EL CLIENTELISMO POLÍTICO Y EL NUEVO CONTRATO SOCIAL

El contrato social es un acuerdo realizado por los miembros de un grupo con el objeto de convivir pacíficamente, y que les otorga ciertos derechos a cambio de ciertos deberes con la comunidad. Los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social y el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Pero un mayor número de derechos implica mayores deberes y, además, los derechos y los deberes no son inmutables en el tiempo.

 

Dentro del contrato social, en su aspecto de las relaciones de producción de bienes y servicios, pueden resumirse las tipologías de las clases sociales históricas en las siguientes:

  • Clase alta:Sus individuos cuentan con altas rentas pues cuentan con la propiedad de medios de producción, la “tierra” y “el capital” por lo que pueden emplear a otros individuos para que con su «trabajo” produzcan los bienes y servicios a los que se encaminan sus inversiones y así incrementar su propio “capital”.
  • Clase media:Es el estrato más amplio en las sociedades. Sus integrantes a menudo cuentan con una capacidad económica intermedia, que les permite la subsistencia y poseer algunas propiedades. Sus rentas provienen fundamentalmente de su propio trabajo.
  • Clase baja: Su nivel de renta es bajo, por lo que su poder adquisitivo les produce una vulnerabilidad económica y social. Su formación es escasa y, en consecuencia, las rentas de su trabajo son bajas pues se dedican a actividades poco remuneradas.

¡O ASÍ ERA, AL MENOS HASTA AHORA, EN TEORÍA!

 

Con los cambios de los tiempos (globalización, concentración del capital, altas tasas de paro, aumento esperanza de vida, “Estado de Bienestar”,…) ha habido una permuta y hoy en día las nuevas clases sociales son:

 

  • RICOS (la clase alta): Viven de las rentas de su propio patrimonio sea este en forma de “tierra” (patrimonio inmobiliario) o de “capital” (patrimonio a invertir). No precisan de los ingresos del tercer factor de producción, el propio trabajo, para hacer frente a sus gastos.

 

  • LOS NO TRABAJADORES (“la nueva clase media”, por el aumento de su número): Sus gastos (de poca entidad en todo caso) se financian a través del Estado de Bienestar (subsidios, subvenciones, rentas mínimas sociales,…) sin necesidad de trabajar/producir riqueza. A veces también “trabajan” pero de forma subterránea y así no colaboran en los ingresos del Estado de Bienestar del que, sin embargo, viven (o malviven). Sus ingresos están asegurados por el Estado y no pagan impuestos ni directos (IRPF) pues no trabajan ni poseen capital, ni indirectos (IVA) pues consumen muy poco.

 

  • TRABAJADORES (la “nueva clase baja”, pues cada vez es menos numerosa): Se financian con el factor trabajo para hacer frente a sus gastos corrientes: vivienda, educación, salud y consumos (alimentación, vestido y consumos de agua, energía, comunicación, transporte,…). Además, deben contribuir a la comunidad a través de los impuestos sobre el trabajo (IRPF), el consumo (IVA) y las cotizaciones sociales para financiar las diversas prestaciones sociales, tanto suyas propias como del resto de la comunidad. Según los estudios, la clase media está dirigiéndose hacia la extinción, pero buena parte de la población considera que forma parte de ella. España es, según los estudios, junto con Suecia el país donde más población ha abandonado la clase media

EL CLIENTELISMO POLÍTICO

Además, Los políticos generan unas rentas, a costa del contribuyente, que luego reparten entre los suyos: aquellas organizaciones alineadas ideológicamente son poco críticas con el gobierno o les aseguran una masa de votantes estable entre un colectivo determinado

 

En España existen miles de organizaciones que se financian en gran medida gracias a las subvenciones. Desde los partidos políticos, pasando por sindicatos, entidades empresariales, culturales, taurinas, gastronómicas, feministas o LGBT. Sin desdeñar la actividad tan importante que realizan algunas de ellas, no podemos estar seguros de que todas esas subvenciones se utilizan para generar valor en nuestra sociedad

 

Los grupos subvencionados tienen grandes incentivos para entrar en el juego clientelar. En primer lugar porque en un país con una sociedad civil tan débil y con tan poca tradición de mecenazgo privado, necesitan del dinero público para sobrevivir. Un estudio realizado recientemente revelaba que de dos de cada tres de las principales ONG obtenían, al menos, el 50% de sus ingresos del Estado, vía subvenciones públicas. Cuando una organización depende de una subvención para desarrollar su actividad los intereses de sus miembros se ven más comprometidos, y por supuesto supeditados a lo necesario para su consecución. Un ejemplo de esto son los sindicatos cuyos dirigentes, en nuestro país, gozan de una relación con el poder político privilegiada. Este privilegio se plasma tanto en la figura de los liberados sindicales, que les permite trabajar para su organización a costa de la empresa; como en el rol que les otorga la ley como representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.

 

Las consecuencias del clientelismo y de la captura de rentas son diversas.. El gasto en subvenciones públicas supera los 15.000 millones de euros anuales, lo que equivale a alrededor de un 23% del presupuesto que se destinó a educación.

 

Además, en vez de dejar que sean los individuos con sus membresías y su actividad los que señalen a las organizaciones más eficientes en la consecución de sus objetivos y que más les representan, las subvenciones actúan alterando su comportamiento y laminando la pluralidad. Si sabemos cuáles son las organizaciones que mayor influencia tienen en un ámbito concreto porque así lo han decidido los políticos con sus asignaciones monetarias o sus privilegios regulativos, los incentivos para apoyar a organizaciones que renuncian a esos beneficios, o incluso los incentivos para organizarse de forma paralela a estas, son muy bajos. Por último, estas distorsiones también afectan a la actividad de las propias organizaciones. Estas, que en la mayoría de los casos tienen asignada una subvención cuya consecución no les resulta demasiado costosa, no tienen ningún incentivo para ser más inclusivas o innovadoras en su planteamientos y reivindicaciones. Deben limitarse a hacer aquello que les permita seguir asegurando su subsistencia.

 

Casi en paralelo, las dos estadísticas que dan cuenta del número de empleados públicos -el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones y la Encuesta de Población Activa (EPA)- reflejaban la mayor cifra de funcionarios de sus series históricas. Mientras, otro gran colectivo, el de los pensionistas actuales, que agrupa a casi diez millones de ciudadanos, recibía unas semanas antes buenas noticias por parte del Ejecutivo. Sus pensiones no se tocarán en los próximos años y subirán con la inflación. Un hito que pagará la generación del ‘baby boom’ con más trabajo o con menos pensión.

 

El Consejo de Ministro acaba de anunciar «la mayor oferta de empleo público de la historia“ de casi 30.500 plazas, 9.500 de promoción interna. La acordada subida anual de las pensiones con el IPC del año anterior blinda las pensiones frente a la pérdida de su valor. Hasta 12,7 millones de pensionistas -votantes de los dos grandes partidos-  y funcionarios no tendrían nada que objetar al Gobierno que ha sabido agradarles. Los PGE se apoyan en una lluvia de fondos de la Unión Europea -hasta 140.000 millones de euros- que empezarán a repartirse en breve. También el BCE ha lanzado una sucesión de programas de compra de activos y ha llevado el precio del dinero hasta el entorno del 0%.con lo que los intereses derivados de la deuda llevan cinco años estancados entre los 30.000 y los 35.000 millones de euros, a pesar de que las obligaciones del Tesoro no solo no se han mantenido constantes, sino que se han disparado en más de 300.000 millones de euros. Pero una subida de apenas cien puntos básicos tendría el efecto de elevar un 50% el coste de financiar la deuda, lo que en términos monetarios significa que subir al 1% los tipos de interés aumenta en 15.000 millones de euros el pago anual de intereses asociados a la deuda pública que tiene el Tesoro español en circulación.

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