En los últimos 10 años el déficit de las pensiones aumentó en 160.000 millones pero la confianza en el sistema ha caido en picado.

El sistema público de pensiones es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar español. Sin embargo, si no se actualizan sus parámetros o se lleva a cabo una profunda reforma, la transformación demográfica del país y el notable aumento de la esperanza de vida parece que podrían abocarlo a una grave crisis. El riesgo avanza inexorablemente, por lo que es necesario actuar cuanto antes aunque las soluciones no son obvias y las dificultades políticas para reformar el sistema son elevadas.

Enrique Devesa,  investigador del IVIE y coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles, avisa sobre la elevada deuda implícita del sistema de pensiones en España, que representa 3,6 veces el Producto Interior Bruto (PIB) del país, y reivindica una reforma urgente del sistema de pensiones que priorice los criterios de los expertos sobre  frente a los intereses políticos y electorales.

Insiste en que la nueva reforma prevista por el Gobierno no resuelve el grave problema de la sostenibilidad de las pensiones, especialmente, ante el aumento de gasto que se prevé en los próximos años derivado de la jubilación de los baby boomers y del aumento de la esperanza de vida.

Unas cifras ilustran la magnitud del desafío: la población mayor de 64 años pasará a representar el 31% del total en el año 2050, frente al 20 % de 2020. Por el contrario, la franja de personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) se reducirá del 65% que supone en 2020 a solo el 55% en 2050. El aumento del gasto en pensiones sobre el PIB crecerá entre 4 y 6 puntos, lo que puede elevar su peso en el PIB hasta el 16% en 2050.

Apuntó que el déficit contributivo acumulado entre 2009 y junio de 2021 ha alcanzado los 162.236 millones de euros, tras agotar incluso el fondo de reserva que se creó en los años de bonanza. En su opinión, “tenemos un problema de gasto, no tanto de ingresos, porque estos están siempre, desde finales de los años 90, próximos al 10% del PIB. Sin embargo, los gastos no siguen la evolución del ciclo económico porque dependen de cuánta gente se jubile y actualmente alcanzan el 13% del PIB

Por último, resaltó la necesidad de plantear una campaña informativa para explicar a la ciudanía cómo funciona el sistema de pensiones, ya que es mucho más generoso de lo que piensa la opinión pública y sin embargo, el grado de satisfacción que muestran los ciudadanos respecto a la gestión de las pensiones no ha dejado de caer desde 1995, cuando se establece el Pacto de Toledo entre las fuerzas políticas, y especialmente, a partir de 2009

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