El salario bruto mensual tomado como referencia pasa de 3.751 a 4.909 euros
La reforma de pensiones recoge que crecerá 1,2 puntos más que el IPC hasta 2050
La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo entre 2021 y 2023 aumentó las cargas sobre los salarios más altos como estrategia para equilibrarlas cuentas de la Seguridad Social. La ley impulsada por el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, proyectó una subida de las bases máximas de cotización hasta mitad de siglo e incluyó la cuota de solidaridad, que desde enero grava las nóminas que superan este límite. No obstante, este techo ya acumula una subida acumulada del 30% desde el año 2018.
Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno a través de la moción de censura estaba excluida la parte del salario que superara los 3.751,2 euros mensuales en términos brutos. La semana pasada, el Consejo de Ministros recuperó la barrera situada en 4.909,5 euros que había decaído como parte del decreto ómnibus, de forma que en estos siete años se ha elevado en más de 1.000 euros, sin que se haya producido una contrapartida en la pensión de jubilación que recibirán después.
El acuerdo firmado solo por los sindicatos regulaba por primera vez un criterio diferente a la evolución de los precios para llevar a cabo estos cambios. Se estableció una regla por la que de 2024 a 2050 se elevaría la base máxima de cotización en 1,2 puntos adicionales a la inflación media; mientras que la pensión máxima solo crecería en 0,115 puntos más que el IPC. Es decir, mientras se mantenga este criterio, aumentará más lo que aportan estos trabajadores que su pensión final, lo que vulnera el principio de contributividad entendido como tanto das, tanto recibes al jubilarte.
Con anterioridad a esta regla, la base máxima se elevaba dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) lo que había sido denominado por los expertos como la ‘reforma silenciosa’ del sistema de pensiones, ya que entendían que al cabo de los años había dado lugar a una modificación del modelo respecto a lo diseñado inicialmente al acercar progresivamente la pensión mínima a la máxima sin reformas.
La citada norma, aprobada en 2023 dio transparencia a este proceso, pero no contribuyó a reducir los problemas de contributividad y de equidad del sistema público. A esta ampliación se añadieron dos nuevos impuestos con fines redistributivos y no contributivos, es decir, destinados a generar un colchón extra en la hucha de las pensiones o Fondo de Reserva que se empleará para pagar las pensiones a partir de la próxima década, cuando el sistema alcance su pico de tensión por la jubilación de los ‘babyboomers’.
El primero de ellos es la mencionada cuota de solidaridad con la que se carga la parte del salario bruto que excede del límite de la base máxima. Este impuesto se divide en tres tramos, en función de la distancia que haya entre el salario bruto y la base máxima (si es un 10% mayor, un 50% mayor o si llega a duplicar este límite). A cada una de estas franjas se le aplica un tipo diferente que crecerá de forma progresiva hasta 2045. Este año están situados en un 0,92%, 1% y 1,17% respectivamente y a mediados de la década de los cuarenta llegarán al 5,5%, 6% y 7% respectivamente.
Además, la citada reforma también creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que a diferencia del anterior, se carga sobre todas las nóminas y crecerá desde el 0,8% actual al 1,2% que alcanzará en 2029. No obstante, es la empresa la que asume la mayor parte de este impuesto, puesto que se decidió repartir en una proporción cinco a uno entre la compañía y los trabajadores en la ley de 2021.
El análisis elaborado por varios autores del Banco de España en 2023 a partir de los datos de Seguridad Social, concluyó que los incrementos de la base máxima afectan en mayor medida a los hombres que a las mujeres, a las personas en edades medianas más que a los jóvenes y también, a los cotizantes con una titulación superior, por la distribución de los salarios en la tabla poblacional. Además, están concentrados, en una mayor proporción, en empresas de gran tamaño.
Este sistema de ingresos tendrá que superar este año el examen de la AIReF, el organismo que debe determinar si las vías de ingresos diseñadas serán suficientes para evitar un desequilibrio de gasto. De lo contrario, se tendrán que negociar medidas adicionales o subir el MEI.
Fuente: La base máxima de cotización acumula un alza del 30% desde que gobierna Sánchez
