LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¡¡¡ NO VUELVA USTED MAÑANA, TAMPOCO ESTAREMOS !!!

Citas previas, departamentos bunkerizados sin visitas y el teletrabajo dificultan el acceso a las administraciones públicas. Las críticas crecen y ponen en el punto de mira la gestión de un sistema público que emplea al 20% del total de asalariado

 

Según la EPS del IV trimestre de 2022, la ocupación aumentó este trimestre en 20.000 personas en el sector público, pero desciende en 101.900 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 228.200 personas en el sector privado y en 50.700 en el público.

 

En los últimos años ha habido un extraordinario aumento del empleo público (sin tener en cuenta la afección de la pandemia en el personal sanitario y educativo), y de los 3,5 millones de empleados públicos que hay en 2023, 2,4 millones tienen contrato indefinido y 1,1 millones son temporales.

El empleo público bate récords y las quejas también. “No hay derecho a que llamemos a resolver problemas y nadie nos coja el teléfono o que vayamos a los edificios administrativos y parezcan tiendas de saldo porque solo hay mesas, sillas y muebles”.

 

La pandemia ha dejado una herencia envenenada: aumento exponencial de citas previas para hacer gestiones, departamentos que solo atienden consultas telefónicas o por correo electrónico y puestos vacíos como consecuencia del teletrabajo. Las críticas se multiplican y ponen en el punto de mira la gestión de un sistema público que emplea al 20% del total de asalariados  distribuidos por todos los niveles de las administraciones públicas.

 

La gran incógnita es el control de estos empleados cuando ni siquiera presencialmente existen parámetros similares al sector privado para medir su productividad

 

Incluso los gestores públicos reconocen situaciones lamentables en el desarrollo cotidiano de esta administración y admiten sin rodeos que algunas veces “es más fácil hablar con un Director General que con el funcionario”.

 

El Gobierno, como respuesta a la crisis energética, viene aplicando un máximo de 3 días de teletrabajo y 2 presenciales para aquellos empleados públicos que su ocupación lo permita. En algunas comunidades autónomas como Baleares y Asturias acaban de reglamentar el teletrabajo de forma estable en los primeros días de febrero y lo han hecho de manera dispar; en Baleares podrán desarrollar su tarea hasta 4 días fuera de las oficinas y en Asturias segundo solo se permiten 2. La mayoría de las autonomías están pendientes de una regulación definitiva y, por el momento, se mueven en una horquilla de entre 2 y 3 días.

 

Sobre el papel, y destacando que hay empleados públicos ejemplares, todas las reglamentaciones aseguran que se establecerán mecanismos de control, pero queda por dilucidar cómo se ejecutará en la práctica. Mientras, se espera la aprobación de la nueva ley de Función Pública del Estado por la que sus asalariados podrán ser apartados de su puesto si no cumplen de forma adecuada las tareas.

 

No solo el teletrabajo está cuestionado. Se han multiplicado las citas previas como paso ineludible para acceder a un gran número de servicios públicos y lo que podía ser un factor positivo para realizar cómodamente las gestiones, también está suponiendo considerables retrasos para efectuar algunos trámites.

 

Retrasos o directamente absoluta imposibilidad. Es lo que sucede en la Seguridad Social para intentar solventar aspectos tan sensibles como la pensión, la incapacidad temporal o el ingreso mínimo vital y cuyo origen es la falta de personal, según denuncian los sindicatos.

 

Aunque siempre quedan las viejas prácticas del siglo XX: sumarse a largas colas, que se inician desde la madrugada a las puertas de estos centros, para intentar hacerse con uno de los turnos que se reparten

 

173 años han pasado desde que Mariano José de Larra escribió su artículo Vuelva usted mañana, pero hoy ni siquiera es posible “volver mañana”.

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