Según el último informe de la OCDE, la tasa de reemplazo en España está muy por encima de la media (52%) y ha superado al país líder en 2023, Grecia
España emerge como país campeón de la OCDE en generosidad de las pensiones. Según el último informe del organismo internacional (Pensions at a Glance 2025), en el momento de jubilarse, un trabajador promedio que ha cotizado toda su vida accede a una pensión bruta equivalente al 80,4% de su salario, muy por encima de la media (52%).
Es lo que se conoce como la tasa de reemplazo o de sustitución, y en definitiva representa el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo. La OCDE actualiza su informe sobre pensiones cada dos años, y en 2023 era Grecia quien lideraba la lista con una tasa de reemplazo en el momento de la jubilación del 80,8%.
Sin embargo, en los dos últimos años Grecia ha bajado al 79,6%, mientras que en España se ha mantenido sin cambios en el 80,4%, ascendiendo así nuestro país al primer puesto. En el anterior informe de 2021 España ocupaba el séptimo lugar con una tasa de reemplazo del 73,9%, 1,6 puntos más que en 2019 (cuando al tasa de reemplazo en España era del 72,3%).
En términos netos, teniendo en cuenta para el cálculo los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por trabajadores y pensionistas, la tasa de reemplazo de España asciende al 86,3% y se posiciona como la séptima más elevada, por detrás de Turquía, Países Bajos, Portugal, Grecia, Luxemburgo, y Austria. La media de la OCDE está en el 63,2%.
Una de las principales razones de la gran distancia de países como España y Grecia respecto a la tasa media de reemplazo de la OCDE, una brecha de unos 30 puntos porcentuales, es que prácticamente todas las prestaciones de los jubilados provienen del ámbito público, con un peso prácticamente residual de las pensiones complementarias.
Precisamente, la Comisión Europea ha recomendado recientemente a los Estados miembros que fomenten entre sus ciudadanos los planes de pensiones de empleo y los planes de pensiones individuales, con el fin de reducir la carga que soportan algunos sistemas públicos como el español y velar por mantener «un nivel de vida adecuado en la jubilación».
«A causa del rápido envejecimiento de la población, la disminución de la mano de obra y el aumento de las formas atípicas de empleo, resulta cada vez más importante fomentar oportunidades que permitan a los ciudadanos acceder a unos ingresos de jubilación más adecuados y diversificados», advirtió Bruselas.
El gran reto de España con el gasto en pensiones
En su informe de pensiones, la OCDE estima que España será el país que más porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) dedicará a las pensiones en 2050. Pasará del 13,6% anual al 17,3% a mitad de siglo. Otros países con un fuerte envejecimiento demográfico y con pensiones generosas se acercarán: Italia (15,5%), Bélgica (14,8%), Portugal (14,6%) y Grecia (14%).
La reforma de las pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, derogó el Factor de Sostenibilidad, que iba a ajustar el importe de la pensión inicial en función de la esperanza de vida, y vinculó las pensiones al IPC frente al IRP, que tenía en cuenta la evolución de los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social.
La OCDE alerta de un «déficit de financiación considerable», y pide al país una nueva reforma para controlar cuanto antes el gasto. Propone alargar la vida laboral de los futuros jubilados, ajustar las pensiones con la esperanza de vida (ampliando la edad legal o reduciendo la pensión), y ampliar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión de los 29 mejores años a los 35.
El organismo recuerda que España cubre ya el 30% del gasto anual en pensiones con transferencias del Estado, que han pasado de 15.600 millones de euros en 2019 a 41.600 millones en 2024, representando alrededor del 3% del PIB. Es decir, que los ingresos por cotizaciones, a pesar de las subidas aplicadas tras la reforma, sólo cubren un 70% del gasto.
