Actualmente el SMI afecta cerca de dos millones de personas, y está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27. En base al mismo se le atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía, con carácter previo a adoptar la decisión correspondiente es preceptivo que consulte a las organizaciones empresariales y sindicales. También se determinan los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la cuantía del SMI: el índice de precios al consumo, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional.
En 1894 se reguló por primera vez en Nueva Zelanda un salario mínimo para todo el país. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1928 acordó el Convenio número 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos que España ratificó en 1930. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue instituido en España en 1963 y desde la recuperación de la democracia se han producido importantes mejoras del SMI aunque en estos últimos 45 años la evolución de los precios ha sido superior a la que ha tenido el SMI.
La recién aprobada Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE, está en vigor desde el pasado día 14 de noviembre de este mismo año, y tiene como objetivo lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas y fomentar la negociación colectiva sobre la fijación de salarios.
En los últimos 14 años nos hemos enfrentado a tres grandes crisis globales: la financiera de 2008, la de la covid-19 en 2020 y actualmente a la guerra en Ucrania. Todavía hay muchos problemas sin resolver de la primera de ellas , seguimos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus, y ahora nos enfrentamos con la crisis energética y el descontrol de los precios.
Las medidas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera, como la devaluación salarial y los recortes en la protección social, provocaron un aumento de las desigualdades y de la pobreza que aún persisten. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%.
En 2021 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) se situó en el 27,8% de la población residente en España. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini, siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020.
Con los acuerdos para el Gobierno de coalición se asumió el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura en cumplimiento del Carta Social Europea, con este fin, desde inicio de la legislatura se viene trabajando en la mesa de diálogo social, y también se creó una comisión de expertos. Desde 2018 el SMI ha crecido un 36%, un incremento acumulado que ha permitido una mejora de más de 20 puntos en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras que lo perciben, y que ha beneficiado en particular a los jóvenes y las mujeres.
Ante la presión que está ejerciendo la inflación sobre las rentas de las personas trabajadoras que azota a toda Europa, varios países ya han anunciado los incrementos de sus salarios mínimos para 2023, incrementos que se sitúan en una horquilla que va desde el 5,6% aprobado por Francia al 18,9% de Lituania. En Bélgica subirá al 13%; Alemania un 15%; Holanda el 10%, Grecia un 9,7%, o Portugal al 6%. El actual Gobierno conservador británico ya aprobado un aumento del salario mínimo de casi un 10%
El crecimiento de los salarios reales en España cayó bruscamente en 2021 y prevé que siga cayendo en torno a un 4,5% en 2022. Los salarios pactados en los convenios colectivos de trabajo en lo que va de año solo han aumentado un 2,6% cuando la evolución del IPC de octubre fue del 7,3%. En 2022 se están actualizado un 20% menos de convenios que en 2019. El resultado es la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras que se refleja en la reducción de la participación de las rentas del trabajo en el PIB, pues en el 3 trimestre de 2020 representaba el 51,8 y en el 3 trimestre de este año solo llega al 47,6%, pese que ahora hay 1,2 millones de empleos más que en 2020. La actualización del SMI para 2023 debería de producirse de acuerdo con los parámetros europeos y en la cuantía suficiente para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por el mismo.
