Las transferencias del Estado son cada vez más necesarias para sufragar el creciente gasto de la Seguridad Social
Los años de creación de empleo récord, que el mercado laboral español encadena desde el fin de la crisis del Covid-19, no han cambiado el desequilibrio que el sistema de pensiones español sufre desde hace quince años.
Ello debido a que los gastos que afronta la Seguridad Social siguen creciendo a un ritmo inalcanzable para los ingresos por cotizaciones sociales. Un desequilibrio que obliga a que las transferencias del Estado a la Seguridad Social, con objeto de ayudar al pago de las pensiones, vayan a más en cada ejercicio. Tanto es así que hasta el mes de septiembre (últimas cifras disponibles) el Ministerio de Seguridad Social ha recibido 38.296 millones del Estado para cubrir su déficit.
Cifra que es un 17% superior a la del mismo mes de 2024 y que ya supone más del 100% de lo presupuestado para todo el año. Pero más allá del volumen, lo realmente grave es que estas transferencias ya suponen el 30% de las obligaciones contraídas con los pensionistas.
Es decir, los ingresos por cotizaciones solo aportan el 70% de los recursos. Se trata del menor porcentaje de siempre que, además, se produce pese a las medidas introducidas en la reforma de pensiones de 2021 para elevar los ingresos vía cotizaciones. Una recaudación extra que también es incapaz de acompasar los ingresos al vertiginoso ritmo al que crecen las necesidades de gasto de la Seguridad Social.
Éstas avanzan a tasas del 6% anual, impulsadas por la revalorización de las pagas al IPC. Esta decisión y el progresivo retiro de la generación del baby boom harán más insostenible las pensiones. Un escenario que obligará a que cada vez un mayor porcentaje de las nóminas dependan de los Presupuestos y, por tanto, exijan un mayor esfuerzo en el IRPFy en los demás impuestos que pagan los contribuyentes.
