¿SE ENFRENTA ESPAÑA AL COLAPSO DE SU SISTEMA DE PENSIONES? INTRODUCCIÓN “PASO A PASO”

Los cambios sociales de los últimos años han sido extraordinarios. Se ha producido una gran revolución tecnológica que ha traído consigo nuevas formas de producir, nuevas relaciones laborales, modos de gobernar diferentes y un reparto de las rentas y de los frutos del progreso mucho más desigual e injusto.

Se ha debilitado a la sociedad para sostener la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos millones como ellos.

 

Un sistema público de pensiones es un mecanismo que el Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos que en teoría (y no siempre en la práctica) permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas que han dejado de percibir rentas del trabajo por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación o la incapacidad laboral .

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL?

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles. La Seguridad Social cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, incapacidad, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

 

Por tanto, incluye entre otros servicios la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad, las prestaciones de atención a la tercera edad, las prestaciones por desempleo y las pensiones.

 

Se suele decir que la Seguridad Social nace de modo parcial en 1900 que es cuando se crea el primer seguro social que fue la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión en el se integraban las cajas que gestionaban los seguros sociales que entonces ya iban surgiendo. Más tarde fueron naciendo otros derechos o seguros sociales como el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de Enfermedad (1942), y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). Durante la dictadura que gobernó España durante cuarenta años se promulgaron leyes (1963, 1966) que pretendían la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social para todos los trabajadores pero en realidad dejó a muchos de ellos y a sus familias fuera del sistema. Las cotizaciones no tenían mucho que ver con los salarios reales de los trabajadores y, además, no se aportaban los recursos suficientes. Solo en la década de los ochenta comenzó a universalizarse el sistema de seguridad social para que llegara a todos los ciudadanos y se sentaron las bases para su estabilidad financiera.

 

¿Cómo se financia la Seguridad Social?

Originalmente, el sistema de seguridad social se financiaba mediante las cotizaciones sociales a lo que más tarde se añadieron fondos de los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se financian a partir del salario de los propios trabajadores y de los impuestos que pagaban todos los ciudadanos en proporciones que han variado a lo largo del tiempo y en los diferentes países.

 

Las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en España y la aprobación del Pacto de Toledo (1997) establecieron lo que pasó a llamarse “separación de fuentes de financiación”. Lo que quiere decir que las prestaciones contributivas se financian a través de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas y universales mediante las aportaciones del presupuesto del Estado (a través de impuestos generales).

 

Actualmente, las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 85% de los recursos de la Seguridad Social, y las transferencias del Estado el 10%

 

¿Qué son las cotizaciones sociales?

Son una parte del salario de los trabajadores que se destina a financiar la Seguridad Social. Una proporción de ellas la transfieren los empleadores directamente al Estado y otra se descuenta de la nómina de cada trabajador o trabajadora pero, en ambos casos, salen o forman parte de la retribución de los asalariados. Por eso, cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que realmente se está haciendo es proponer que bajen los salarios puesto que el empresario no sube el salario directo del trabajador cuando baja el salario indirecto (es decir la cotización social).

 

¿QUÉ TIPOS DE SISTEMAS DE PENSIONES HAY?

Se pueden clasificar desde dos puntos de vista fundamentales. Por un lado, los sistemas de pensiones pueden basarse en dos modelos generales: el modelo contributivo y el modelo universalista. Por otro, se distinguen dos sistemas, uno de reparto y otro de capitalización.

 

En España, como en la mayoría de los países desarrollados, existe un sistema mixto que combina el modelo contributivo con el modelo universalista. Las pensiones contributivas se calculan de acuerdo a lo que cada persona ha cotizado a lo largo de su vida laboral. Y para aquellas personas que no han cotizado o cuyas pensiones son insuficientes para un nivel de vida digno existen un tipo de pensiones mínimas no contributivas que regula el Estado..

 

En el modelo contributivo (modelo Bismark, por su fundador en la Alemania de 1883) reciben pensiones aquellas personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Bajo este sistema los empresarios tienen que destinar a la Caja de la Seguridad Social una parte del salario del trabajador en forma de cotizaciones sociales. Se dice que es un sistema contributivo porque en realidad el trabajador está destinando forzosamente una parte de su salario a un fondo del que se obtendrán en su momento las pensiones de su jubilación.

 

El modelo universalista o no contributivo (modelo Beveridge en el Reino Unido de 1948), en cambio, está basado en los principios de solidaridad entre ciudadanos y bajo su aplicación reciben pensiones todas las personas de una sociedad con independencia de que hayan trabajado o no a lo largo de su vida.

 

Las pensiones contributivas son aquellas que se calculan a partir de las cotizaciones sociales que cada trabajador ha realizado durante su vida laboral. Su cuantía final depende, precisamente, de la cantidad y cuantía de dichas cotizaciones. Se financian íntegramente a partir de las cotizaciones sociales.

 

Las pensiones no contributivas son aquellas pensiones que el Estado proporciona a aquellas personas que de otra forma carecerían de todo tipo de ingresos tras su jubilación, bien sea por no haber cotizado suficiente o por no haber trabajado nunca en el mercado de trabajo. La cuantía de este tipo de pensiones está establecida por ley y se financian a través de los impuestos.

 

Sistema de capitalización o de reparto

Un sistema de pensiones de capitalización es aquel en el que cada cotizante recibe al final de su vida activa la pensión que se corresponde con los fondos que ha ido acumulando y que el sistema capitaliza a lo largo del tiempo invirtiéndolos en activos privados que generan intereses. Así, la pensión que finalmente reciba se calcularía en función que lo que cada trabajador haya cotizado por él mismo más los intereses devengados. Bajo este método cada trabajador se paga su propia pensión pero en una cuantía que en realidad depende del rendimiento que el sistema sea capaz de obtener de los fondos que acumule. Este rendimiento puede ser positivo o negativo. De ahí el riesgo que este tipo de pensiones tiene para el pensionista.

 

El sistema de pensiones de reparto es aquel en el que los trabajadores van cotizando día a día y con los fondos que actualmente se han generado se pagan las pensiones de los jubilados que en ese momento tienen derecho a recibirlas, mientras que las pensiones de los jubilados de mañana se pagarán con las cotizaciones que en su día estén aportando los trabajadores. Este es el método que se aplica en España.

 

Además el sistema de pensiones públicas de España son un mecanismo de redistribución de la renta pues transfieren rentas desde los períodos de actividad hacia los períodos de no-actividad, ya que las rentas que los beneficiarios reciben cuando no trabajan han sido generadas en los períodos de actividad. También redistribuyen intrageneracionalmente, es decir, entre distintas generaciones, ya que las rentas percibidas por los beneficiarios, normalmente personas jubiladas, provienen de las contribuciones que realizan los trabajadores de ese momento y que pertenecen a generaciones posteriores

 

¿POR QUÉ SE HABLA DE CRISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES?

Como hemos señalado, los sistemas modernos de pensiones se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la “época dorada del capitalismo”.

Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, los trabajadores y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de los empresarios a condición de que estos aceptaran la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares.

 

Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. En los años setenta, sin embargo, el mundo empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales

 

Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su sustitución por otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias neoliberales como el caso de Chile, pero pronto se puso de manifiesto que eran poco eficaces y muy costosos. Además en el sistema de capitalización, el criterio es la rentabilidad de las empresas financieras, independientemente del beneficio que ello supusiese al pensionista y sustituir la gestión pública de los fondos por la gestión privada implica también a que el Gobierno de turno renuncie a gestionar mediante criterios políticos el ahorro de los trabajadores. Además en el sistema de reparto las generaciones que trabajan financian las pensiones de los que no trabajan. Pero en el sistema de capitalización, no hay tal transferencia intergeneracional.

 

Eso llevó a que los organismos internacionales optaran por una estrategia menos radical  y la propuesta que realizó el Banco Mundial (1994) consistía en establecer tres niveles: un nivel básico o mínimo predominantemente público (aunque no exclusivamente), un segundo nivel, profesional, con predominio de la iniciativa privada compatibilizada con la presencia de instituciones públicas y un tercer nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.

 

Para poner en marcha la estrategia se avanzó en dos direcciones:

  1. a) Justificar la necesidad de sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas y para ello nada mejor que tratar de demostrar su inviabilidad financiera a medio plazo.
  2. b) Aplicar reformas parciales que, por un lado, fuesen menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, que fuesen fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada.

 

Las reformas parciales se han ido adoptando incluyen:

  • Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.
  • Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.
  • Aumento de la edad de jubilación.

 

¿Cuál es la situación en España? ¿Qué es el Pacto de Toledo?

El llamado Pacto de Toledo se presentó en 1995 en España como la fórmula que podría permitir evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una “cuestión de Estado”. Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alternativa: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próximos a la Banca.

 

El Pacto de Toledo contiene propuestas que pueden considerarse muy positivas desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema público:

  • el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
  • los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y
  • los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacitados, entre otros.

 

Sin embargo también contiene aspectos controvertidos:

  • admite la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementarios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores.
  • acentúa el principio de contribución a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compromiso con la universalización de los beneficios.
  • establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se aplican y que marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.

 

En definitiva, el Pacto de Toledo constituye una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas pero ni en su letra ni en su desarrollo se encuentran medidas que lo apuntalen definitivamente.

 

¿EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DE ESPAÑA ES INVIABLE?

Se llama equilibrio financiero del sistema de pensiones a la situación en la que los recursos generados por el propio sistema de pensiones son suficientes para hacer frente al montante de pensiones que hay que satisfacer. Es decir, se alcanza el equilibrio financiero cuando las cotizaciones sociales en un determinado momento son suficientes para hacer frente a las pensiones de ese mismo momento. Sin embargo, para poder decir si se puede alcanzar este equilibrio o hay que determinar cuáles son todos los factores de los que depende el equilibrio y qué problemas le pueden afectar.

 

La cantidad de ingresos que proceden de las cotizaciones depende lógicamente de las cotizaciones mismas, pero éstas dependen a su vez de una gran cantidad de variables a tener en cuenta. Por lo tanto, para que la financiación del sistema llegue a desequilibrarse no basta con que la población envejezca y aumente el gasto, sino que deberían darse otras circunstancias que tienen que ver con las fuentes capaces de generar los ingresos de donde salen las cotizaciones sociales.

 

Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguientes:

  • El empleo y desempleo existentes.
  • El nivel salarial.
  • El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.
  • La distribución de la renta.
  • La calidad del empleo.
  • La productividad del trabajo.
  • La extensión de la economía sumergida.
  • La tasa de actividad y de empleo femenina.

 

Aunque los argumentos esgrimidos son para cuestionar el equilibrio financiero son  muy dispares pueden sintetizarse en los siguientes:

  • La evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones en un sistema de reparto. El envejecimiento de la población supone un incremento en la tasa de dependencia porque aumenta el número de pensionistas en relación con el de cotizantes. Si se reduce el número de cotizantes y se amplía el número de personas que tienen derecho a pensiones, entonces cada trabajador que cotiza está sufragando las pensiones de cada vez más gente. O, dicho de otra forma, aumentan los gastos (pensiones satisfechas) y se reducen los ingresos (cotizaciones efectuadas).
  • Las tasas de desempleo tenderán a aumentar por varios motivos y, por tanto, habrá menos cotizantes y, en consecuencia, también menos recursos para financiar las prestaciones contributivas.
  • La edad de incorporación al primer empleo tiende a retrasarse. Como eso acorta la vida activa, disminuye el período en que se puede estar cotizando y habrá menos fondos para financiar las pensiones.
  • La vida activa también se acorta si se sigue tendiendo a la reducción de la edad de jubilación, ya sea porque esto se potencia para luchar por el desempleo o porque los sistemas vigentes incentivan la jubilación al ofrecer pensiones atractivas.

 

LAS PENSIONES TRAS SUS NUMEROSAS REFORMAS

A lo largo del último medio siglo, la política de pensiones ha pasado a constituir uno de los asuntos de mayor relevancia para el mundo del trabajo. Las pensiones, en suma, constituyen un salario diferido para los activos laborales y las pensiones (rentas) que percibirán, una vez abandonen la actividad laboral, son financiadas en los sistemas de reparto con cotizaciones (y también, cada vez en mayor medida, con impuestos) y son, en definitiva, seguros que cubren el riesgo de supervivencia a partir de la de jubilación.

 

A lo largo de las últimas décadas se ha registrado un abundante volumen de reformas de los sistemas de pensiones, particularmente los públicos, pero también, en no escasa medida, en los modelos privados. En todos los casos, tales reformas tratan de dar respuesta a los cambios profundos de la demografía mundial, que básicamente se manifiesta en un envejecimiento creciente de la población, como resultado de la caída en las tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza por los avances en las tecnologías del cuidado y prevención de la salud.

 

En el caso español, este proceso de reformas se ha intensificado en los últimos quince años, a medida que se acerca la incorporación a la nómina de las pensiones públicas de las generaciones nacidas en el periodo denominado del baby boom, durante la década de los años 60 y primeros años 70 del pasado siglo. En general, se estima que dichas generaciones están comenzando a entrar al sistema en estos años y comenzarán a declinar a finales de los años cuarenta de presente siglo pues mediado el siglo se prevé una disminución paulatina de las entradas al sistema público de pensiones, producto de la caída brusca de la natalidad que siguió al baby boom. La segunda mitad del siglo XXI sería un periodo con menores exigencias financieras en el funcionamiento de los sistemas de pensiones de reparto.

 

Pero la evolución del gasto en pensiones, factor determinante a la hora de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, dependerá no solo de variables demográficas, sino también de variables económicas, especialmente la evolución de la productividad y de factores político-institucionales, que orientarán las reformas que se llevarán a cabo durante las próximas décadas.

 

La segunda década de este siglo alumbró en España dos reformas singulares sobre el sistema de pensiones, que respondían a orientaciones políticas diferenciadas.

 

La primera en 2011, bajo un gobierno socialista. Más allá de diversas transformaciones que afectaban a los parámetros definitorios del sistema el eje de la reforma se asentaba en el retraso en la edad “ordinaria” de jubilación, discurriendo desde los 65 a los 67 años, para cuyo tránsito se estipuló un período de 15 años que finalizará en 2027.

 

La segunda en 2013 se orientaba exclusivamente a reducir el valor real de la pensión a través de la implantación de dos factores que afectaban a la pensión inicial (factor de Sostenibilidad – FS-) y a su evolución durante la vida del pensionista (factor de Revalorización Anual  IRP-). La aplicación de estos dos factores al cálculo del valor de la pensión habría significado una reducción estimada por diversos analistas de alrededor del 40 % del valor real de la pensión media a la altura del año 2050.

 

Tras estas reformas, acabamos de asistir a una tercera fase de reformas, llevada a cabo entre los años 2020 y 2023. Por un lado, se derogan inicialmente los mecanismos creados en la reforma de 2013 (FS e IEP) y, por otro lado, recogiendo elementos de la filosofía de la reforma abordada en 2011, se consolida la estrategia de alargamiento progresivo de la edad de jubilación (a través de la introducción de nuevos estímulos para hacerlo voluntariamente) para alcanzar cotas razonables de sostenibilidad del gasto y modificando también algunos de los parámetros definitorios del cálculo de la base reguladora de la pensión.

El informe del Ministerio de Seguridad Social  (Proyecciones de gasto público en pensiones en España, 2023) recoge, las modificaciones recientes introducidas en el sistema, sintetizándolas en los siguientes contenidos:

  • La separación de fuentes de financiación
  • La puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones con el IPC que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo;
  • La continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal ordinaria (ELO) a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas;
  • Adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación;
  • Establecimiento de un nuevo sistema de cotización para los autónomos basado en ingresos reales que refuerce la integración y convergencia de los regímenes de pensiones;
  • La revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando el desarrollo de planes de pensiones de empleo (PPE) a través de la negociación colectiva.

 

Hay un concepto esencial que, de alguna forma, refleja un horizonte de sostenibilidad del sistema: se trata de mantener y no superar significativamente la cifra del 15% como proporción razonable a plazo del gasto en pensiones como porcentaje del PIB. No superar tal peso del gasto en pensiones exigirá un esfuerzo para el conjunto de la sociedad, pero lo más importante es que el modelo de reformas plantea un horizonte de revisión periódica del sistema si las previsiones de evolución de gasto resultaran superiores a las esperadas y no pudieran ser completamente compensadas por las mejoras introducidas en la estructura de ingresos del sistema.

 

El origen de los nuevos ingresos proviene fundamentalmente de:

  1. a) las modificaciones introducidas en el régimen de cotización de los trabajadores autónomos, que pasarán paulatinamente a cotizar por sus ingresos reales;
  2. b) de la puesta en marcha de un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sustituyendo así al Factor de Sostenibilidad (FS) creado en la reforma de 2013, que incrementará hasta 1,2 porcentuales la cotización en todos los regímenes y nutrirá la hucha de la SS (el Fondo de Reserva) con el objetivo de alimentar el sistema en los momentos de mayor crecimiento del volumen de jubilados procedentes de las generación del baby boom(especialmente intensos en la década de los años 30 del siglo);
  3. c) del incremento de la bases máximas de cotización y
  4. d) de la creación de una cuota de solidaridad soportada por aquellos activos con mayores salarios.

 

Considerando el efecto final de todas las modificaciones introducidas sobre el gasto proyectado de las pensiones sobre el PIB, la reforma introduce un importante elemento de ajuste para mantener la estabilidad definida para el sistema, que básicamente recaerá sobre la tasa de cotización. El objetivo consiste en no superar el límite del 15% de gasto total en pensiones sobre el PIB  y para gestionar este objetivo se establece una revisión trianual del MEI, en función de la marcha de losingresos y gastos del sistema. La previsión, por tanto, es que las desviaciones sobre el límite de gasto recaigan básicamente en incremento de cotizaciones. Y aquí es donde el debate puede ser más intenso pues considerando el margen de incremento de presión fiscal a través de las cotizaciones sociales que puede tener la economía española, sin afectar de forma adversa a las variables macroeconómicas (la productividad del trabajo y los márgenes comparativos con nuestros socios/competidores comerciales)

 

Es probable que en el futuro sea conveniente tener en cuenta el resto de los parámetros del sistema —no solo los ingresos— para equilibrar la evolución sostenible de las pensiones y esta era precisamente la lógica sobre la que descansaban los principios del Factor de Sostenibilidad (FS) apuntados en la reforma de 2011.

 

Junto a ello, es posible que puedan abordarse algunas modificaciones como la prestación por desempleo que serán susceptibles de ser trasladados al sistema de pensiones sin aumentar el tipo de cotización conjunto. Ello sería posible reduciendo la cotización al desempleo y aumentando de forma equivalente la cotización por contingencias comunes que es la que financia el sistema de pensiones.

 

Lo cierto es que nunca suele haber reformas definitivas y tampoco esta reforma lo será, cosa muy diferente que es que esta última reforma esté enfocada realmente a asegurar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro de sistema público y pensiones y, al respecto, existen demasiadas voces (Banco de Espala, la Airef, la OCDE,…) que lo cuestionan. Veremos pues, como siempre, el futuro está por ver y nada está escrito sobre piedra.

 

EL FUTURO PRÓXIMO

Lo cierto es que las previsiones para las próximas décadas siempre plantean la duda de si se cumplirán o no. De si debemos ser pesimistas u optimistas. Pero esto es lo que, hoy por hoy, hay:

 

– Generosidad: España es el segundo país más generoso y la tasa de reemplazo ( ratio cuantía de la pensión pública y el último ingreso de la rentas del trabajo) asciende al 80,4% mientras la media de la OCDE es del 50,7%.

 

– Demografía: somos el segundo país con una tasa de fertilidad más baja y el cuarto con una esperanza de vida más elevada a los 65, y en los próximos treinta años lo que nos dicen las cifras es que vamos a ser uno de los países en los que más va a empeorar el saldo demográfico. En España el fenómeno de la jubilación de los boomers  está empezando ahora, y en las próximas décadas los niños que no han nacido hoy no podrán ser jóvenes y las personas que ahora tienen 40 años, serán ya jubilados. El salvavidas de la inmigración depende de la cualificación de los posibles futuros inmigrantes

 

– Gastos: España ya dedica el 11,3% del PIB en financiar las pensiones y la media de la OCDE es del 7,7% y el incremento de los últimos años apunta a que iremos subiendo pues el gasto subirá al doble de ritmo que los ingresos.

 

– Impuestos:  un salario medio paga en España un 28% de su sueldo en cotizaciones que generan derecho a pensión. En la OCDE, la ratio está en el 18%. Además España tiene una tasa de empleo (porcentaje de personas con un trabajo respecto de la población entre 20 y 64 años) muy baja y una tasa de paro record en los países de la OCDE

 

Sobresalen unas preguntas fundamentales:

El inefable José Luis Escrivá siempre ha defendido que nuestro sistema es sostenible porque vamos a atraer talento de la inmigración, crear más empleo, subir salarios y cotizaciones, jubilarnos un poco más tarde, tener más hijos… Pero si esto no fuese así ¿podemos seguir pagando una prestación que sea equivalente al 80% del último salario? ¿A qué edad tendrán que jubilarse los españoles para garantizarse este nivel de pensión? ¿Qué nuevos impuestos habrá que aprobar? ¿O que otras partidas presupuestarias recortar

 

LA SEGURIDAD SOCIAL NO LLEGA NI CON LOS TRASPASOS DEL ESTADO

La tensión que acumula la Seguridad Social es tan alta que ni los préstamos del Estado pueden maquillar su déficit

 

En marzo se presentarán las cuentas de la Seguridad Social. Y menos que se les ocurra otro juego de cartas contable los datos serán muy reveladores. Según indican las proyecciones, ni los préstamos del Estado podrán esconder el déficit real de las pensiones.

 

Igual que puede reflejar una realidad económica, la contabilidad puede esconderla. O mejor aún (o sea, peor): la contabilidad puede esconder una verdad sin decir ninguna mentira. A nivel ‘macro’, la Seguridad Social es un caso paradigmático.

 

Si la Seguridad Social no presenta déficit es porque recibe traspasos del Estado. Y los traspasos del Estado van a cargo de los presupuestos, o sea, de los impuestos. Esto significa que se puede camuflar la situación real de las pensiones a golpe de chequera.

 

Pero el sistema soporta tanta tensión que, aún y con estos traspasos, todo apunta a que las próximas cuentas de la Seguridad Social no podrán maquillar el déficit. La contabilidad no da para más y el motivo está a la vista: el 2023 fue el año de llegada de los ‘boomers’ al sistema de pensiones. Y lo cierto es que este artificio contable no es especialmente sofisticado, es más, es evidente.

 

La Seguridad Social presenta sus cuentas como si los traspasos del Estado fueran ingresos propios, es decir, presentan ese dinero como si no hubiera llegado desde fuera. Ejemplo: en 2022, la Seguridad Social presentó un déficit de 7.032 millones de euros. Pero como ha explicado Fedea, si no fuera por los traspasos, ese déficit sería casi ocho veces mayor: 54.625 millones de euros.

 

Ni con todos los parados de España cotizando

Mientras dure, la sostenibilidad del sistema de pensiones se va a alargar mediante dos herramientas. Los traspasos del Estado – impuestos corrientes – y aumento de las cotizaciones a la seguridad social. En tanto que ambas herramientas son lo mismo – subir impuestos – la diferencia es algo así como diferenciar entre que te saquen sangre de un brazo o del otro.

 

Pero lo interesante es la situación real del sistema, es decir, tomar papel y boli y hacer los números. Y según el BBVA y el Ivie, para que el sistema fuera sostenible por sí solo – sin contar la llegada de los ‘boomers’ – hacen falta 3,78 millones de cotizantes más. Ni con todos los parados de España cotizando se cuadrarían las cuentas. Es más, los buenos resultados del empleo en 2023 no han sido suficientes para controlar el déficit.

 

¿Cuál es la conclusión? Que la tensión del sistema pensiones es tan alta que ni los artificios contables pueden disimularla. Ahora bien, lo más preocupante es la burbuja económica y social que genera esta dinámica. O lo que es lo mismo: si pasa algo y la realidad se impone, no será agradable.

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