La Comisión Europea espera poder transferir los primeros desembolsos asociados al fondo Next Generation EU durante los primeros días de agosto. El fondo está compuesto por un total de 750.000 millones de euros que la UE está financiando con la primera emisión conjunta de deuda que lleva a cabo el Ejecutivo comunitario.
El paquete de transferencias directas a España suma casi 70.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables a recibir hasta 2023. A partir de entonces, y hasta 2026, se tiene también la opción de recurrir a los créditos blandos, que en el caso español suman otros 70.000 millones de euros, hasta sumar así un total aproximado de 140.000 millones.
España tiene asignada una prefinanciación inmediata de 9.000 millones de euros a los que podrán sumarse otros 10.000 millones antes de que termine el año 2021. Este segundo tramo, como el resto de las subvenciones que el país reciba hasta 2023, dependerá del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos a los que España se ha comprometido ante Bruselas, fundamentalmente las reformas del mercado laboral, la de pensiones o la fiscal
Además de los 19.000 millones de este año, el calendario que maneja Bruselas es que España reciba 13.800 millones en junio de 2022, el mayor montante previsto ligado a reformas sobre el mercado laboral. Posteriormente le sucederá otro pago de unos 7.000 millones a finales de 2022, otro de 11.500 millones a mediados de 2023 y de 8.000 millones en diciembre de ese ejercicio. Otros 9.000 millones llegarían a mediados de 2024, en torno a 4.000 millones un año después y finalmente 4.500 millones más en junio de 2025.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 una partida de 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos, lo que supone unos 8.000 millones más de los que finalmente llegarán en 2021, por lo que España tendrá que anticipar el dinero hasta que lleguen el resto de inyecciones económicas.
Por intentar comprender lo que estas cifran astronómicas representan podemos decir que el gasto anual de la SS en las pensiones contributivas ascienden también, en números redondos, a unos 140.000 millones de euros al año. Pero estos fondos no pueden usarse para financiar gastos corrientes sino que deberán utilizarse para implementar programas de transición energética, movilidad sostenible, rehabilitación de vivienda, modernización de las administraciones públicas o digitalización de pymes, entre otras inversiones.
El fin último de los fondos es que Europa no solo se recupere de la crisis económica causada por la pandemia sino que además los países miembros transformen y refuercen su economía, mejoren las perspectivas laborales y la igualdad, completen la transformación digital y la transición ecológica y conviertan en 2050 el territorio de la Unión Europea en la primera región del mundo con neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la UE se equilibren y sean iguales o menores a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta.
