Nadie quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones
Un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y uno contributivo. Lamentablemente, nuestro sistema es casi exclusivamente de reparto
La revalorización de las pensiones demuestra que nuestro Estado del bienestar atraviesa una situación muy compleja y que, sin embargo, una solución política parece inalcanzable. Todos los partidos han demostrado ser rehenes de la realidad electoral: en España, solo se ganan elecciones con el voto de los jubilados.
Al ver extractos de programas de televisión sobre pensiones, es desolador escuchar tanto a los «expertos» como al público ignorar las grandes cifras. Aunque estos debates puedan parecer irrelevantes, revelan un problema profundo de nuestra sociedad: el español medio aún no entiende qué es una restricción presupuestaria ni las magnitudes clave del presupuesto público, tanto en ingresos como en gastos.
Los pensionistas actuales no tienen «derechos» acumulados sobre su pensión en el sentido jurídico estricto del término, como sí los tiene, por ejemplo, el propietario de una vivienda sobre la misma. Las bases de cotización pasadas son simplemente un elemento del cálculo de la pensión, que puede modificarse por ley en cualquier momento, aumentando o reduciendo los pagos del sistema. Esta ausencia de un «derecho» a una pensión concreta es lo que establece nuestro sistema jurídico. Cualquier «derecho» es un «derecho moral» que depende de la valoración subjetiva de cada persona de lo que es «justo» o deja de serlo.
No estamos defendiendo que la renta real de los mayores de 65 años no deba estar protegida en tiempos de crisis. Pero lo que no es admisible es que no solo no asuman ni un céntimo del ajuste, sino que encima lo agraven para los demás al incrementar aún más su renta per cápita. Muchos jubilados argumentan que se sacrificaron mucho para que España creciera. Es cierto, pero también emitieron cantidades masivas de CO₂ en el proceso. Por tanto, es razonable pedirles que asuman parte del coste que la transición energética impone sobre el presupuesto público
IDEAS BÁSICAS
La idea clave es que, en España, como en la mayoría de los países, el sistema de pensiones público es de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados de hoy. No existe ningún sentido, ni contable ni jurídico, en el que las cotizaciones pasadas de un pensionista paguen su pensión actual. Esas cotizaciones ya se usaron en su momento para pagar a los jubilados de entonces.
Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero este cálculo es siempre reversible por ley. No constituye un «derecho» en el mismo sentido en que uno tiene derecho al saldo de su cuenta de ahorros. De hecho, dado el constante vaivén legislativo en España, dudo que haya muchos pensionistas que hayan cotizado bajo un mismo marco legal a lo largo de toda su vida laboral y recibido su pensión de retiro con este. A menos, claro, que trabajaran muy pocos años y murieran poco después de jubilarse, antes de que las Cortes tuvieran tiempo de cambiar nada.
Algunos comentaristas califican nuestro sistema de pensiones como un esquema de Ponzi porque depende de la entrada constante de nuevas generaciones de trabajadores. Si todos los trabajadores de España se retiraran a la vez, no habría ingresos para pagar las pensiones. Sin embargo esto sugiere que un sistema de reparto es una estafa piramidal. No lo es; es un mecanismo de reparto de riesgos entre generaciones.
Veamos qué significa esto. Imaginemos que, en lugar de un sistema de reparto, existiera un sistema de capitalización. En este modelo, cada trabajador contribuiría a un fondo de pensiones y, con el tiempo, usaría esas contribuciones y los rendimientos obtenidos para financiar su jubilación. Este sistema podría estar gestionado por el Gobierno o por una entidad privada (de manera similar, un sistema de reparto puede ser privado, como en muchas mutuas a lo largo de la historia).
Se puede demostrar que un sistema de capitalización genera rendimientos medios más altos que los rendimientos implícitos de un sistema de reparto. Pensemos en una economía simple con un sistema de reparto puro, sin superávit ni déficit: cada generación cotiza exactamente lo necesario para pagar las pensiones de la anterior.
En el primer período (supongamos que cada período dura 35 años), hay 100 trabajadores, cada uno con un salario de 200 euros. Pagan una cotización social del 40% (80 euros), lo que les deja un salario neto de 120 euros. En el segundo período, los 100 trabajadores anteriores se han jubilado y una nueva generación entra en el mercado laboral con 110 trabajadores (el empleo ha crecido un 10%, o una tasa bruta de 1,1). Cada trabajador ahora gana 250 euros (la economía ha crecido un 25%, lo que ha elevado los salarios en la misma proporción, con una tasa bruta de 1,25). Siguen pagando una cotización social del 40% (100 euros). Todas las cifras están en valores reales, es decir, ya descontado el efecto de la inflación. Es decir, que en el segundo período, la recaudación total por cotizaciones sociales es de 11.000 euros (110 trabajadores pagando 100 euros cada uno). Al repartirse entre 100 jubilados, cada uno recibe 110 euros, o una tasa de reemplazo del 91,66% (110 euros de pensión/120 salario neto). Como en el período anterior la cotización social fue de 80 euros, la tasa de rendimiento del sistema de reparto es 110/80 = 37,5%. Si multiplicamos la tasa bruta de crecimiento del empleo (1,1) por la tasa bruta de crecimiento de la economía (1,25) y restamos uno, obtenemos exactamente ese 37,5% (1,1×1,25-1 expresado como porcentaje).
En comparación, un sistema de capitalización genera un rendimiento medio igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo y multiplicado por la inversa de la tasa de descuento intertemporal de la economía, menos uno. Dado que la inversa de esta tasa de descuento intertemporal es mayor que uno, el sistema de capitalización ofrece mejores medios rendimientos que el sistema de reparto precisamente por este factor.
La palabra clave aquí, sin embargo, es «el riesgo». El primero es que, justo cuando me jubile (o poco después), una crisis financiera reduzca drásticamente el valor de mis activos. Se puede intentar mitigar este riesgo trasladando la inversión a activos más seguros, como deuda del Estado, a medida que se acerca la jubilación. Sin embargo, calibrar la velocidad de transición es complejo. Además, mantener una cartera excesivamente conservadora, incluso después de jubilarse, rara vez es la mejor estrategia de inversión.
El segundo riesgo es el de supervivencia: si me jubilo a los 67 años, no sé cuánto tiempo viviré y debo calcular una tasa de retiro segura. Es decir, la cantidad mensual que puedo extraer de mi plan de jubilación para evitar quedarme sin dinero antes de morir, pero también sin acumular más riqueza de la que podré disfrutar (o que quiera dejar en herencia). Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Sin embargo, estas suelen ofrecer rendimientos bajos. Además, lo que es casi más grave, está el riesgo de que la entidad financiera que vendió la renta vitalicia quiebre.
Un sistema de reparto cubre, al menos parcialmente, estos dos riesgos. Si una crisis financiera grave golpea la economía en torno a mi edad de jubilación, el Estado puede emitir deuda pública para cubrir déficits transitorios del sistema y sostener el valor de las pensiones (o reducirlo mínimamente). Además, la pensión de reparto se cobra de forma vitalicia, distribuyendo el riesgo de supervivencia entre todos los participantes.
Por ello, un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y un pilar de capitalización (que puede ser gestionado por el Estado central).
Lamentablemente, en España, nuestro sistema de jubilación es casi exclusivamente de reparto.
El gran problema es que, una vez instaurado un sistema de reparto, cambiar a uno basado en la capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces: las cotizaciones sociales para cubrir las pensiones actuales y las contribuciones a su propio plan de jubilación. Por más que se hagan números, casi nunca cuadra.
El problema fundamental de nuestro sistema de reparto es que la recaudación de las cotizaciones sociales en este momento es muy insuficiente para cubrir las pensiones actuales. El sistema de reparto entró en déficit en 2010. Desde aquel año, el déficit contributivo no ha hecho más que crecer de manera prácticamente ininterrumpida. En 2024 2024 el gasto en pensiones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros (precios de 2024), un 14,26% del PIB de España.Esto significa: uno de cada siete euros que genera la economía española se destina al pago de estas pensiones contributivas y de clases pasivas. Pero además los pensionistas no solo reciban esa proporción del PIB. Perciben muchos otros ingresos adicionales.
En 2024, el gasto total del sistema ascendió a 242.253 millones de euros, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos, sin transferencias del Estado, fueron de 176.047 millones, un 11,10% del PIB, lo que dejó un déficit total de 66.206 millones de euros, equivalente a un 4,17% del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos (que, al final del día, son lo mismo).
Por ejemplo es tema de la vivienda. Un ingreso adicional y que casi siempre se nos olvida es el de los alquileres de las viviendas en propiedad. España cumple, al elaborar su contabilidad nacional, con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. El sistema europeo, como prácticamente todos los sistemas de contabilidad nacional, considera que el alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios forma parte de la producción, la renta y el gasto en consumo final de los propietarios.
¿Qué significa esto? Imaginemos que un jubilado con una pensión contributiva de 28.000 euros anuales, vive en una vivienda de su propiedad. Si la pusiera en el mercado de alquiler, podría obtener 2.000 euros al mes, o 24.000 euros anuales. En términos de PIB, se computa que este jubilado genera una producción de servicios inmobiliarios de 24.000 euros que se «auto-vende», lo que convierte esa cantidad tanto en parte de su renta (ingresos de capital) como de su consumo. Además, dado que el IBI en España es comparativamente bajo, estos 24.000 euros de renta del capital están muy bien tratados fiscalmente. En otras palabras, la renta nacional que se lleva Pedro no son solo los 28.000 euros de su pensión, sino 52.000 euros: su pensión más el alquiler imputado.
¿Por qué la contabilidad nacional sigue este criterio? Para que el PIB no varíe según quién sea el propietario de la vivienda. Si el jubilado vendiera su casa y pagara un alquiler mensual con los intereses generados por la venta, el PIB no debería cambiar. El servicio de vivienda (el jubilado viviendo en la misma casa) sigue siendo el mismo.
Esto implica que una parte significativa de las rentas del capital va a los propietarios de vivienda, muchos de ellos que no son «ricos» bajo ninguna definición razonable. Seguramente, el jubilado propietario de su ivienda no se considera un «capitalista», pero lo es. Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España (y otras propiedades y rentas que poseen), su participación en la renta nacional es mucho mayor que el 14,26%.
EL DEFICiT ESTRUCTURAL
El sistema actual tiene un déficit descomunal que, además, no deja de crecer. Según los datos más recientes de 2024, el gasto en prestaciones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros, mientras que las cotizaciones sociales y de clases pasivas fueron de 174.250 millones de euros, lo que deja un déficit de 51.992 millones de euros. Si además excluimos las cotizaciones no contributivas, el déficit asciende a 60.136 millones de euros. Estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de la diferencia entre prestaciones contributivas y las cotizaciones que las financian. En particular, este déficit no incluye:
- Ni un solo euro en prestaciones no contributivas. Esto es absolutamente clave. Una y otra vez se repite en prensa y televisión que el déficit del sistema público de pensiones proviene de las prestaciones no contributivas, pero esto es rotundamente falso.
- Ni un solo euro en los gastos de gestión del sistema. Estos 51.992 millones de euros de déficit son antes de pagar cualquier sueldo de funcionarios de la Seguridad Social o de cubrir los gastos operativos, como la electricidad que consumen los ordenadores que procesan los pagos. De hecho, los gastos de gestión del sistema son marginales en comparación: 2.307 millones de euros.
- Ni un solo euro en todos esos mitos que constantemente se repiten como causas del déficit del sistema. No proviene de las «paguitas» a inmigrantes (que no se contabilizan en esta parte de las cuentas públicas), ni de un supuesto «despilfarro» en tal o cual cosa. Esos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de las prestaciones contributivas pagadas a los «españoles de España» que cotizaron toda su vida (o a sus esposos en caso de viudedad).
El déficit total del sistema (con gastos de gestión y prestaciones no contributivas) asciende a 66.206 millones de euros, un 4,17 % del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos. Y sí, al final del día, transferencias y préstamos son lo mismo: dinero que sale de otra parte del Estado para cubrir un déficit de otra parte del Estado
LA HUCHA DE LAS PENSIONES Y EL MEI
Hace unas semanas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, alardeó que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el nombre oficial de la «hucha llegaría a 14.000 millones a finales de 2025. Estas cifras deberían hacer sospechar al lector de inmediato. Como mencioné anteriormente, el déficit total anual del sistema es de 66.206 millones de euros. Es decir, los 9.378 millones de euros de la hucha cubren menos de 52 días de déficit del sistema.
La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones creó el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), «una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social». En otras palabras, los trabajadores y las empresas pagan una cotización extra que, en vez de considerarse un ingreso del sistema, se contabiliza en una cuenta separada.
Pero como el sistema está en déficit y este déficit se financia en el margen con deuda pública, el contabilizar por separado los ingresos del MEI y con ello reducir los ingresos «regulares» del sistema de pensiones, lo único que estamos haciendo es crear una deuda pública por un monto exactamente igual al de la «hucha». Cada euro que entra en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un euro adicional de deuda del Estado. El efecto neto total es cero (de hecho, el Fondo de Reserva se invierte en deuda del Estado, lo que deja aún más claro que esto es un juego de trileros).
Dado que estos conceptos contables pueden resultar difíciles de seguir para quienes no están especializados en el tema, pongamos un ejemplo. Imaginemos que en 2025 usted planea gastar 30.000 euros, pero solo ganará 25.000 euros con su salario habitual, por lo que prevé un déficit de 5.000 euros. Para reducirlo, decide trabajar unas horas extra los fines de semana y gana 1.000 euros más. Ahora tiene dos opciones para cubrir el déficit:
- Pedir un préstamo de 5.000 euros a su cuenta corriente (donde tiene fondos suficientes gracias a sus ahorros pasados) e ingresar en esa misma cuenta los 1.000 euros de las horas extra. En su cabeza, usted se «auto-debe» 5.000 euros, pero sabe que tiene 1.000 euros en una «hucha de horas extra» dentro de su propia cuenta, con lo que su situación no es tan grave.
- Gastar directamente los 1.000 euros de las horas extra y pedir un préstamo de 4.000 euros a su cuenta corriente.
¿Hay alguna diferencia entre deberse 5.000 euros con 1.000 en la hucha o 4.000 euros sin hucha? Ninguna. Pues bien, este es exactamente el fraude contable de la «hucha de las pensiones»: separar ciertos ingresos (en mi ejemplo, el salario de las horas extra; en el sistema de pensiones, los ingresos del MEI) para hacer creer que existe un colchón de reserva (1.000 euros en el ejemplo, 9.378 millones en el sistema) cuando la deuda neta total sigue siendo la misma. Sí, tenemos 9.378 millones de euros en el Fondo de Reserva, pero también tenemos 9.378 millones de euros de deuda del Estado adicional. Es, sin rodeos, un fraude diseñado para engañar a los votantes.
DEFICIT IMPARABLE
El creciente déficit del sistema de seguridad social amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. El sistema tiene un déficit total del 4,17% del PIB y el mismo irá aumentando durante las próximas décadas. Según las previsiones que la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía del Gobierno de España incluidas en el 2024 Ageing Report de la Comisión Europea, el gasto total del sistema público de pensiones alcanzará un máximo del 17.3% del PIB en 2050, aproximadamente cuatro puntos adicionales de PIB con respecto al gasto en la misma partida en 2024.
Si el sistema actual de pensiones sigue en vigor, con las previsiones de gasto del Ministerio de Economía, y que el resto del «gasto intocable» se mantiene. En el un supuesto «heroico» dada la evolución esperada del déficit (y los consiguientes pagos de intereses) y el aumento del gasto sanitario derivado del envejecimiento, que superará con creces los ahorros en educación por la reducción del número de estudiantes. Con estas hipótesis, el «gasto intocable» subiría al 35,4% del PIB.
La realidad es aún peor. En 2023, las administraciones públicas tuvieron un déficit del 3,5% del PIB («gasto intocable» de 31,4% más «gasto tocable» de 14,0% menos una recaudación del 41,9%). Si en 2050 quisiéramos equilibrar las cuentas con las previsiones de gasto actuales, el «gasto tocable» debería caer al 6,5% del PIB. Es simplemente imposible mantener un Estado moderno con un 10,0% del PIB (y mucho menos con un 6,5%) de «gasto tocable». Incluso los Estados liberales del siglo XIX, que no ofrecían muchos servicios públicos que hoy se consideran esenciales, gastaban más.
En resumen, durante los próximos 25 años, todas las cuentas públicas estarán dominadas por el envejecimiento y el gasto en pensiones y sanidad asociado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este gasto inminente?
EL DESPILFARRO PÚBLICO
Hay quien defiende que «no habría problema de pensiones si eliminásemos el despilfarro público». El significado de «despilfarro» varía según la ideología, para algunos, son los gastos en asesores o comunidades autónomas; para otros, el gasto en defensa o el rescate bancario. Este argumento tiene dos defectos. Como ya hemos visto que el gasto en defensa es minúsculo (un 0,9% del PIB en 2023) y el rescate bancario hace mucho tiempo que ya se pagó.
Los gastos en asesores, coches oficiales y otros conceptos, tanto en el Estado central como en las administraciones autonómicas y locales, representan una fracción mínima del gasto total. Recordemos: todo el «gasto tocable» es el 14,0% del PIB, e incluye, por ejemplo, los sueldos de militares, policías, jueces, personal de limpieza municipal o el mantenimiento de carreteras y faros. Aunque casos son indignantes en términos relativos, lo destinado a estos rubros es insignificante.
Alguien podría argumentar que también hay despilfarro en el «gasto intocable». Tal vez un sistema centralizado de educación y sanidad sería más eficiente que el actual modelo autonómico. Pero, en el mejor de los casos, los ahorros se medirían en miles de millones de euros, no en decenas de miles. Basta con comparar el coste de los sistemas educativos y sanitarios en países europeos centralizados, que suelen ser incluso más caros que el español. El grueso del gasto autonómico se destina a educación, sanidad y prestaciones sociales. Todo lo demás es marginal.
Lo mismo ocurre con algunas prestaciones sociales. Se podrían reducir o eliminar las famosas «paguitas». Pero el gasto en estas ayudas es mínimo. El verdadero coste se va en pensiones contributivas para los «españoles de España» y en su sanidad.
Se podría prescindir de un 3% del PIB: un 2% en «gasto tocable» y un 1% en «gasto intocable». Aunque sea más cómodo creer que el despilfarro es masivo y que recortarlo solucionaría todo. Pero eso solo evita afrontar la realidad: la necesidad de ajustes fiscales profundos. Supongamos que recortamos un 1% del PIB en «gasto intocable» y un 2% en «gasto tocable». En 2050, el «gasto intocable» sería del 34,4% del PIB y el «gasto tocable» del 12%, sumando un total de 46,4%. Con la misma recaudación que en 2023 (41,9% del PIB), tendríamos un déficit del 4,3% del PIB o la necesidad de subir impuestos en esa proporción.
Para entender el impacto, recordemos que el IVA recauda en España aproximadamente el 6,3% del PIB. Es decir, para cubrir ese déficit del 4,3% del PIB exclusivamente con subidas del IVA —y suponiendo que no afectara a la economía— el tipo general tendría que subir del 21% al 35%. Y como tal subida sí tendría efectos negativos, la carga impositiva real tendría que ser aún mayor.
Además si España logra reducir el gasto público un 3% del PIB, ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos? Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos. Eliminar el despilfarro» es ignorar el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad. Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra.
Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%? Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible. España puede elegir entre la insensatez del PSOE y el PP (que en este tema son indistinguibles) o la racionalidad. Tristemente, con casi total seguridad, elegiremos la insensatez.
Las medidas que pueden reconducir el sistema hacia una situación más sostenible presupuestariamente y, al mismo tiempo, más justa intergeneracionalmente:
- Primero, el cupo vasco y la aportación navarra deben incluir el porcentaje del presupuesto de la Seguridad Social que se financia con impuestos o deuda pública (que, al final, son impuestos futuros). Cuando se diseñaron estos regímenes fiscales durante la Transición, las cotizaciones sociales bastaban para cubrir los gastos del sistema, pero hoy ya no es así. En 2024, el Estado transfirió 54.005 millones de euros a la Seguridad Social, un dinero que sale de los impuestos de todos los españoles que no tributan a las haciendas forales. Mientras tanto, los contribuyentes vascos y navarros no aportan ni un solo euro a ese esfuerzo. Para corregir esta anomalía, habría que calcular con precisión qué parte del déficit corresponde a competencias no transferidas (ya que el País Vasco gestiona algunas prestaciones sociales que otras regiones no), pero en términos generales, el País Vasco debería empezar a pagar unos 3.000 millones de euros y Navarra unos 900 millones.
- Segundo, la pensión de viudedad necesita una reforma para reducir la dependencia de los supervivientes del sistema público y fomentar su reincorporación al mercado laboral. En las generaciones más jóvenes, con una brecha laboral mucho menor, esta pensión debería limitarse en cuantía y duración mientras la persona esté en edad de trabajar.
- Tercero, debemos recuperar un sistema que incorpore explícitamente la relación entre ingresos y gastos en el cálculo de las pensiones. La Ley 23/2013, de 23 de diciembre introdujo dos elementos clave para garantizar un futuro más sostenible: un factor de sostenibilidad que ajustaba la pensión inicial según la esperanza de vida a los 67 años y un índice de revalorización que vinculaba las pensiones a la evolución del número de beneficiarios, su coste y los ingresos del sistema. Aunque no era perfecta, fue una de las pocas reformas estructurales del gobierno de Rajoy. Si se hubiese mantenido en vigor, la situación actual sería muy distinta. Desafortunadamente, la ley tuvo una corta vida. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, sustituyéndolos por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, una sobrecotización finalista destinada a alimentar un fondo de reserva de la Seguridad Social que, como explicamos no es más que un fraude contable.
LAS CUENTAS NOCIONALES
La mejor forma de implementar esta reforma es adoptar un sistema de cuentas nocionales similar al de Suecia. Este modelo introduce un registro individualizado de contribuciones, donde cada trabajador acumula un saldo virtual basado en sus aportaciones y en el crecimiento medio de los salarios. La pensión final se calcula en función de la esperanza de vida y del saldo nocional acumulado, asegurando así una vinculación directa entre contribuciones y prestaciones, con una posible corrección para garantizar un mínimo para las pensiones más bajas.
Es importante entender que un sistema de cuentas nocionales sigue siendo público, de reparto y gestionado al 100% por la Seguridad Social. No hay ninguna inversión de las cotizaciones sociales; el sistema simplemente registra cuánto ha contribuido cada trabajador.
Una ventaja clave de este modelo es que crea incentivos claros para retrasar la jubilación a cambio de una pensión mayor. Esto ayudaría a aumentar la edad efectiva de jubilación, algo necesario dada la evolución demográfica. Además, resulta lógico: el nivel de salud medio de una persona de 65 años en 2025 es muy superior al de 1975. Un sistema de protección social debe reflejar este cambio y facilitar (aunque no imponer) jubilaciones más tardías. No tiene sentido, por ejemplo, que un catedrático deba jubilarse obligatoriamente a los 70 años si sigue siendo productivo en docencia e investigación.
El problema de este modelo es que generará pensiones menos generosas que las actuales, ya que buscamos equilibrar un sistema con un déficit creciente. Pero hacer recaer todo el ajuste en los trabajadores jóvenes sería inaceptable: el esfuerzo debe repartirse entre todas las generaciones. Por ello, podemos reintroducir un mecanismo de revalorización progresiva para las pensiones actuales, sustituyendo la indexación automática a la inflación por un sistema similar al de la Ley 23/2013. Este índice consideraría inflación, crecimiento del PIB y el equilibrio financiero del sistema.
Este mecanismo en ningún caso reduciría las pensiones en términos nominales. Sin embargo, dado que la revalorización podría situarse por debajo de la inflación durante la transición, el poder adquisitivo real de los jubilados actuales se ajustaría de forma progresiva y sostenible.
Como con las cuentas nocionales, se podría establecer un umbral mínimo de revalorización (por ejemplo, la inflación) para pensiones inferiores a un cierto nivel (80%-90% del salario mínimo), asegurando que los pensionistas con menos recursos no pierdan poder adquisitivo.
EL PILAR DE CAPITALIZACIÓN
Debemos introducir un componente complementario de capitalización dentro del sistema. Esto se puede lograr mediante fondos de inversión colectiva con costes de gestión mínimos. El objetivo no es generar beneficios para bancos o aseguradoras, sino ofrecer un sistema transparente, seguro y con costes mínimos para el trabajador. Recuperar el espíritu de las antiguas mutuas sociales, pero actualizado a las vidas laborales contemporáneas puede ser una solución eficaz.
La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma de este tipo, incluso con matices en los detalles. Tanto PSOE como PP dependen del voto de los mayores de 65 años, no solo por su peso demográfico, sino porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes, donde otros partidos como Vox han ganado mucho terreno. En el caso del PSOE, este efecto se refuerza por sus preferencias ideológicas, y en el caso del PP, por la ausencia de una visión clara de futuro. Por ello, ambos partidos optan por mantener el sistema actual.
SI NO HACEMOS NADA
¿Qué pasará si no hacemos nada? Hay dos escenarios posibles. El primero es el de la decadencia gradual: seguimos aplicando ajustes parciales mientras la situación de los jóvenes empeora sin cesar. Poco a poco, más y más jóvenes optan, si se quedan en España, por postergan la formación de hogares, renuncian a tener hijos o simplemente dejan de invertir en su propio capital humano, pues el retorno a esta inversión es prácticamente nulo. Peor aún, los que emigran no son los menos capacitados, sino aquellos con más iniciativa y menos tolerancia hacia el inmovilismo. Con una base impositiva menguante, la única opción es subir aún más los impuestos a los que se quedan, entrando así en un ciclo autodestructivo del que es difícil salir.
El segundo escenario es el del colapso abrupto: una crisis severa —quizás una guerra, un colapso financiero o un shock externo— nos empuja a un ajuste brutal e inmediato, como el que sufrió Grecia durante la crisis del euro. En lugar de reformas graduales y ordenadas, nos veremos obligados a aplicar recortes desesperados, con consecuencias mucho más dolorosas para todos.
El tiempo dirá cuál de los dos escenarios se materializa. Pero lo que está claro es que, si seguimos sin hacer nada, es poco probable que haya un tercero en el que todo se arregla mágicamente.
Fuentes:
Pensiones y racionalidad (III)
