El desabastecimiento se acelera en el mundo y la escasez provoca una inflación desbocada a lo que se suma la alta deuda contraída por los Estados en su lucha contra la pandemia.
El BCE tiene una misión complicada: soplar y sorber a la misma vez pues necesita inyectar dinero para seguir comprando deuda de los países más débiles (lo que avivaría la inflación) a la vez que quiere pone fin a las compras incondicionadas de la deuda de esos mismos países.
El Banco Central Europeo (BCE) terminará las compras “netas” de deuda de los estados de la eurozona desde julio. Inmediatamente después, subirá los tipos de interés oficiales tras 8 años en el 0%. Y aunque la institución seguirá reinvirtiendo los vencimientos de los bonos que ya tiene, el resto del mercado, es decir fondos, bancos, aseguradoras o inversores particulares, debería absorber 100.000 millones de déficit (la necesidad de financiación por la diferencia entre el gasto público y los ingresos) y de refinanciaciones de España que quedan ‘huérfanos’, desde abril hasta el final del año.
Desde 2015, ha sido el principal actor del mercado secundario de deuda. Es ahí donde realiza las compras, permitiendo unas condiciones de financiación inmejorables (intereses bajos) al garantizar la demanda a quienes prestan el dinero a los países en el mercado primario (las colocaciones y subastas de bonos) y, por tanto, favoreciendo mayor dinamismo de la actividad económica.
El BCE acumula deuda de una tercera parte del PIB de la eurozona, a cierre del primer trimestre de 2022., lo que convierte al BCE en el mayor tenedor individual de deuda pública en toda la eurozona (por ejemplo, en 2020 y 2021 adquirió todo el déficit de España).
La expectativa de la reducción de la demanda ‘artificial’ del BCE y el anuncio de incremento del ‘precio’ del dinero de referencia para dejar de alimentar la inflación con préstamos ‘baratos’ han disparado en las últimas semanas el interés que se exige a los bonos (se toman como referencia los que tienen vencimiento a 10 años) de España en el mercado secundario. El de nuestro país, se ha superado ya el 3% por primera vez desde 2014, el de Italia ha pasado del 1,17% a rondar el 4% en lo que va de 2022; y el de Portugal llegó a batir también el 3%. Todo ello ha hecho saltar las alarmas por momentos sobre las primas de riesgo (los diferenciales de estos intereses respecto al de Alemania, que se considera el estado mejor pagador, más ‘seguro’, que está cerca del 1,5%). Es sencillo: se espera menos demanda, y los que prestan el dinero piden intereses más altos, a cambio de más riesgo, menos liquidez.
El BCE afronta así una situación muy delicada. Al encarecer la deuda y dejar de inyectar dinero, la línea que separa la capacidad del banco central de contener la inflación o de acabar ahogando a las economías más endeudadas, como España, Italia o Portugal (y a las familias y empresas más vulnerables) es muy fina. El BCE anunció que está trabajando en un mecanismo para que las primas de riesgo de estos países periféricos no se disparen. O lo que es lo mismo, para que no se les encarezca mucho más la factura de la deuda que a los Estados más disciplinados fiscalmente.
El BCE se enfrenta a la disyuntiva de subir los tipos de interés y enfriar la demanda interna en un momento en el que el endurecimiento de los cuellos de botella en el comercio mundial y, sobre todo, las consecuencias de la guerra en Ucrania ya están pasando factura a la actividad de la eurozona
Programa de reinversión
A través del programa de reinversiones, el BCE tiene cierta potencia para suavizar las necesidades de financiación, aunque representan solo una fracción de las necesidades brutas de financiación de los gobiernos de la eurozona en los próximos años. En los próximos años, el BCE continuará reinvirtiendo los ingresos vencidos del stock de deuda que posee: solo en 2022, estas reinversiones supondrán alrededor de 450.000 millones de euros, de los cuales alrededor del 90% se invertirán en bonos de los estados, sin embargo, esto se verá eclipsado por la escala de las necesidades de financiación de los gobiernos, que son casi 2,2 billones de euros (1,5 billones de euros en deuda refinanciaciones y 650.000 millones de euros en nuevas emisiones)
Herramienta ‘anti fragmentación’
El riesgo final es acabar provocando una crisis como la de 2010 y 2012, cuando tembló el euro y los rescates financieros condenaron a estos países periféricos de la Unión Europea a años de contraproducente austeridad, con el interés del bono de nuestro país llegando a superar el 7%.
En esta ocasión, los que entonces fueron denominados PIIGS (los cerdos Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) están todavía más sobreendeudados que entonces (sobre todo por las necesidades de gasto público que ha exigido la pandemia de COVID). Sin embargo, las inmejorables condiciones de financiación de los últimos años hacen que la factura de intereses al año sea muy inferior (de cerca del 2% frente al 3,5% de 2013, en el caso de nuestro país), y que las previsiones no la vean mucho más elevada en el medio plazo.
España pagó 26.805 millones de euros en intereses en 2021, un 2,15% del PIB. Y en 2020 la factura fue de 25.237 millones, un mínimo desde 2010. En 2013, tras el rescate a la banca en el verano anterior, el gasto en intereses de la deuda rozó los 37.000 millones, un 3,7% del PIB.
Una pérdida de confianza en los estados vulnerables podría conducir a un fuerte incremento en sus costes de financiación, precipitando severas necesidades de ajuste fiscal (reducción del gasto y del déficit) y, en casos extremos, programas de ajuste externo (rescates) como hace una década
El anuncio de la herramienta ‘anti fragmentación’ tuvo un efecto positivo, pero no está claro cuánto durará esto sin un esquema concreto de cómo funcionaría y si el BCE se comprometerá a implementarlo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya ha celebrado que el BCE haya garantizado la adopción “medidas eficaces” para que no se produzca “la fragmentación dentro de los mercados de deuda pública del euro”.
Los cálculos para el BCE están más o menos claros. El consenso estima que unos 17.000 millones de euros en bonos adquiridos por el programa de compras de deuda por la pandemia (PEPP) vencen cada mes, de los cuales 12.000 millones de euros están en países centrales, apuntan fuentes del BCE. Prácticamente, supone más de 70.000 millones para redirigir las inversiones en lo que queda de año. Pero incluso si el BCE reinvierte todo el flujo de bonos alemanes y franceses en Italia, eso será menos que las compras netas del BCE en Italia de casi 14.000 millones de euros al mes desde marzo de 2020. De ahí la necesidad de una nueva medida
El vicepresidente del propio BCE, Luis de Guindos, afirmó que los mercados no deberían tener duda alguna respecto de la determinación de la institución para hacer frente a la fragmentación de los costes de financiación de la deuda soberana de la eurozona.
Hasta ahora, no hay detalles sobre la nueva herramienta, que probablemente tenga que ser acordada por el Consejo de Gobierno. Y es probable que este siga dividido sobre la conveniencia y necesidad de un nuevo mecanismo de estabilización. La única información disponible es que el BCE aplicará mucha flexibilidad en la reinversión de los reembolsos de los programas que se extinguen este mes.
Esta nueva herramienta no estará exenta de polémica, ya que Alemania, Austria o Países Bajos tendrán que pagar un ‘precio’ mayor, puesto que el BCE venderá bonos de estos países ejerciendo una presión al alza sobre el tipo de interés que pagan, unos movimientos que ya se han apreciado en los últimos días. Estos países frugales siempre han defendido que ellos merecen pagar menos porque han mantenido a raya el gasto. En el recuerdo de Bruselas y Frankfurt está el choque frontal que se mantuvo con el Tribunal Constitucional de Alemania por culpa de los programas de compra. Ahora, todo hace indicar que van a terminar pagando parte de la factura que está pasando el mercado a los de los países ‘despilfarradores’.
El BCE “esterilizará estas operaciones” vendiendo bonos de otros países más solventes que no tienen problemas para colocar su deuda en el mercado. Es decir, si la prima de riesgo de España, por ejemplo, empieza a alejarse del objetivo, el BCE intervendrá en el mercado secundario comprando bonos españoles y vendiendo alemanes (y otros países solventes). Ahora, la nueva herramienta por definir tiene que tener un doble efecto en dos sentidos: por un lado, al comprar los bonos españoles presiona a la baja la rentabilidad de los mismos, mientras que con la venta de los alemanes hará lo contrario. El resultado será el estrechamiento de las primas de riesgo, como ya se ha podido ver en desde que el BCE presentó este escudo.
El simple aviso BCE de evitar la fragmentación financiera en la zona euro parece que ha servido de momento y en primera instancia para calmar las tensiones pues las primas de riesgo periféricas, que se había disparado en las últimas sesiones, se han moderado.
La española firmó el viernes su cuarta sesión consecutiva a la baja y cierra la semana en los 108 puntos básicos. En términos semanales, los recortes se amplían a los 18 y 31 puntos básicos respectivamente, los mayores desde marzo de 2020. Un alivio por tanto solo comparable al de la puesta del programa de compras frente a la pandemia (PEPP) del BCE.
Los inversores han dado un voto de confianza a Lagarde, pero para evitar nuevos sobresaltos los expertos avisan de que la aprobación del mecanismo antifragmentación no debería retrasarse.
Dentro del programa de reinversiones el BCE venderá algunos valores (fundamentalmente bonos alemanes) posee en su cartera para contrarrestar las tenencias de deuda periférica “peligrosa”, pero lo que se necesita es “una solución sostenible” y el camino no será sencillo pues existen grandes diferencias entre los miembros del Consejo de Gobierno del banco central sobre cómo podría ser el mecanismo
En definitiva, el jueves 9 de junio el BCE anunció un cambio de su política monetaria para detener la inflación y las primas de riesgo de los países del sur se dispararon (la de España subió a más de 140) y el pasado miércoles 15 de junio el BCE ha anunciado el rescate extraoficial de España (e Italia, Grecia y Portugal) y el 2012 se repite. Nadie en el Gobierno aceptará que hablemos de «rescate» como tampoco lo hizo en 2012 Mariano Rajoy.
Pero lo malo no es por el rescate en sí mismo, sino lo que viene después: el «recorte» pues los que prestan el dinero a un país en problemas exigen medidas fiscales y presupuestarias como contrapartida de la ayuda.
Condiciones puede haber muchas, otra cuestión es si se cumplen esas condiciones, las excusas que se ponen y la falta de consecuencias por el incumplimiento.
Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño como principal interlocutor en Bruselas, asegura que la austeridad es cosa del pasado, que la respuesta será conjunta y que el rescate será a cambio de nada. Pero si llega la recesión la solidaridad de los socios se resquebrajará, pues Alemania, Holanda o Austria podrían financiarse sin el BCE pero España, Italia o Grecia, no. En cualquier caso los recortes ya están aquí y tienen forma de no deflactación del IRPF a pesar de la inflación desbocada, de destope de cotizaciones, y un sinfín de intervenciones más para intentar salvar los muebles de un Estado manirroto, ineficiente e insostenible, cuya única tabla de salvación es el doping monetario del Banco Central Europeo y la ayuda de Europa (BCE y los Next Generation), pero a partir de ahora, como consecuencia de la inflación, nos vamos a encontrar con una situación muy complicada de insolvencia.
