El Sistema Especial de la Seguridad Social cede afiliadas y el sector reduce su peso en la economía en favor de otros sectores, sin que se recorte la brecha con la EPA, que apunta a que hay miles de empleos sumergidos.
En septiembre había 357.356 personas afiliadas al Sistema Especial para Trabajadores del Hogar de la Seguridad Social, 14.295 menos que hace un año, siendo la amplia mayoría mujeres. Es un empleo que experimenta variaciones significativas a lo largo del año por la estacionalidad, por lo que en el análisis la pérdida de 2.721 puestos de trabajo respecto a agosto es menos significativa, no obstante, se aprecia una diferencia respecto a la situación prepandemia con 425.700 afiliadas medias en el año 2018 que no parece estar relacionada con las modificaciones normativas que han ampliado sus derechos, ni con la subida del salario mínimo sino con la evolución de la economía española en términos generales.
«Existe una cierta tendencia a la pérdida de relevancia de este sistema especial dentro del conjunto del empleo si observamos cuál ha sido su evolución en la última década. El máximo se alcanzó en 2016 con 430.000 trabajadores, de los que más de un 90% eran mujeres, pero es un sector refugio, por lo que a medida que crece el empleo en otras actividades se tiende a abandonar para buscar mejores condiciones» contextualiza el coordinador del Gabinete Económico de CCOO, Luis Zarapuz. «El ligero descenso de los últimos meses es anterior a la ley de riesgos laborales».
El Ministerio de Trabajo impulsó a inicios de septiembre una normativa acordada con los agentes sociales que incluía una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos para los particulares que contasen con empleadas del hogar, que no serán exigibles hasta 2026. Esta incluye la evaluación de riesgos, la toma de medidas necesarias, contra con equipos para el desarrollo de sus actividades y formación específica a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este es un cambio menor en comparación con el de 2022, por el que se estableció que la cotización era obligatoria y les permitió tener acceso a la prestación por desempleo.
No obstante, desde CCOO inciden en que este paso no produjo un ‘efecto estampida’ en los registros de la Seguridad Social, en contra de lo que cabría esperar porque sí hubo un aumento significativo en 2012, cuando esta cotización pasó a ser voluntaria. Tampoco aprecian un impacto significativo de las subidas del salario mínimo interprofesional, a pesar de que la mayoría de estas trabajadoras están ligadas a la remuneración mínima, actualmente fijada 1.134 euros brutos en 14 pagas.
«En los años en los que ha crecido el SMI hemos apreciado subidas y bajadas mensuales, sobre todo en los años posteriores a la pandemia. No creemos que estos descensos estén relacionados con el aumento de los salarios, sino con la pérdida de poder adquisitivo de algunas familias que habrían prescindido de estos servicios. Por ello, sería positivo introducir más ayudas para que aquellos que lo necesiten puedan acceder a la ayuda a domicilio» apunta la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruíz.
En el caso de las empleadas del hogar, resulta significativa la distancia entre los registros de la Seguridad Social y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la que la fuente estadística son los sondeos realizados a una serie de familias. El INE no publicará la EPA del tercer trimestre de 2024 hasta finales del mes de octubre, pero si comparamos los últimos datos disponibles se aprecia una distancia que va desde los 360.000 afiliados a este sistema especial en términos medios a las 595.000 personas que dijeron dedicarse a esta actividad.
Una brecha que tampoco se solivianta al incluir a los cerca de 40.000 trabajadores del hogar registrados en el Régimen Común (asalariados), lo que puede ser un indicador de que existen casos de economía sumergida. «Es cierto que el sistema especial experimenta una tendencia continuada a la baja y se ve que este tipo de actividades tienen menos peso dentro de la economía. Lo que directamente se pone de manifiesto es que el empleo que se crea en nuestro país es de mayor calidad y el hecho de que se haya producido una mejora de las condiciones para desarrollar la actividad y su protección social es una garantía de que este comportamiento es equilibrado» concluía el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, al ser preguntado al respecto por este medio.
«Es un trabajo muy digno que tiene unas condiciones muy indignas» resume la directora de la asociación de trabajadoras del hogar SEDOAC, Edith Espínola, en conversación con La Información. «Nosotras no hemos detectado que haya una reducción del trabajo, pero las mujeres que se acercan a la edad de jubilación tratan de volver a sus países de origen o piden una incapacidad permanente porque su cuerpo no les permite seguir trabajando» explica y señala que sí se han producido salidas de compañeras que encuentran trabajo en la hostelería, en residencias de ancianos o que se han formado en una FP y han conseguido otro empleo.
De acuerdo con los datos del cuarto trimestre de 2023, el 53% de las trabajadoras del hogar eran de nacionalidad extranjera y aunque la situación de sus contratos ha mejorado desde la última reforma laboral, mantienen una tasa de temporalidad del 22%, la que supera en más de cinco puntos la media del sector privado, pero que se ha reducido en casi tres puntos respecto al dato de 2019. Desde SEDOAC reprochan que a menudo se tiene una visión muy discriminatoria del sector, por la que se asume que estas profesionales suelen aceptar trabajar en ‘b’, a pesar de que todas ellas quieren evitar esta situación para acceder a una pensión.
