La nueva subida, apoyada por el PP, agravará la desigualdad intergeneracional. Pero sobre lo que importa no se debate
El sistema español de pensiones es un pilar básico del estado del bienestar, pero lleva años siendo insostenible y su coste para las arcas públicas constituye un inmenso obstáculo para los jóvenes.
Las altas de jubilación muestran un notable incremento. En concreto se elevan desde las 326.949 de 2023 hasta las 368.065 de 2024, un aumento del 12,6%. Este alza de más de 41.000 personas se debe a que los boomers están iniciando su retiro. Además de por su volumen, esta generación se caracteriza por haber tenido una larga carrera laboral y altos sueldos.
Ambos factores harán que el gasto en pensiones se dispare durante los próximos años. Ante este desafío, las medidas introducidas en la última reforma de pensiones se antojan insuficientes para revertir los desequilibrios del sistema. Ello debido a que lejos de tomarse medidas para racionalizar el gasto se impulsaron otras, como ligar la revalorización de las nóminas al IPC, que elevarán aún más los desembolsos.
Sin embargo, la extrema polarización desplegada por el Gobierno, unida al electoralismo de todos los partidos, impide cualquier debate de mirada larga sobre este grave problema estructural. La nueva revalorización de las pensiones conforme al IPC, de la que se beneficiarán todos los jubilados de forma indiscriminada, incluidos quienes ingresan más de 3.000 euros al mes, es un ejemplo palmario. La subida está establecida por ley, pero el consenso político que la sustenta deberá en algún momento revisarse.
Enfrascada en el frentismo, la conversación pública española no aborda los retos claves para la sostenibilidad de las pensiones y la necesidad de un futuro cierto -con empleo y vivienda adecuados- para los jóvenes. El grueso de los fondos públicos se destina a las capas más envejecidas de la población mientras las clases medias trabajadoras cargan con el esfuerzo. La desigualdad intergeneracional se agravará con la nueva subida del 2,8%.
Tras la derrota parlamentaria del Gobierno con el decreto ómnibus y la rectificación que Junts arrancó a Sánchez, el Congreso aprobará un decreto troceado que no solo contempla la revalorización de las pensiones, sino también ayudas contra la dana y la reactivación de las bonificaciones a los abonos de transporte. El PP, que inicialmente rechazó el ómnibus, ha decidido apoyar la nueva iniciativa, aunque sus escaños son innecesarios. Alberto Núñez Feijóo esgrime que será un voto «a favor de los pensionistas, de Valencia y de los usuarios del transporte público».
La decisión es arriesgada. El decreto incluye el inaceptable traspaso del palacete de París al PNV, precisamente el argumento en que el PP basó su no. La comunicación del partido ha fallado. Con todo, las alternativas (abstenerse o votar en contra) no parecían mejores. Con el sí, Feijóo desactiva la campaña del Gobierno con los sindicatos para presentar a los populares como enemigos de los pensionistas. Ese relato queda roto.
Todos los Gobiernos, de PSOE y PP, han cuidado a los pensionistas, un granero electoral clave (hoy son 12 millones). Como expone Enrique Devesa, uno de los mayores expertos en la materia, «los partidos votan a favor de revalorizar las pensiones porque no son capaces de enfrentarse» a ellos. Falta valentía.
Algo similar ocurre con las subvenciones al transporte, también universales. Si España ya ha superado la crisis inflacionaria que las motivó, ¿qué sentido tiene mantenerlas? En vez de aprovechar el crecimiento económico para contener el gasto público, el Ejecutivo -y varias autonomías del PP- perpetúa unas ayudas que cada día son más difícilmente revertibles.
Los decretos ómnibus tienen un efecto muy pernicioso. Si la gobernabilidad es el resultado de una constante subasta entre partidos, ninguno debate sobre el fondo de cada iniciativa; solo por el precio de sus escaños. ¿Qué incentivo puede haber así para una política de Estado?
Fuente: No hay valentía con las pensiones
