos de menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado entre administraciones, según ha adelantado este miércoles la Cadena SER. Fuentes del departamento que dirige Sira Rego sostienen que “este plan incluye el cumplimiento del real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunid
ades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permiten agilizar la acogida”.
Entre estas otras fórmulas, indican dichas fuentes, se contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia acojan y cuiden de los perfiles más vulnerables sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas. En este momento, añaden desde el Ministerio, se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, cifrado en 500 aproximadamente, aunque el número puede variar durante el proceso.
Aunque para Ceuta la salida a la crisis migratoria pasa por “el retorno a Marruecos de todas las personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma a finales de julio, incluidos los menores extranjeros no acompañados”, el Ejecutivo que dirige Juan Jesús Vivas está dispuesto a hacer una excepción con esas 500 niñas migrantes. Fuentes del Gobierno de Ceuta admiten la necesidad de “adoptar medidas extraordinarias”, en referencia al plan de Juventud e Infancia que busca distintas alternativas para la acogida de las menores. “La solución no puede pasar únicamente por ampliar indefinidamente la capacidad de acogida, sino por avanzar en el retorno y, mientras este se materializa, adoptar medidas extraordinarias”, señalan. Este miércoles, tras reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Vivas ha manifestado ante los medios de comunicación que no ha recibido “ninguna petición” del Ejecutivo central para el traslado de estas 500 menores.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado el plan con el que trabaja el Ministerio de Infancia y Juventud para este traslado y ha defendido que “el interés superior del menor es estar con su familia”. En una entrevista en Antena 3, Bravo ha incidido en que el mejor lugar en el que pueden estar los menores es “en su entorno” y ha recordado el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. También ha querido recordar las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.
Por ello, Bravo ha cuestionado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté velando por el interés superior de los menores, como ha aseverado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya que “hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan”. “Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, se ha cuestionado el vicesecretario del PP.
En paralelo, Unicef ha advertido de la situación de “inseguridad e insalubridad” en la que se encuentran cientos de menores en Ceuta desde la entrada masiva. La directora de Influencia, Programas y Alianzas del organismo, Lara Contreras, ha considerado “urgente” que los niños y niñas que están solos sean identificados de manera adecuada. Y ha denunciado que “cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención SANITARIA”.
BRUSELAS AVALA EL RETORNO A MARRUECOS DE LOS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS QUE PERMANEZCAN EN CEUTA
La Comisión Europea asegura que el derecho de la UE contempla la devolución de todos los inmigrantes en situación irregular
La Comisión Europea es enfática sobre la necesidad de que todos los migrantes que ingresaron de forma ilegal en Ceuta sean retornados a Marruecos de forma “rápida”, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución. “Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”, ha dicho el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert. El Ejecutivo europeo, que insiste en que está listo para ayudar a España si así lo requiere, ha celebrado especialmente las declaraciones del Gobierno de España asegurando que “nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica”.
El portavoz ha insistido a lo largo de una rueda de prensa desde Bruselas en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que “todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados” y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan “de manera efectiva”. “Seguimos la situación muy de cerca”, ha recalcado.
El lunes, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, volvió a hablar con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la situación en la ciudad autónoma. “España está realizando un trabajo importante y necesario para proteger nuestras fronteras exteriores compartidas”, valoró posteriormente el austriaco en un mensaje en redes sociales.
El retorno de menores, “cubierto” por la UE
Bruselas defiende que tanto la directiva de retornos original, como el reglamento aprobado el pasado junio para actualizar —y endurecer— estas normas, contiene “disposiciones relativas a la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados”, pese a la protección especial que les atribuye a estos últimos el derecho comunitario. “Eso también está cubierto por el derecho de la UE”, ha aseverado el portavoz. Entre las condiciones para realizar este tipo de devoluciones, fijadas en el artículo 10 de la directiva, está la necesidad de que, “antes de expulsar a un menor no acompañado del territorio de un Estado miembro, las autoridades de dicho Estado miembro deberán asegurarse de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a centros de acogida adecuados en el Estado de retorno”.
“Tomamos nota de las declaraciones de las autoridades marroquíes de que están dispuestas a recibir a todos los que llegaron ilegalmente a Ceuta, incluidos los menores no acompañados”, ha agregado al respecto el portavoz comunitario. También ha “saludado” la decisión española de aumentar la capacidad de acogida para hacer frente a la situación humanitaria de los migrantes en situación irregular, con la habilitación de cuatro espacios en Ceuta para albergar a hasta 1.500 personas, según anunció la víspera la ministra de Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, desde la ciudad autónoma.
Sin datos oficiales
La Comisión Europea, que la semana pasada envió una misión “técnica” sobre el terreno para “evaluar las necesidades y analizar las ofertas actuales de ayuda de la UE, así como otras posibilidades para hacerlo”, ha reconocido desconocer el número exacto de migrantes que permanecen en Ceuta de forma irregular tras la entrada masiva de finales de julio, una cifra que, aunque “no está clara”, considera que puede ser de “varios miles de personas”. “Nos basamos en las diferentes estimaciones que nos llegan desde el terreno. Es decir, del Gobierno central, de las administraciones locales y de otros actores sobre el terreno, pero está claro que todavía hay varios miles de personas en Ceuta en situación irregular, incluidos menores no acompañados. La cifra exacta no está clara”, ha indicado el portavoz comunitario, que ha recordado que “no es el papel” de Bruselas encargarse de este tipo de estimaciones.
La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y este mismo martes, según informó el Ministerio de Interior, recoge Efe.
Después de que Saiz adelantara también este martes en la Cadena Ser que ya se ha pedido a la UE la activación de la ayuda de urgencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar la acogida y asistencia de los migrantes que aún permanecen en Ceuta, el portavoz comunitario ha precisado que Bruselas no ha recibido aún una petición formal al respecto, pero que en cuanto esta llegue se actuará “rápido” para poder facilitar el dinero cuanto antes.
De igual manera, ha reiterado la oferta ya lanzada el lunes por el comisario Brunner de desplegar “en la mayor medida posible” los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y de la Agencia de Asilo de la UE. “Nuestra oferta sigue en pie para ayudar más. Por supuesto, le corresponde a España solicitarlo, si fuera necesario”, ha indicado.
UN ANALISIS JURÍDICO PROFESIONAL: EN CEUTA: NO, PERO SÍ
A cuenta de la crisis que hay en Ceuta por la entrada masiva de marroquíes el pasado día 30 de julio a través, fundamentalmente, del agua, han sido muchas las reacciones de nuestros responsables políticos e institucionales y, tal vez, muchas más las omisiones. Entre las primeras, cabeo destacar la siguiente de la embajada española en Marruecos, publicada en la red social X:
«Información verificada: entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en España ni a acceder al resto de Europa. Toda información en sentido contrario es FALSA».
En sentido estricto, se trata de una afirmación cierta. Además, atendiendo al contexto, se entiende la pretensión de desincentivar entre la población marroquí otras entradas masivas que pudieran estar cabalgando sobre el bulo de que, una vez en España, ya se pueden quedar aquí.
Porque es un bulo… ¿verdad?
A ver, esa afirmación de la embajada, tal cual, es muy matizable si atendemos a nuestras leyes y a la realidad de las cosas.
Empecemos por los menores no acompañados. Una vez están en Ceuta y Melilla, si resulta que las ciudades autónomas no pueden atenderlos dignamente debido a la saturación y disponibilidad de medios, el propio Gobierno aprobó el año pasado unas normas para trasladarlos a otras comunidades autónomas a fin de garantizar su cuidado, que es lo que se está activando precisamente estos días mientras se tramita o no su devolución (Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, Real Decreto 658/2025, de 22 de julio y Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, recurrido el primero ante el Tribunal Constitucional y los segundos ante varios TS, pero vigentes). Menores que, por tanto, en breve estarán deambulando por la península. Y si, como ocurre la mayoría de las veces, Marruecos no colabora para la repatriación de los mismos ( pesar de la cooperación que debe prestar por Acuerdo de 6 de marzo de 2007, esa devolución devendrá imposible y la Administración española otorgará a los menores una autorización de residencia (Art. 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Extranjería). Ahora parece que contamos con la colaboración de Rabat, pero, pese a lo que dice del post de la embajada, sí es posible que entren irregularmente y se queden legalmente.
Y respecto de los adultos, hay que aclarar. Para empezar, el art. 57 de la Ley de Extranjería, en contra del derecho comunitario (Directiva 2008/115/CE), no prevé en caso de entrada o estancia irregular de un extranjero su inmediata expulsión, pues esta, tras vacilante jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 31 enero 2008, STS 17 marzo 2021, 27 mayo 2021, 16 marzo 2022, 18 septiembre 2023 y 11 noviembre 2025) al son de las SSTJUE 22 octubre 2009, 23 abril 2015, 9 octubre 2020 y 3 marzo 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se reserva solo para los casos más graves (indocumentación, antecedentes policiales, previa prohibición de entrada, etc.). La sanción preferente en caso de entrada o estancia irregular es la imposición de una multa, acompañada de una orden de salida… voluntaria.
Pero es que, además, aunque estemos ante uno de esos supuestos agravados y se inicie un procedimiento con el fin de expulsar al extranjero irregular, resulta que dicho procedimiento se suspende inmediatamente si el interesado solicita asilo (Arts. 18.1.d) y 19.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, y art. 58.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Extranjería). Y, además, si se admite a trámite su solicitud, lo que ocurre casi siempre (De las 144.396 solicitudes de asilo presentadas en el año 2025, solo se inadmitieron a trámite 104 de ellas: Asilo y Refugio), como no puede ser expulsado, adquiere el derecho provisional a quedarse en España mientras se resuelve definitivamente su solicitud, decisión puede alargarse dos o tres años, recursos judiciales incluidos, y adquiere el derecho a trabajar a partir de los seis meses de admitirse a trámite su solicitud (DA 14 RDL 155/2024, de 19 de noviembre. Sobre el fraude en los asilos (personas que, por esta razón, piden acogerse a esta protección internacional sin tener derecho a ella) ya me explayé en este artículo, así que no voy a incidir, pero quede claro que muchas veces es una gatera por la que se cuela la inmigración irregular. Advertir, eso sí, que el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (PEMA), de junio de este año, compuesto por dos reglamentos comunitarios que, por ello, son directamente aplicables, facilita la inadmisión directa de los asilos si el solicitante podía haber pedido y recibido protección efectiva en un tercer país considerado seguro. Según Europa, Marruecos estaría dentro de esa lista.
Independientemente de esto, y con carácter general, un extranjero puede transformar su estancia irregular en España en perfectamente regular a través de una figura casi exclusiva de nuestro país (en su carácter de permanente y previsible): el arraigo. Se trata de un permiso de residencia que se obtiene, precisamente, acumulando dos años de estancia irregular, junto con el cumplimiento de otros requisitos dependiendo del tipo de arraigo de que se trate (hay cinco clases distintas). Literalmente, la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando aprobó el actual Reglamento de Extranjería, publicitó en su página web que «España es el único país de la UE que tiene una figura específica para que una persona en situación irregular pase a situación regular: el arraigo».
Así que, si eres un extranjero que ha entrado irregularmente y consigues quedarte el tiempo suficiente, podrás legalizar tu situación gracias a la figura del arraigo. Con el actual Reglamento de Extranjería (art. 126.1.b), el tiempo esperando a si se concede o no el asilo ya no cuenta para obtener el arraigo, aunque la legalidad de esta disposición está recurrida al Tribunal Supremo.
Y ello sin contar con los procesos extraordinarios de regulación a los que España está abonada cada cierto número de años por la falta de una política migratoria seria y que, efectivamente, suponen hacer regular a quien se encuentra aquí incumpliendo la ley de extranjería. Hablamos de hasta siete procesos extraordinarios de regularización en los años 1985, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005 y 2025.
Recapitulando, sí es cierto que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en España, pero también es cierto que es la primera piedra para construir ese derecho a permanecer en España.
Aclarado el post de la embajada de España en Marruecos, y bajando al caso específico de Ceuta, la pregunta que entonces nos hacemos es la siguiente: esas personas que entraron masivamente el 30 de julio, ¿se quedarán en España o, como dice el ministro de Interior, serán devueltas todas a Marruecos?. Dejando de lado lo ya señalado respecto de los menores no acompañados, aquí el procedimiento utilizado para procurar el retorno de estas personas no es técnicamente el de expulsión, sino uno llamado procedimiento de devolución, previsto para los que los que «pretendan entrar ilegalmente en el país» (Art. 58.3 de la Extranjería). Y ello porque, debido al carácter fronterizo de las ciudades de Ceuta y Melilla, dice reiterada jurisprudencia que da igual en qué punto de la ciudad se encuentre el extranjero, pues, durante los primeros noventa días, se entiende que está tratando de entrar ilegalmente en España (Por todas, la STSJ Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Málaga) nº 1702/2014, de 15 de septiembre).
Este procedimiento, al no tener carácter sancionador (STC 17/2013, de 31 de enero ), está previsto que se desarrolle de forma ágil y rápida; unos días, como mucho un par de semanas. Pero claro, en una situación en la que son miles de procedimientos los que hay que tramitar, esto es imposible. O el Gobierno incrementa decididamente los medios materiales y personales de la Policía Nacional y de la Oficina de Extranjería de Ceuta, o la tramitación de estas devoluciones se prolongará muchos, muchos meses.
Y aunque el Gobierno esté reaccionando poniendo dichos medios, siempre cabe el riesgo de que estas personas, entre tanto, soliciten el asilo, con la consiguiente paralización legal de su procedimiento de devolución. Esta es la explicación a que el presidente de Ceuta, el otro día, pidiese suspender los asilos. Algo legamente inviable, claro. Lo único que podría hacerse por parte del Gobierno, y parece ser la intención, es incrementar el personal y medios de la Oficina de Asilo y demás unidades interpuestas, con las consiguientes instrucciones de prioridad, a fin de que se inadmitan a tiempo las solicitudes infundadas (que serán la mayoría) y así conseguir que la suspensión automática de la devolución no pase de treinta días y evitar ese permiso provisional de estancia que decíamos líneas arriba. Eso sí, con el referido PEMA hay más posibilidades de inadmisión o resolución acelerada de dichas solicitudes de asilo.
Pero es que, aunque finalmente todo ello acabe en el dictado de una resolución de devolución, luego hay que materializarla, ejecutarla. Si estamos ante ciudadanos marroquíes, parece que no habrá problema porque Marruecos ha dicho que los va a recepcionar, esperemos que sea así; de hecho, en algunos medios se puede leer que ya se han producido algunas de estas devoluciones (pero recordemos que las resoluciones de devolución pueden recurrirse a los tribunales de lo contencioso-administrativo, sin que, salvo que se acuerde su suspensión como medida cautelar, ese recurso impida ejecutar la decisión de devolución, arts. 38 y 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Ahora bien, entre tanto marroquí también hay personas procedentes de otros países, como subsaharianos, y respecto de estos la ejecución de la devolución es muy complicada. Porque devolverlos no es regresarlos a Marruecos, sino a su país de origen, y para ello, haya o no acuerdo formal de repatriación, se requiere, además de identificar correctamente la nacionalidad de la persona, que el país de origen acepte reconocerla como nacional y que coopere en la recepción. La mayoría de las veces eso no ocurre, así que es posible que estas personas se acaben quedando en España En 2024 solo se ejecutó el 17 % de las expulsiones/devoluciones acordadas. En 2025, los datos apuntan a un 10-11 %, en ambos casos muy por debajo de la media europea, sobre el 30 %
Bueno, hay una opción de que no sea así. Desde el 21 de octubre de 2012 está en vigor un acuerdo firmado en 1992 con Marruecos por el que éste se compromete a readmitir, a petición formal de las autoridades fronterizas españolas, a nacionales de terceros países que hayan entrado ilegalmente en España procedentes de Marruecos. El problema es que Marruecos siempre ha sido muy reticente a su aplicación, alegando sobre todo la falta de pruebas de que la entrada se ha producido desde Marruecos y convirtiendo el convenio en papel mojado durante largos periodos.
En esta crisis ceutí, las declaraciones oficiales y la cooperación anunciada parecen apuntar a que se está trabajando en la línea de este acuerdo para los que vienen de terceros países, pero los precedentes históricos obligan a ser prudentes. Además, la solicitud debe presentarse en un plazo de diez días desde la entrada ilegal y desconocemos si así han hecho las autoridades españolas o si Marruecos está dispuesta a obviar este formalismo al que otras veces se ha agarrado.
En definitiva, la compleja realidad de la inmigración, una vez la decantada por nuestro ordenamiento jurídico, no es tan simple como muchas veces, de forma interesada, la quieren vender nuestros responsables políticos.
COMENTARIO
La experiencia reciente en Ceuta ha puesto de manifiesto que, aunque la legislación española y europea proclama que la entrada irregular no otorga derecho a permanecer, la realidad es que el sistema legal y administrativo español abre múltiples vías para que quienes logran cruzar la frontera terminen, en muchos casos, permaneciendo en el país. Esta contradicción entre el discurso oficial y la práctica administrativa es reconocida tanto por Portillo como por otros autores, quienes coinciden en señalar que la complejidad jurídica y la falta de cooperación efectiva con Marruecos dificultan enormemente las expulsiones inmediatas o “en caliente”, y que los procedimientos ordinarios rara vez culminan en una repatriación efectiva.
Fernando Portillo Rodrigo, desde su experiencia en Melilla, describe cómo la mayoría de los inmigrantes que entran irregularmente acaban siendo trasladados a la península o incluso al resto de Europa, pese a los procedimientos administrativos de expulsión. Señala que estos procedimientos son esencialmente administrativos y no judiciales, lo que permite a los inmigrantes circular libremente dentro de Melilla mientras se tramita su expediente. Sin embargo, el cuello de botella real reside en la imposibilidad práctica de ejecutar devoluciones rápidas: Marruecos casi nunca acepta el retorno de inmigrantes, lo que obliga a España a seguir los trámites ordinarios previstos en la Ley de Extranjería. Además, Portillo subraya que las “devoluciones en caliente”, aunque ampliamente practicadas y ahora dotadas de cobertura legal tras la reforma de 2015 (Disposición Adicional Décima), dependen siempre de la aceptación marroquí y del cumplimiento de requisitos legales mínimos, incluido el respeto al derecho a solicitar asilo.
Los editores del editorial “Ceuta y el Estado de Derecho” insisten en que la Disposición Adicional Décima fue introducida precisamente para dar cobertura legal a una práctica ya existente: el rechazo inmediato en frontera. La constitucionalidad de este sistema ha sido confirmada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto N.D. y N.T., 2020), siempre que se respeten los derechos humanos básicos. Sin embargo, advierten sobre las limitaciones prácticas del sistema: cuando la entrada se produce por vías no cubiertas explícitamente por esta disposición (por ejemplo, vía marítima), surgen dudas jurídicas sobre su aplicabilidad y eficacia. La reciente crisis demostró que Ceuta carece de capacidad para gestionar flujos masivos y que, una vez superada la frontera, solo queda recurrir a los procedimientos ordinarios de expulsión o devolución, cuya efectividad es muy baja.
Fernando Rosado Domínguez aporta datos sobre la escasa proporción de devoluciones efectivas frente al volumen total de entradas irregulares: desde 2017 apenas entre 200 y 500 devoluciones anuales (salvo picos excepcionales), lo que representa menos del 1% del total. Además, destaca cómo las sentencias recientes han delimitado aún más el alcance del rechazo en frontera: un juzgado contencioso-administrativo anuló rechazos realizados por mar al considerar que el régimen especial solo es aplicable a la frontera terrestre, anticipando futuras batallas interpretativas sobre los límites legales del sistema.
Rodrigo Tena Arregui introduce una nota crítica sobre el fundamento mismo del régimen especial para Ceuta y Melilla. Considera “surrealista” justificar excepciones a las garantías legales internacionales simplemente por tratarse de fronteras sometidas a presión migratoria. Recuerda además la jurisprudencia europea previa a N.D. y N.T., donde se condenaba a Italia y Grecia por prácticas similares, subrayando los riesgos para los derechos humanos cuando se priva a los inmigrantes del derecho efectivo a recurrir.
En cuanto al destino final de los inmigrantes irregulares, Portillo Rodrigo señala que muchos acaban siendo trasladados fuera de Ceuta o Melilla sin seguir procedimientos formales completos debido a la saturación administrativa y falta de recursos. Esto coincide con lo apuntado por los editores: ante crisis masivas, ni las ciudades autónomas ni el Estado disponen de medios suficientes para gestionar adecuadamente la situación sin recurrir a medidas extraordinarias o improvisadas.
patrón general que emerge es el reconocimiento unánime de una brecha entre el marco legal —que proclama control estricto y rechazo inmediato— y una realidad administrativa marcada por la ineficacia práctica, las limitaciones materiales y las dificultades diplomáticas con Marruecos. La legislación española ofrece mecanismos excepcionales para rechazar entradas irregulares pero su aplicación está plagada de obstáculos técnicos y jurídicos; mientras tanto, los procedimientos ordinarios rara vez culminan en expulsiones efectivas. El resultado es un sistema donde la entrada irregular suele ser solo el primer paso hacia una permanencia prolongada o incluso regularizada, desmintiendo así cualquier pretensión simplista sobre el control absoluto de las fronteras.
Fuente: Crisis en Ceuta: no, pero sí, por Fernando Portillo
