El sistema público de pensiones de España ha aplicado sucesivas reformas para buscar su sostenibilidad, como la Ley 27/2011, la Ley 21/2021 o el Real Decreto-ley 2/2023. A pesar de estos esfuerzos legislativos, los resultados no parecen dar los frutos esperados y, mientras España sigue dependiendo de que la pensión provenga mayoritariamente del Estado, Europa avanza hacia la diversificación de la previsión social. Un rumbo que seguido Irlanda, cuyo Gobierno ha confirmado que el 1 de enero de 2026 activará el programa My Future Fund, un fondo de capitalización individual nutrido por aportaciones de trabajadores, empresas y el propio Estado.
Este movimiento alinea a Dublín con las economías más reformistas del continente, como Suecia, y contrasta con la parálisis estructural del sistema español. Según el informe publicado por el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, al que ha tenido acceso NoticiasTrabajo, la comparación de los datos es elocuente, pues mientras Suecia ha logrado estabilizar su gasto público en pensiones en el entorno del 7,2% del PIB gracias a sus reformas de los años noventa, la Comisión Europea proyecta que el gasto en España escalará hasta el 16,7% en las próximas décadas si no se introducen mecanismos de corrección.
Irlanda y la regla del 331
Siguiendo esta lógica de diversificación, Irlanda implementará en 2026 su propio esquema de capitalización. Según ha detallado el Departamento de Protección Social irlandés, el nuevo My Future Fund inscribirá automáticamente a todos los empleados de entre 23 y 60 años que ganen más de 20.000 euros anuales y no dispongan de un plan privado.
El esquema irlandés se basa en la incentivación, en otras palabras, que por cada tres euros que ahorre el trabajador, la empresa aportará otros tres y el Estado añadirá uno adicional. Las tasas de cotización comenzarán en un modesto 1,5% del salario en 2026 y crecerán progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2035. Los fondos serán gestionados por una autoridad independiente, la NAERSA, y, a diferencia del sistema de reparto español, el dinero acumulado es propiedad del trabajador: si cambia de empleo, su “mochila” de ahorro viaja con él.
El ministro de Protección Social irlandés, Dara Calleary, ha calificado la medida de “histórica”, subrayando que el objetivo es evitar que los trabajadores dependan exclusivamente de la pensión estatal básica para mantener su nivel de vida.
Un aviso a las pensiones de España
Así y por todo lo explicado las conclusiones del análisis comparado con la situación española es, que España presenta la tasa de sustitución más generosa de los países analizados (la pensión cubre un 86,4% del último salario medio, frente al 55,3% de Alemania o el 46% de Chile), pero esta generosidad se asienta sobre unos pies de barro financieros.
El estudio avisa y alerta de que, sin la introducción de un pilar de capitalización que complemente el reparto y sin mecanismos de ajuste automático como los suecos, la presión sobre las generaciones jóvenes será insoportable. La deuda pública española, que supera el 105% del PIB, contrasta con el saneado 36,4% de Suecia, país que ha logrado desvincular el riesgo demográfico de la solvencia del Estado.
“El modelo actual es insostenible sin mecanismos de ajuste automático y ahorro complementario”, advierte el informe. Mientras Alemania debate subir el IVA para blindar sus pensiones y crea un fondo soberano insuficiente, y mientras Irlanda y Suecia apuestan por la capitalización, España se mantiene como una anomalía en Europa, ya que un país con pensiones altas para los estándares de sus salarios, pero con una factura que las futuras generaciones tendrán serias dificultades para pagar.
