La caída del decreto ómnibus amenaza 5.800 millones de ingresos por la triple subida de cotizaciones

Deja en el aire el alza del Mecanismo de Equidad al 0,8%, la cuota solidaria y el alza de las bases máximas

El peligro se plantea en el año que la Seguridad Social afronta un gasto récord de 216.000 millones

Los abogados creen que el Gobierno será incapaz de aplicar las normas con efecto retroactivo

La derrota parlamentaria del Gobierno y su decreto ómnibus trae consecuencias económicas para el sistema público de pensiones, tanto para los jubilados como para la población activa. El entramado político limitará los ingresos de la Seguridad Social en un año en el que volverá a afrontar un gasto histórico por el imparable retiro de la generación del baby boom, que elevará la factura a 216.000 millones en 2025 según el Instituto Santalucía. Además de la revalorización, el texto rechazado incluía, entre sus tantas y diversas medidas, una triple subida de las cotizaciones sociales con la que el Gobierno esperaba generar 5.800 millones.

El amplio decreto incluía cambios en las normas de cotización tales como la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo tipo de cotización pasaría del 0,7% al 0,8% de la nómina de todos los trabajadores; la actualización de las bases de cotización máximas, un alza del 4% para ubicarla en 58.908 euros anuales; y la creación de la denominada cuota de solidaridad para los salarios que superan el umbral citado anteriormente. Por ahora, el Ejecutivo no aclara cuál será su estrategia para recuperar las medidas.

Estas medidas implementadas en el segundo bloque reformista por el exministro José Luis Escrivá, sin embargo, quedan anuladas por ahora, según ha explicado la Seguridad Social al ser consultada por este medio. Decae toda aquella medida relativa a la Seguridad Social salvo la paga correspondiente a enero, que sí se abonará con el importe actualizado antes de volver a su importe de 2024 el próximo mes en ausencia de un nuevo decreto. Aunque, por otra parte, algunos expertos jurídicos muestran una opinión discordante respecto a las medidas de ingresos que refleja la inseguridad jurídica latente por la derrota del Gobierno en la Cámara Baja.

Las medidas en juego

En primer lugar, la sobrecotización que se aplica a todos los salarios pero no ofrece una mejora en la futura prestación (el MEI) tenía previsto un aumento en su tipo hasta el 0,8% con el que el Gobierno conseguiría arañar 4.403 millones a las empresas (que pagan cuatro de cada cinco euros) y a los trabajadores. Es la principal medida para generar ingresos y, en términos contables, la recaudación de esta tasa se destina a la hucha de las pensiones.

De su lado, el texto pretendía aprobar la actualización de las bases máximas de cotización, que comúnmente se conoce con el término de destope. La subida de este límite superior se remodeló para que tomara como referencia la variación de los precios más un recargo adicional, ya predeterminado, de tal forma que supere a la cuantía máxima de pensión. Este año, por tanto, sube con el IPC (2,8%) más 1,2 puntos adicionales: un 4%. Lo que determina la base máxima de cotización es el tramo de salario que abonan cotizaciones sociales. El destope busca un aumento constante de las bases para que más salarios realicen este pago, arañando casi 1.000 millones en ingresos.

Pero, yendo un paso más allá, el Gobierno también echó mano de las nóminas más altas para que paguen una cuota solidaria en función de su nivel de ingresos para generar otros 400 millones en 2025.

Arrancaba gravando el 0,92% este año para aquellos trabajadores con un sueldo hasta un 10% más alto que la base máxima de 58.900 euros anuales; un 1% a quienes cobren entre un 10% y un 50% más; y un 1,17% para el resto de nóminas. Estos porcentajes aumentarán constantemente hasta moverse en la nada desdeñable horquilla del 5,5% al 7% en dos décadas.

Un embrollo legal

La evolución de estas tres medidas ya se estimó en la ley que aprobó la reforma de pensiones en marzo de 2023, por lo que fuentes jurídicas apuntan a la posibilidad de que las medidas puedan ser actualizadas en los términos estipulados. La otra vertiente opina al contrario: que sólo las bases de cotización podrán tener efecto retroactivo. Este embrollo legal se produce a escasos días de que las empresas y gestorías deban abonar las nóminas del primer mes del año.

Desde el Ministerio de las pensiones trabajan en un escenario con todo decaído. Existe la opción de que el Gobierno aplique las nuevas normas con efectos retroactivos, aunque no está claro que pueda echar mano de esta opción. Es una herramienta a la que suele recurrir cada año a la hora de definir las tablas de cotización, especialmente en el caso de las bases mínimas, que se actualizan conforme a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

«Desde mi punto de vista resultaría improcedente un efecto retroactivo de las cotizaciones, salvo la que se pudiera producir como consecuencia de la revisión del SMI, con efectos desde el 1 de enero», considera Juan Manuel Ortiz Pedregosa, socio fundador de IURISLAW Consultores Jurídicos y vocal de la Junta Directiva de la asociación de abogados laboralistas, ASNALA, en una consulta de elEconomista.es.

Respecto a la subida del MEI hasta el 0,8%, Ortiz Pedregosa señala que «dicha medida es constitutiva» y, al no ser aprobada no podrá ser aplicada. «Será necesaria una regulación específica al respecto en el futuro, ya que al ser limitativa de los interesados no podría tener efecto retroactivo», matiza.

El tablero parece señalar que la Seguridad Social tendría la puerta abierta a recuperar la recaudación -casi 500 millones al mes por las tres medidas- sólo parcialmente por la fallida estrategia de Moncloa, que caído en su propia trampa al jugar a la ruleta rusa el Congreso de los Diputados.

La actualización de las pensiones, según el Gobierno, será solo en enero, y el resto de las normas hoy no están nada claras. «Parece difícil que este decreto se salve en su integridad, ni de forma inmediata ni a largo plazo, ante el amplio rechazo tanto de la oposición del Gobierno, como de las fuerzas políticas de coalición. La solución más inmediata sería el desglose de las diferentes medidas incluidas en el ómnibus para aprobar aquellas en las que sí existe consenso», sentencia el abogado.

La ‘hucha’ de las pensiones: en tela de juicio

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, avanzó ante altos cargos de Economía, Hacienda y de su propia cartera que proyectan un patrimonio de 14.000 millones de euros para el Fondo de Reserva de cara al cierre de curso. Esta previsión, de la que presumió la ministra Saiz, queda ahora en tela de juicio una vez que el Gobierno no ha podido sacar adelante las medidas para generar ingresos.

Esta hucha se ‘rompió’ durante la pasada década porque el sistema público comenzó a tener más gastos que ingresos. Ha sido señalada por la OCDE por su escaso patrimonio y por los pobres rendimientos que ha generado el fondo.

Fuente: La caída del decreto ómnibus amenaza 5.800 millones de ingresos por la triple subida de cotizaciones