HASTA LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN SE HARTAN DE PEDRO SÁNCHEZ

Sumar ve a Sánchez centrado solo en la ley de medios y exige más reformas sociales y quieren enfocar la iniciativa legislativa en medidas sociales

El partido de Yolanda Díaz asiste con escepticismo y dudas a las maniobras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La pausa de «reflexión» ya desató todo tipo de fantasmas en la formación y sostienen que quizás Sánchez ha salido «reforzado», pero Sumar no pues creen que Sánchez quiere concentrar todos sus esfuerzos en una nueva Ley de Medios, pero la apoyarían solo a cambio de más medidas sociales. Sumar ha llegado a la conclusión de que la inacción legislativa en políticas sociales- está pasando factura a nivel electoral.

Los cinco días de «reflexión» de Sánchez pillaron a Sumar de sorpresa, y ahora los de Díaz exigen que el Presidente tome medidas contundentes.  El problema es que en el entorno de Díaz sospechan que «lo único que quiere es una ley de prensa». El pasado martes, por ejemplo, las redes sociales de Sumar llegaron a lanzar incluso un zasca contra el presidente, al afirmar: «Tú también necesitas tomarte unos días. Vamos a reducir la jornada laboral».

 El «punto y aparte» que contempla Díaz es el «cumplimiento estricto» del pacto de investidura, y el objetivo de Sumar es claro: avanzar en políticas sociales, y pide a Sánchez avanzar de prisa y con ambición, aprovechando la ola de solidaridad pero sin limitarse a frenar el auge de los medios de comunicación digitales.

En Sumar creen que la interinidad de las instituciones europeas, a la espera de las elecciones del 9 de junio, ofrece una oportunidad única para acelerar en todos estos ámbitos, que para Sumar son esenciales para justificar y legitimar su presencia en un Gobierno, que, en realidad, consideran débil y cada vez más afectado por los escándalos y sospechas de corrupción.

Lo cierto es que el PSOE y Sumar anunciaron el 24 de octubre de 2023, tras tres meses negociándose, su acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición progresista , acuerdo que fue presentado por Sánchez y Yolanda Díaz en un acto público, definiendo su pacto que les permitiría continuar “cuatro años más” compartiendo Consejo de Ministros. Estas fueron son sus principales medidas:

Reducción de la jornada laboral

La medida estrella del acuerdo es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que ha propuesto Sumar y que finalmente, no sin recelos, aceptó el PSOE. La medida, no obstante, se tomaría de manera escalonada: en 2024, la jornada se reducirá tan solo hora y media, hasta las 38,5 horas a la semana o 7 horas y 42 minutos diarios, y no será hasta 2025 cuando el tiempo máximo de trabajo diario será de hora y media, lo que en términos semanales son 37,5 horas. A partir de ese año, fijaba el acuerdo, “se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas“.

La reforma del despido

Otro de los planteamientos que introdujo Díaz en la negociación es la mención a la reforma del despido. Sumar buscaba establecer un sistema por el cual la indemnización por despido se calcularía teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado al trabajador despedido por su edad, su género o su situación social, una medida que hubiera supuesto en la práctica un encarecimiento del despido para desincentivarlo. No obstante, el acuerdo únicamente planteaba la necesidad de “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”, una enunciación mucho más genérica.

Subida del salario mínimo

El Gobierno, mantendría la senda de subidas del salario mínimo de los últimos años. En concreto, se establece que el indicador, que actualmente se sitúa en 1.080 euros brutos en 14 pagas, “seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo”. Y, además, el acuerdo especificaba que se modificará el Estatuto de los Trabajadores para vincular este indicador al sueldo promedio español y así convertir en obligatorio que aumente anualmente “acompasado al 60% del salario medio”.

“Plan de choque” para parados mayores

El texto incluía, asimismo, el compromiso de poner en marcha “un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años”. Se apuntaba que: “Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024 que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación”.

Vivienda:

Uno de los elementos del acuerdo fue el compromiso de crear, a largo plazo, un parque público de viviendas que equivalga al 20% del total de pisos en España.

También ponían la lupa en el alquiler y aseguraban que “se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres”.

Otra de las grandes reivindicaciones de Sumar era incluir una reforma de la ley de vivienda para limitar los alojamientos turísticos aunque se limita a señalar que el Gobierno “revisará la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas”, pero no detalla qué medidas se tomarán al respecto.

Más concreta es la intención de convertir en estructural el bono joven de 250 euros al mes para alquileres que cuesten hasta 900 euros. La idea era que esa ayuda, que pueden cobrar los ciudadanos de hasta 35 años, “se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación para llegar a toda la población joven”.

Además se incluía:

  • la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, desde las actuales 16, el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal,
  • se incluía la ampliación de la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública para ofrecer en el Sistema Nacional de Salud servicios de salud bucodental, salud visual y salud mental
  • compromiso a seguir aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas.
  • el mantenimiento para todos los ciudadanos de la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024,
  • la puesta por la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media,
  • la revisión de los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar en el año 2030 el objetivo de que el 48% de la energía utilizada sea renovable (que debería ascender al 81% en lo relativo a la energía utilizada para generar electricidad) y se planteaba la necesidad de presentar emisiones netas nulas en 2050
  • el compromiso de impulsar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura aunque en el acuerdo tampoco existía demasiada concreción, más allá de que se planteará la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto” y “una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes.
  • la puesta en marcha de un suelo en el impuesto de sociedades (el que pagan todas las empresas por los beneficios obtenidos) evitando que ninguna compañía pueda tributar menos de un 15% de sus ganancias anuales, el mantenimiento de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas que tienen una vigencia temporal (y solo estarán activos hasta el 31 de diciembre de 2024)

 

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