LA CE, LA OCDE, EL BANCO DE ESPAÑA Y FEDEA ADVIERTEN DE QUE EL AGUJERO DE LAS PENSIONES ENGULLE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

LA COMISIÓN EUROPEA (CE) ACABA DE PUBLICAR EL INFORME DE ENVEJECIMIENTO 2024 (AGEING REPORT, EN INGLÉS), SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

 

No obstante el Ageing Report 2024 no incluye en su análisis el impacto de medidas como la cotizaciones adicionales del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) , la introducción de la cuota de solidaridad para los salarios más altos , o la subida de las base máxima de cotización.

Principales conclusiones del Informe Ageing Report 2024:

  1. El gasto en pensiones (como porcentaje sobre PIB) sube desde el 13,1% en 2022 hasta el 17,3% en 2050, como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom a partir de 2022 y del aumento de la tasa de dependencia (el porcentaje de mayores de 65 años sobre población en edad de trabajar).
  2. Aunque las presiones demográficas desaparecen casi por completo hacia 2070, no se produciría una disminución porcentaje del gasto público en pensiones de la misma magnitud debido a las mayores pensiones medias, así como a un mayor porcentaje de pensionistas que reciben la pensión máxima.
  3. Se prevé que el gasto público en pensiones aumente 3,6 puntos porcentuales entre 2022 y 2070 (situándose en ese año en 16,7% sobre PIB). La mayor parte de ese crecimiento del gasto en pensiones será debido al crecimiento de la tasa de dependencia (es decir, el porcentaje que representan las personas mayores de 65 años sobre las personas en edad de trabajar), que aumenta, entre 2022 y 2070, en 10,3 puntos porcentuales.
  4. El cambio en el método de actualización de las pensiones, sustituyendo el Índice de Revalorización de las pensiones (IRP) por la indexación de las mismas al Índice de Precios al Consumo (IPC) , supone un aumento de 3,4 puntos porcentuales del gasto público en pensiones (como porcentaje del PIB) para 2050 en comparación con el escenario según la normativa anterior (con IRP).
  5. En total, las medidas de reforma de las pensiones adoptadas en 2021 y 2023 suponen un aumento de 3,3 pp del PIB en el gasto en pensiones públicas en 2050, y un aumento de 5 puntos porcentuales en 2070.
  6. Los principales productores de este aumento del gasto público en pensiones son la nueva regla de revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y la abolición del Factor de Sostenibilidad.
  7. La derogación del Factor de Sostenibilidad llevará a que las nuevas pensiones de jubilación fueran más altas y a un mayor gasto total en pensiones públicas (0,9 puntos porcentuales de más en 2050 y 1,7 pp en 2070).
  8. El nuevo sistema de bonificación/malus (bonificaciones a la jubilación demorada y coeficientes reductores por jubilación anticipada ), y el consiguiente aumento de la edad efectiva de jubilación, compensan parcialmente este aumento agregado del gasto, suponiendo esas dos medidas una reducción de 1,4 pp del gasto público en pensiones en 2050, disminuyendo a 1 punto porcentual en 2070
  9. El resto de medidas adoptadas incrementan ligeramente las pensiones públicas gasto.
  10. Se estima una caída de la tasa de sustitución (es decir, del porcentaje que representa la pensión media del sistema sobre el salario medio en España) de -4,1 puntos porcentuales entre 2022 y 2070, debido a un mayor crecimiento de los salarios que las pensiones. Además, juega también un papel importante en la disminución de la tasa de sustitución la proporción cada vez mayor de nuevas pensiones de jubilación topadas en el límite máximo de pensión, debido a los mayores porcentajes de incremento anual de las bases máximas de cotización que del importe máximo de la pensión.
  11. Una mayor tasa de empleo prevista también mitiga las previsiones de incremento del gasto en Pensiones.
  12. Se prevé que la tasa de prestación (porcentaje que representa la pensión promedio del sistema de pensiones sobre el salario promedio) disminuya del 64% en 2022 al 51% en 2070.
  13. Se prevé un aumento sustancial de la tasa de dependencia (porcentaje de mayores de 65 años sobre población en edad de trabajar), de alrededor de 30 puntos porcentuales.
  14. El periodo medio de carrera de cotización se incrementaría 4,8 años (hasta 2070) como resultado de tasas de actividad más altas para los trabajadores de mayor edad, en línea con el retraso en las edades de jubilación legal y jubilación efectiva
  15. La tasa de acumulación promedio (de cotizaciones) cae durante progresivamente durante 2022 a 2070. Detrás de esta caída estaría a ampliación de los períodos de cotización requeridos.
  16. Según el Informe, las medidas de reforma de las pensiones adoptadas en 2021 y 2023 presionaron al alza el gasto público en pensiones.

 

Como ya se ha señalado, lo cierto es que La regulación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y del Fondo de reserva de la Seguridad Social, prevé la utilización del Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, como base para evaluar si se superaba el incremento medio neto del gasto en pensiones, y necesidad la aplicación de medidas correctivas si ese límite se superaba.

 

Si a partir de 2033 se apreciara, en el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea de 2024 (Ageing Report 2024), una desviación de la estimación de previsión del gasto en pensiones en 2050 respecto a lo previsto en ese informe de 2024 que se usará como referencia, se utilizará este Fondo de reserva, con un límite de disposición anual del mismo del 0,2% del PIB español.

 

Si la disposición de recursos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los agentes sociales (sindicatos y patronal), para su traslado al Pacto de Toledo, una propuesta que se dirija a bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de Producto Interior Bruto (PIB), o bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) ADVIERTE DE QUE EL GASTO PÚBLICO SE DIRIGE A LAS PENSIONES A COSTA DEL CRECIMIENTO

 

La factura mensual de las pensiones supera los 12.700 millones tras subir un 6,2% en un año

La OCDE pide inversiones para aumentar la productividad y un plan de consolidación fiscal

Es uno de los debates de fondo que tendrá que abordar en algún momento la economía española, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo acaba de poner sobre la mesa. Una sola frase, pero hasta ahora inédita en las fichas sobre España de su Economic Outlook, las previsiones que el club de los países ricos publica periódicamente. Con eso basta: “El gasto se inclina fuertemente hacia las pensiones en detrimento del crecimiento, y el gasto relacionado con el envejecimiento aumentará”.

 

En los últimos informes, la OCDE se limitaba a alertar de este último punto, una advertencia que España compartía con otros países —especialmente europeos— por razones obvias, y que compromete, dicen los expertos del organismo con sede en París, la necesaria consolidación fiscal. Ahora, en cambio, presenta por primera vez una dicotomía que numerosas voces ya habían puesto sobre la mesa: con un presupuesto público limitado, lo que se destina a pensiones no se destina a otro tipo de políticas que permiten aumentar la productividad y, por tanto, el crecimiento económico.

 

Esa controversia la cerró —antes ni siquiera de que se abriese— el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, con una reforma del sistema que garantizó el poder adquisitivo de las pensiones, fuese cual fuese la inflación (en 2023 subieron un 8,5%), a costa de un incremento de los ingresos por la mayor presión sobre las cotizaciones sociales, como reflejaron los datos publicados la semana pasada por el club de los países ricos. Instituciones como el FMI, la Comisión Europea —a través del Ageing Report, conocido recientemente— y la propia OCDE han advertido de que las cuentas no cuadran, pero hasta ahora esta última había evitado entrar en el fondo de la cuestión.

 

No hay que olvidar que las revalorizaciones desde la entrada en vigor de la nueva norma (2022, 2023 y la prevista para 2024) alcanzan los 26.000 millones de euros, por lo que en solo un trienio ya han superado al gasto anual en Educación Primaria. Este tipo de comparaciones, a menudo calificadas como demagógicas por los defensores de la reforma, parten del mismo principio que avala la OCDE en su Economic Outlook: con unos recursos limitados, y dado que la revalorización de las pensiones sale de las arcas públicas, ese gasto supone un coste de oportunidad de destinar fondos a otras políticas, especialmente las dirigidas al crecimiento.

 

Pensiones e intereses de la deuda ya suponen prácticamente la mitad del gasto público, e instituciones como el Banco de España han advertido de que el esfuerzo presupuestario se centra especialmente en este ámbito, mientras fracasa a la hora de impulsar el PIB y reducir la desigualdad. “El envejecimiento de la población, el lento crecimiento de la productividad y la escasa inversión lastran el potencial de crecimiento de España”, asegura, en la misma línea, la OCDE.

 

El club de los países ricos muestra el camino de cuáles deberían ser las prioridades para acabar con esta situación: “Para impulsar el crecimiento sostenible, es necesario aumentar la productividad, potenciando la innovación, mejorando las cualificaciones y reforzando los resultados de la educación. Es necesario renovar las políticas activas del mercado laboral para mejorar la eficacia de la adecuación de la mano de obra a las cualificaciones. La aplicación efectiva del plan de recuperación también aumentaría las perspectivas de crecimiento”. En definitiva: es necesario emprender las reformas pendientes e incrementar la inversión.

 

La situación de las cuentas públicas también se coloca como un asunto central del informe. No son pocos los organismos que han advertido recientemente que el endeudamiento público, sin medidas de ajuste, crecerá a medio plazo y dejará a España sin margen para afrontar futuras crisis; el Banco de España es una de las instituciones que ha puesto el foco en este asunto, en su último informe de estabilidad financiera.

 

La OCDE calcula un déficit del 3,3% para este año y del 2,6% para el siguiente, mientras que en términos de deuda pública esta se situará, dice, este año en el 107,1% y en el 106,7% el que viene. Números que complican el cumplimiento de España de las reglas fiscales.

 

La productividad es uno de los deberes que arrastra España desde hace años y en el que han puesto el foco numerosas organizaciones nacionales e internacionales. «Es necesaria una renovación de las políticas activas del mercado laboral para mejorar la eficiencia de la contratación laboral y abordar los desajustes de habilidades», añade el informe.

 

En su análisis sobre España, destaca como uno de los principales vectores de la actividad el consumo privado, con un aumento del 2% este año y del 2,1% el próximo, gracias al empuje de sectores como el turismo, cuya actividad se va ampliando cada año y que ayudará a que la tasa de paro debería bajar de una media del 12,1 % en 2023 al 11,7 % en 2024 y al 11,3 % en 2025) y a las ganancias del poder adquisitivo.

 

El problema específico que la OCDE señala a España es el creciente gasto en pensiones, en clara alusión a la reforma del ministro José Luis Escrivá que ya había criticado en el pasado, “en detrimento de las partidas que favorecen el crecimiento”. Por eso dice que a medio plazo hace falta un ajuste fiscal para “mantener la deuda en una senda descendente, cumplir con las normas fiscales de la UE y crear margen para el gasto en futuras prioridades”.

 

BANCO DE ESPAÑA: EL GASTO EN PENSIONES SUPERARÁ LO PREVISTO POR ESCRIVÁ AUNQUE SE RETRASE LA JUBILACIÓN

 

Si todos los trabajadores demoran un año el acceso a la jubilación, el gasto público se reduciría entre tres y cinco décimas del PIB de media en el periodo 2022-2050, depende si eligen el incremento en la nómina o el pago único.

La reforma del sistema público de pensiones impulsada por José Luis Escrivá en la pasada legislatura tenía por objetivo hacer sostenible el sistema sin incrementar la edad legal de acceso a la jubilación, es decir, sin forzar a los trabajadores a retrasar su acceso a la pensión. En su lugar, el exministro de Seguridad Social optó por reforzar el sistema de ingresos mediante un alza de las cotizaciones a las rentas más altas, la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la introducción de incentivos a la jubilación demorada voluntaria. La cartera esperaba que esta tercera pata fuese fundamental para recortar el gasto público, hasta en 1,41 puntos sobre el PIB en 2050, pero el último informe del Banco de España reduce sus expectativas.

 

Las estimaciones del órgano gobernado por Pablo Hernández de Cos apuntan a que el ratio de gasto en pensiones sobre el PIB se reduciría solo en una décima de media en el periodo 2022-2050 si un 20% de los trabajadores demoraran su jubilación y lo harían entre tres y cinco décimas si lo hicieran todos los trabajadores. El Banco de España llama a interpretar con cautela estas proyecciones, dado que la introducción de estos incentivos está muy reciente, si bien afirma que “las simulaciones permiten establecer una relación entre un aumento de la edad efectiva de jubilación y un cambio en la ratio de gasto en pensiones”. No obstante, este recorte sería menor al previsto por el Gobierno en el informe de proyecciones de gasto público remitido a Bruselas para que evalúe la norma en el contexto del cuarto pago de los fondos UE.

 

El documento, que fue presentado antes de que Elma Saiz tomara el testigo al frente de Seguridad Social, proyecta cuál sería el gasto en las próximas dos décadas si no se hubiese puesto en marcha la reforma y cuál será con el conjunto de medidas llevadas a cabo. El cuadro refleja que en 2025 el gasto se recortará del 12,27% a un 12,13% del PIB, mientras que el cambio en 2050 será más acentuado y el coste de las pensiones pasará del 14,72% que hubiera representado sin la norma a un 13,31% del PIB, esto es, casi un punto y medio porcentual. El Ministerio no representó cada año de forma individualizada, pero el promedio de los valores representados en la tabla arroja un ahorro de 0,45 puntos porcentuales, que dista con la proyección del BdE porque el Gobierno no contempla en ningún caso que todos los trabajadores demoren su jubilación.

 

Escrivá aprobó la reforma de pensiones en dos partes. La primera fue impulsada en 2021 y se centraba en garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, vinculándola al IPC entre otras medidas, por lo que recibió el respaldo tanto de la CEOE como de los sindicatos. Sin embargo, la segunda parte centrada en el sistema de ingresos y aprobada en 2023 solo recibió el apoyo de los representantes de los trabajadores. Este paquete normativo recogía varias fórmulas para incentivar que las personas activas extendiesen su carrera laboral más allá de la edad en la que podían jubilarse. Creó un sistema de incentivos por el que el trabajador podía decantarse por elevar un 4% el importe de su pensión cada mes o recibir un tanto alzado por año cotizado (entre 5.000 y 12.000 euros) e incluso, un modelo que combinaba ambas vías.

 

Tal y como ha hecho saber el Ministerio de Seguridad Social, la jubilación demorada ya representa el 10,5% del total de solicitudes para acceder a la pensión, por lo que el porcentaje se ha duplicado en algo más de dos años. Esto se ha traducido también en una demora de la edad efectiva de jubilación que superó los 65 años por primera vez en 2023, impulsada por las penalizaciones a la jubilación anticipada y por el retraso progresivo de la edad legal de jubilación de las personas que no reúnan el mínimo de años cotizados. En 2024 este umbral está fijado en 66 años y seis meses para los que no hayan hecho aportaciones a la Seguridad Social durante 38 años, pero seguirá elevándose hasta alcanzar los 67 años en 2027, por la ley impulsada por el PP en 2012.

 

A falta de elaborar nuevos análisis que midan el alcance de estos objetivos, el Banco de España señala que la evolución de la participación del segmento de trabajadores con edades próximas a la jubilación en el mercado laboral será un buen termómetro de su efectividad para aliviar el gasto público, ya que España registra actualmente valores más bajos que la media europea. Un aspecto que también se ha puesto sobre la mesa en el debate de la reforma del subsidio por desempleo y en concreto, el que se dirige a los mayores de 52 años por entender que en ciertos casos puede operar como un desincentivo a la búsqueda de trabajo. El diseño actual reconoce a estos parados una cotización del 125% de la base mínima, mientras que el borrador que presentó Díaz a patronal y sindicatos -así como el real decreto-ley rechazado en el Congreso- reducía a la base mínima esta cotización, con el fin de evitar este efecto.

 

LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA): EL AGUJERO NO DEJA DE CRECER

Las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones: el agujero es de 56.000 millones y el déficit del sistema de pensiones sin contar con la ayuda del Gobierno superaría al del conjunto de las administraciones públicas

El esfuerzo para sostener el actual sistema público de pensiones se distribuye entre las aportaciones de los trabajadores ocupados mediante el pago de cotizaciones, y de los impuestos pagados por la sociedad, necesarios para financiar las cada vez más elevadas transferencias del Estado al sistema.

El sistema público de pensiones español tiene dos fuentes de financiación. La principal son los ingresos por cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y los empresarios y que sirven para costear las pensiones actuales. Por eso es un sistema “contributivo”, porque se costea fundamentalmente con las aportaciones de los ocupados en activo y “de reparto”, porque los jubilados actuales reciben sus pensiones en función de lo que han contribuido en el pasado y son pagadas por las aportaciones de los trabajadores en activo. Sin embargo, estas contribuciones no son suficientes para pagar la nómina de las pensiones y por eso el sistema necesita de la segunda de otras fuentes de financiación, que son los impuestos generales. Y en este punto llega el debate sobre el hecho de que el creciente abono de pensiones con impuestos detrae que estos se destinen a otros usos.

 

Fedea llama la atención sobre los números rojos que representa la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos pagos por pensiones contributivas), sin contar la parte que se paga con los impuestos. Dicho saldo negativo habría escalado en 2023 a 55.919 millones de euros, lo que equivale a 3,8 puntos de PIB, algo superior al déficit con el que cerraron las administraciones públicas (3,7%). Para llegar a esta cifra se parte de los resultados oficiales del Sistema de Seguridad Social, que finalizó 2023 con un déficit equivalente al 0,6% del PIB, si bien precisa que este porcentaje aumentaría en dos décimas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluye de los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al MEI, “porque estas son un ingreso no disponible para pagar las pensiones actuales puesto que se ingresa en el fondo de reserva que sólo estará disponible a partir de 2032″.

 

Fedea explica que para pagar toda la factura de las pensiones la Seguridad Social ha dispuesto, además de los ingresos netos ordinarios de las cotizaciones sociales, de otras dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB): una para el pago de los complementos por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuantía, destinada al pago de los “mal denominados” gastos impropios (19.886 millones de euros). De esta forma, si no se contabilizan estas transferencias de impuestos, el “saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social”, se situaría casi en el 2,7% del PIB. Y a esto añade otros 1,2 puntos de PIB en transferencias del Estado (también de impuestos) para el pago de las pensiones de clases pasivas de los funcionarios jubilados. Con todo se llega al citado déficit contributivo de 3,8 puntos de PIB que se tiene que financiar con deuda y con impuestos generales.

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, rechaza esta contabilidad, argumentando que el recurso de pagar parte del sistema de pensiones con impuestos es legítimo y muy común en otros países del entorno comunitario. Si bien, Fedea y otros muchos investigadores en materia de pensiones defienden que es precisamente esta radiografía financiera del sistema la que permite analizar más correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad. Por tanto, para los defensores de esta contabilidad, es importante que la situación financiera de solo la parte contributiva del sistema de pensiones —cuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y casi 30% del gasto público total— sea objeto de debate en la sociedad porque cuantos más recursos de impuestos requiera la financiación de las pensiones, menos financiación habrá para otros posibles usos del gasto público, alerta Fedea.

 

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