En Baleares hay tres veces más personas cobrando el paro que parados
El gasto medio por persona sube un 13,7%
Las nuevas prestaciones por desempleo revelan que el despido gana terreno para acabar en el paro
El desempleo en España se ha visto atrapado en una contradicción difícil de explicar. El gasto en prestaciones se incrementó en 2024 un 6,46%, con un avance del 13,43% por usuario, mientras la tasa de cobertura alcanza un récord histórico para un mes de enero del 74,1%. Pero el paro baja a un ritmo interanual del 6% y el número de beneficiarios de prestaciones y subsidios lo hace en un 5,43%, tras una caída del 10,73% en el número de solicitudes. Esta sorprendente evolución responde a un cambio en las prestaciones, que desde 2023 son más ‘generosas’, pero su efecto se ha visto incrementado por dos factores que derivan de la reforma laboral: más despidos y más personas percibiendo la ayudas que no son parados, es decir, fijos discontinuos inactivos.
El Ejecutivo incide en que esto se debe a la ‘reversión’ de los recortes en la prestación por desempleo. Hace dos años, el porcentaje de la base reguladora sobre el que se calcula la prestación a partir del sexto mes subió del 50% impuesto por el Gobierno del PP en 2012 al 60%, lo que, según los cálculos de Trabajo se traduciría en un incremento medio de la cuantía media de la prestación de 100 euros. Pero las cifras reales publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) rompen esa previsión y muestran que entre enero 2023 y enero de 2005 el aumento ha sido del doble, 205 euros. Y, además, el crecimiento interanual se ha acelerado en los últimos meses, más que el del gasto total. ¿Qué está ocurriendo?
El incremento del gasto contrasta con el retroceso interanual del 5,43% en prestaciones. En enero sumaron 1,83 millones, de los que 958.466 eran prestaciones contributivas (que crecen un 5,1%) mientras que las ayudas de nivel asistencial retrocedieron un 14,4% hasta los 784.324.
Como hemos contado en elEconomista.es, la reforma laboral ha provocado un cambio en el acceso al desempleo: las prestaciones generadas por el despido de un trabajador con contrato indefinido han ganado peso mientras las causadas por la finalización de contratos temporales han descendido. Estas últimas suelen ser más reducidas porque se generan desde empleos de muy corta duración y salarios más bajos, con lo cual la prestación no suele superar el umbral de los seis meses, aunque en un mercado laboral marcado por la volatilidad como el español siguen teniendo un importante efecto en la factura del desempleo.
Por otro lado, la reforma de la protección asistencial por desempleo incluía un aumento de la cuantía inicial del subsidio ordinario por desempleo, que iba descendiendo según pasa el tiempo. Pero su impacto se ve compensado por el abultado recorte de los beneficiarios (un 16,6% interanual). Esto implica que el grueso del incremento responde a las prestaciones contributivas, que son las primeras que se perciben, y las más cuantiosas.
En otras palabras, no hay más gente cobrando ayudas por desempleo, pero los que lo hacen parten de prestaciones cada vez más altas y, además lo reciben durante más tiempo que antes, lo que no solo contrarresta el ahorro generado por el descenso del paro y de los beneficiarios, sino que incrementa el gasto. Y también las complejidades burocráticas: el plazo medio de reconocimiento ha aumentado del 1,9 en enero de 2024 a 2,5 días en 2025, un 33%.
Sin embargo, esta situación no se debe solo por los despidos. Los fijos discontinuos inactivos inscritos como demandantes de empleo y que perciben una prestación juegan un papel destacado en esta evolución. Son menos estables que los indefinidos ordinarios, pero a diferencia de los temporales, sus periodos de inactividad y actividad son recurrentes, con lo cual que acumulan más derechos prestación. Esto hace que cuando reactivan sus prestaciones sean cada vez más altas, algo que con los eventuales (que tiene más dificultades para volver a trabajar y muchas veces cambian de empleador) tampoco ocurría.
Pese a la notoria estrategia de opacidad que sigue el Ministerio de Trabajo sobre estos trabajadores, los datos del SEPE son especialmente transparentes sobre estos trabajadores. Y revelan que también afectan a uno de los indicadores de protección social de los que más se jacta el Ejecutivo: la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo.
Una protección social ‘inflada’
Dicha tasa alcanzó el pasado mes de enero un 81,9%, ocho puntos porcentuales más que hace un año y récord histórico para ese mes y, prácticamente, cualquier otro si descontamos la pandemia. Un hito que refuerza el discurso de un Gobierno que se presenta como el que más ha apoyado a aquellos que han perdido su empleo pero que no se habría conseguido si no fuera por un colectivo que no se consideran parados, aunque perciban una prestación. Su impacto es tal que en Baleares la tasa de cobertura llegó al 349%. Es decir, las personas que cobran el paro suponen más del triple que los parados registrados.
Dicha tasa alcanzó el pasado mes de enero un 74,1%, once puntos puntos más que en el mismo mes de 2022 y récord histórico para ese mes. Un hito que refuerza el discurso de un Gobierno que se presenta como el que más ha apoyado a aquellos que han perdido su empleo pero que no se habría conseguido si no fuera por un colectivo que no se consideran parados, aunque perciban una prestación. Su impacto es tal que en Baleares la tasa de cobertura llegó al 329%. Es decir, las personas que cobran el paro suponen más del triple que los parados registrados.
En el resto de las comunidades, el incremento de la tasa de cobertura ha sido notable, aunque la segunda comunidad autónoma por tasa de cobertura es Extremadura, con un 87,6%. Solo una provincia supera el umbral, Huelva con un 102%.
El propio informe de prestaciones y subsidios que publica cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal lo reconoce: «en las provincias con elevado volumen de trabajadores fijos discontinuos la tasa de cobertura puede superar el 100% en los meses de temporada baja». Esta frase se incluyó en referencia al archipiélago mediterráneo, la única en la que históricamente se superaba dicho umbral.
Se trata de la región que más apuesta por una figura pensada para actividades estacionales como la hostelería y el turismo, pero que no ha cuajado en otras comunidades con una economía similar, como Canarias. Por ello Baleares se considera el referente por excelencia a la hora de analizar el impacto de estos contratos en las estadísticas de protección a los desempleados. Pero hasta 2024 la tasa de cobertura nunca había superado el 140%, ni siquiera en un mes de enero, el mes que marca el máximo anual de fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo.
Aunque no es tan evidente que se deba exclusivamente impacto de los fijos discontinuos inactivos como en las islas. Desde el Ejecutivo se asegura que la mejora de la cobertura se debe exclusivamente a la recuperación de derechos sociales. Pero el incremento de la cuantía, aunque eleve el gasto, no debería aumentar la cobertura de las prestaciones, a no ser que accedan más parados con derecho a ella (lo que, como hemos visto, ocurre con los despedidos) o haya más gente percibiendo ayudas sin estar técnicamente en paro.
La situación actual recuerda a lo ocurrido con la pandemia, cuando la tasa de cobertura se disparó, si bien de manera temporal, por las medidas extraordinarias en materia de ERTEs que multiplicaron exponencialmente el número de beneficiarios de prestaciones que no eran desempleados, sino ocupados afectados por suspensiones o reducciones de contrato. Además, estas ayudas, además, no consumían los derechos generados, como ocurre hoy, una situación de la que se beneficiarios también los fijos discontinuos inactivos que no podían reincorporarse a sus puestos de trabajo.
La tasa de cobertura se disparó por encima del 100% entre abril y julio de 2020, si bien en los meses siguientes recuperó cierta ‘normalidad’, hasta situarse en el entorno del 60% a finales de 2021, cuando se aprobó la reforma laboral. A partir de ahí, empezó a subir de manera sostenida, hasta situarse por encima del 74%, un porcentaje inédito en circunstancias ‘normales’. En el caso de Baleares, el incremento es más llamativo, porque los niveles alcanzados desde la reforma laboral superan con creces los de la pandemia y muestran una volatilidad estacional de la protección de paro más intensa que nunca .
Un calculada opacidad
Los fijos discontinuos inactivos son empleos con una elevada rotación entre actividad e inactividad lo que distorsiona el análisis de su evolución. Un problema que el Ministerio de Trabajo aprovecha para minimizar su impacto en el empleo. Si bien los datos del SEPE son claros; no solo cada vez hay más demandantes con relación laboral, sino que distorsionan el gasto en prestaciones sin que tampoco se hayan tomando medidas para mejorar la transparencia.
Aquí conviene recortar la fórmula para calcular la tasa de cobertura: se expresa el total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, incluyendo los beneficiarios de subsidio agrario (el antiguo PER) como un porcentaje sobre el total de parados que han cotizado para ello (es decir, que han tenido trabajo) más los beneficiarios del subsidio agrario. Con esta fórmula se evita que estos demandantes de empleo, que tampoco cuentan como desempleados para las estadísticas del SEPE, distorsionen este indicador de la protección social. Una prevención que nunca se ha tomado en el caso de los fijos discontinuos inactivos.
Igual que el Gobierno actual no ha cambiado la manera de computarlos en el paro, tampoco ha corregido la fórmula para evitar que ‘inflen’ la tasa de cobertura. Su argumento, que siempre se ha hecho así, no falta a la verdad, pero omite el hecho de que antes se daban muchos menos casos.
En enero de 2017 solo había 48.384 fijos discontinuos inactivos cobrando una prestación de paro. En 2025 sumaban 191.476, mientras que los perceptores de subsidios y rentas agrarias han pasado en el mismo periodo de 191.790 a 98.171. Esta ‘inversión’ en las cifras refleja que buen aparte de los empleos eventuales agrarios se cubren ahora con contratos fijos discontinuos. En cualquier caso, resulta llamativo que los beneficiarios del antiguo PER sean menos que los fijos discontinuos inactivos, pero su efecto sobre la tasa de cobertura sí resulta modulado en la fórmula.
