La cotización media es, actualmente casi 2.000 euros mayor en País Vasco que en Extremadura
En los últimos cinco años, la diferencia regional entre la pensión media más elevada –percibida por los jubilados vascos– y la más baja –por los extremeños– ha crecido en 100 euros al mes o 1.330 euros al año, un 20%. A cierre de 2024 la prestación de jubilación media se situó en los 1.512 euros al mes. La nómina fue mayor para los vascos (1.841 euros al mes) que para el resto de españoles y menor para los extremeños (1.279 euros, 562 euros menos al mes). Una diferencia que sitúa la brecha actual en un 44% y que se repite año a año desde que existe registro, pero que se ha ido ensanchando a lo largo del tiempo.
La foto de las diferencias territoriales es el resultado de las condiciones laborales en las que trabajaron los actuales pensionistas. Así lo explica el informe, Las pensiones de Seguridad Social en las Comunidades Autónomas, elaborado por el Instituto BBVA, que apunta que la región con mayor remuneración neta es –precisamente– el País Vasco y la comunidad con unos ingresos medios más bajos es Extremadura. La distancia media según el documento es de 11.700 euros al año (un 26,6% más). Estas divergencias territoriales, unidas a la edad de retiro y los años de cotización, determinan la nómina recibida por los pensionistas.
Además de la diferencia entre las pensiones medias, existen otras estadísticas que muestran el alcance de las brechas territoriales. Un ejemplo de ello es la distribución del número de pensiones en vigor por tramos de cuantía. De media, en diciembre de 2025, un 58% de los pensionistas cobraban en España menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta proporción, no obstante, crecía hasta el 73% en el caso de los pensionistas extremeños; al 68% en el caso de los gallegos ; al 67% de los jubilados andaluces; al 66% de los murcianos y de los canarios (todo CCAA con nóminas por debajo de la media). Esta concentración de nóminas por debajo del SMI es menor en otros territorios como País Vasco (donde solo el 40% cuentan con ingresos menores), Navarra (un 44%), Madrid, Asturias (ambas con un 47%) y Aragón (un 53%), regiones con prestaciones que superan el promedio nacional.
Otra estadística que indica la diferencia entre la precariedad de las pensiones es el complemento a mínimos, un extra que aumenta la prestación contributiva cuando esta es menor al límite legal establecido (situado en 2025 en 9.193 euros al año para unidades familiares unipersonales y en 10.723 para hogares con cónyuges a cargo). En este sentido, mientras en Extremadura un 33% de las pensiones de jubilación requieren del complemento a mínimos, el porcentaje se sitúa en el 9,5% para el País Vasco. De media, un 18% de los jubilados necesitan este extra para complementar sus prestaciones de jubilación. En otras regiones como Galicia y Castilla-La Mancha más del 25% requiere esta prestación.
«No es de extrañar que las pensiones del sistema español, al ser contributivas, presenten una dispersión territorial», resume el informe elaborado por el Instituto BBVA. Es decir, a menor cotización, menor pensión reciben los jubilados. Y según el estudio del banco bilbaíno la cotización media es mayor en País Vasco (con 7.255 euros por trabajador al año) que en Extremadura (con 5.319 euros).
Por otro lado, el número de personas que dependen de una pensión para vivir también varía según el territorio. Teniendo en cuenta el número de jubilados por provincia y la población total de estas, existen algunos lugares en los que la concentración de pensionistas es mayor. Por ejemplo, en las provincias de Ourense, Lugo, León y en Asturias más de un 30% de su población cobra una pensión contributiva. La media nacional se sitúa a cierre de 2024 en el 21% (es decir, una de cada cinco personas). Sin embargo, en 19 provincias (entre las que se encuentran los tres territorios vascos, las regiones de Castilla y León, Asturias y Cantabria, entre otras) uno de cada cuatro ciudadanos vive de la pensión. Volviendo al nivel de CCAA, la proporción de pensionistas sobre el total de la población se sitúa en el 26% en el País Vasco y en el 26% en Castilla y León, un porcentaje relacionado con el envejecimiento.
En términos de dependencia y envejecimiento también existen diferencias. Según el último dato del Índice de Envejecimiento publicado por el INE Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones con más personas de la tercera edad. Teniendo en cuenta también la relación de estas con el número de personas que residen en estos territorios (recogida en la tasa de dependencia de mayores de 64 años) vuelven a liderar las mismas CCAA, al igual que lo hacen en el indicador de afiliados por pensionista.
La productividad mejora en todos los territorios menos Extremadura
El documento elaborado por el Instituto BBVA también apunta a la brecha de productividad que existe entre las CCAA y que explica la posterior diferencia entre pensiones medias. «Las geografías en las que la productividad es mayor también registran mayores remuneraciones medias», detalla el informe, refiriéndose al salario de los trabajadores. «Lo que sucede en la esfera productiva y laboral es determinante para las pensiones», resume. Es decir, existe una relación lineal: la productividad determina los salarios y estos la prestación por jubilación.
En este sentido, el último Observatorio de la Productividad publicado el viernes pasado por el Ivie destaca que tras la pandemia se aprecia una clara mejora de la productividad total de los factores (PTF) en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, donde estuvo estancada en el primer periodo (1995 – 2020) y tiene signo negativo (-0,87%) en el más reciente (2020 – 2023). De hecho, esta es la única comunidad que muestra una pérdida de eficiencia en los años posteriores a la pandemia. Las regiones con mayor contribución a la productividad española en los últimos años son las Islas Baleares, Canarias, el País Vasco y Cataluña. La productividad de España creció casi un 2% en 2024 frente a la reducción del -0,7% de la media europea.
FUENTE: La desigualdad de las pensiones entre las CCAA crece un 20% en un lustro, hasta 1.330 euros al año
