Al ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, se le agota el plazo para lograr que la segunda parte de la reforma de las pensiones concilie las diferentes posturas de la patronal CEOE y los sindicatos al tiempo que la norma satisfaga a la Unión Europea (UE) y muy probablemente adoptará la figura de Real decreto ley para intentar “salvar los muebles”
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Fuentes conocedoras de los avances en la fase final de la reforma de las pensiones, indican que el ministro se encuentra ante el escollo del rechazo de los empresarios a nuevas subidas de cotizaciones o a una extensión en el tiempo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que elevará las cuotas en 0,6 puntos a partir de 2023 y que será revisado previsiblemente en 2032, con la apariencia de que acabará finalmente prolongándose hasta 2050 si en la evaluación efectuada dentro de diez años se estima necesaria su continuidad. Bruselas tampoco está convencida de que el MEI aprobado a finales del año pasado (sin en acuerdo con la CEOE) sea suficiente para asegurar la sostenibilidad de nuestras pensiones.
No sólo por esa parte los empresarios están concernidos con evitar nuevas alzas de los costes laborales, sino que el destope de las bases máximas de cotización también implicará mayores cuotas empresariales.
Respecto al destope de las bases máximas de cotización, se remacha desde la Seguridad Social el espíritu gradual de la reforma. Debido a la contributividad que es necesario cumplir en consonancia con la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo -la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones- la idea en la que trabaja el Gobierno es que el destope de las bases de cotización y la subida de las pensiones máximas converjan en 2030.
Durante ese periodo las subidas de unas y otras irán caminando de la mano, pero no en la misma cuantía en el general de las pagas, sino preservando una suerte de acompasamiento, de modo que nadie tenga una pensión más baja de la que le corresponde, ni cobre una superior a la ajustada a su caso concreto de cotización, explican. Es decir, que en 2050 se habrán equiparado las subidas porque en el transcurso de esos años ya los trabajadores de los tramos destapados habrán hecho una cotización superior que en la actualidad, pero su percepción será ajustada a su vida laboral.
El objetivo es proveer de mayores ingresos a la Seguridad Social durante la década de los 30 y 40, que serán los años más duros para las cuentas del Sistema, debido a la jubilación del grueso de la jubilación del baby-boom, sin que ello suponga que esos mayores aportantes no reciban una pensión máxima inferior a su aportación adicional, ni que -durante esas décadas- quienes no tuvieron que afrontar esa sobrecotización reciban la pensión aumentada en la misma cuantía que si hubieran soportado los años de mayor respaldo a las cuentas.
Por su parte, los sindicatos se han mostrado en contra del aumento de los años de vida laboral computables para el cálculo de la pensión, situado en la actualidad en 25 años. Recientemente, el ministro recalcó que la variación en los años computables para la jubilación no diferirá en muchos del periodo actual. Pero cambios habrá, explican fuentes conocedoras de la confección del decreto, y está por fijar cuáles serán los años que se podrán descartar a la hora de calcular la futura pensión.
Fuentes sindicales comentan respecto al tratamiento de las lagunas de cotización -aquellos años sin cotizar y que afectan a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación- que hasta el momento la idea ministerial que han percibido se queda corta, sin poder aclarar en qué se basa debido al hermetismo con el que se está llevando en esta ocasión la confección de la nueva norma.
Desde Seguridad Social, se explica que la reforma se basa en un espíritu de gradualidad y que no se harán grandes cambios en ningún parámetro, sino ajustes paulatinos. Y se insiste en el sigilo con el que en esta ocasión se están llevando a cabo las negociaciones en encuentros bilaterales de cara a recabar toda la información y posturas de los intervinientes sin confeccionar ningún documento tentativo. Habrá un borrador final, cuyos extremos ya están «prácticamente hechos», adelantan.
Otra de las cuestiones que ha de combinar Escrivá en su sudoku es el cumplimiento con la Unión Europea. La misión de Bruselas que recientemente visitó España explicó claramente que el verano próximo evaluarán la consistencia de las proyecciones de ingresos y gastos que a futuro depare la reforma, y manifestó su preferencia por los mecanismos de ajuste automáticos del gasto en pensiones y no semiautomáticos como el actual MEI. Es decir, la UE prefiere fórmulas que ajusten la cuantía de las pensiones y, por tanto, el gasto en función de la esperanza de vida, como hacía el nonato Factor de Sostenibilidad (FS) de la reforma de 2013 que ha sido sustituido por el MEI, con una subida de cotizaciones que no contempla la demografía. Pero el ministro sigue apostando por el cariz del semiautomatismo del MEI, es decir, su revisión en 2032.
También hay que cumplir en plazo con la UE e iniciar la tramitación de la norma antes del 31 de diciembre. Dada la proximidad, se optará seguramente por el decreto, que luego se somete a su convalidación o bien se sustituye por una proposición de ley. Es la vía que ahora mismo le queda al Gobierno para cumplir los plazos con la UE. Los fondos europeos dependen del cumplimiento en tiempo y forma de los hitos marcados a España y también de la solidez de las reformas. El primer aspecto se soluciona presentando un Real Decreto-ley, y el segundo queda a expensas de la evaluación de Bruselas en verano de 2023.
BRUSELAS PLANTEA ENDURECER EL CONTROL SOBRE EL GASTO EN PENSIONES DE ESPAÑA
Bruselas vigilará por primera vez el gasto en pensiones de países muy endeudados como España en la aplicación de las nuevas reglas fiscales que prepara. A la Comisión Europea le preocupa este gasto, y aunque el sistema de pensiones es un asunto de política interna que supone un gasto recurrente en principio ajeno a gastos discrecionales que pueda decidir un gobierno, en el marco de las nuevas reglas fiscales que prepara para 2024 ha decidido que cuente en la regla de gasto y pase a ser considerado un asunto estructural para países con elevada deuda.
Es decir, que políticas como ligar la subida de las pensiones al IPC en un contexto de espiral inflacionaria, el caso de España, se considere un gasto discrecional del Gobierno, y que pase por primera vez a contar en la regla de gasto y en el control de la deuda.
Este cambio de la Comisión, que acaba de presentar su borrador de reglas fiscales, se ha gestado en un momento en el que la reforma de las pensiones es una de las tres más importantes entre los compromisos que asume el Gobierno en el Plan de Recuperación, y cuando está cuestionando su sostenibilidad.
El gasto en pensiones está hasta ahora incluido en el déficit pero no en la regla de gasto de la UE porque se entiende que es cíclico, que no es prerrogativa del Gobierno, que le viene dado, y hasta ahora la regla de gasto se centra en los gastos que se consideran que los ejecutivos pueden controlar.
El cambio que prepara Bruselas no habría permitido subir las pensiones con el IPC en 2023, por ejemplo.
La Comisión también plantea que el gasto en desempleo que no sea cíclico compute en la regla de gasto, lo que afectaría a excesos debidos a la política económica o legislativa.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comparte estos planteamientos de la Comisión, y abogan por que la regla de gasto sea clara e incluya todas estas políticas, con la excepción del gasto cíclico en desempleo y consideran que el gasto en pensiones debe estar incluido.
El diseño de Bruselas pone el foco en la deuda y prevé que países con una deuda elevada como España -que espera que sea el tercer Estado miembro con una ratio sobre PIB más elevada sólo por detrás de Grecia e Italia- tengan que realizar un ajuste fiscal completo. Desde el convencimiento de que un esquema de control anual no ha funcionado y que llevaba a esconder el incumplimiento de un año con los compromisos del siguiente, plantea un horizonte de cuatro años, en que deberán hacer el plan de ajuste. Es decir, una legislatura.
En el caso de España, el próximo gobierno que inicie su mandato en 2024 no debería responder de la desviación hasta 2028. Este esquema ha recibido críticas desde Alemania y otros países por considerarlo demasiado laxo, lo que no se perfila que ocurra en el caso del gasto en pensiones.
ESCRIVÁ “DESPRECIA” A TODOS LOS EXPERTOS
Escrivá se ha convertido en uno de los ministros más críticos con las instituciones independientes. Tras atizar al BCE, también ha cuestionado la estadística del INE
De todas las andanadas que ha lanzado José Luis Escrivá desde que estrenó la cartera de ministro, hay una que tiene estupefactos a algunos economistas. Hablamos de su ataque inclemente al Banco Central Europeo, una institución donde abunda el rigor y la corrección, de la que él mismo formó parte durante un lustro.
Escrivá acusó al BCE de publicar informes “de copia y pega”. Aludía, concretamente, al documento en el que la institución europea recogía su opinión sobre el impuesto a la banca. Éste lleva el sello del propio Escrivá, quien ha promovido el nuevo tributo desde su despacho
Profesionales con solvencia probada y con la reputación tan a prueba de bombas como la de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, tampoco ha escapado a los dardos verbales de Escrivá.
Fue hace justo antes del verano cuando el ministro de Inclusión acusó a la institución de “falta de sofisticación”, en referencia a otro informe, también crítico, con su decisión de vincular la subida de las pensiones al IPC. Escrivá llegó a asegurar que el Banco de España apenas aportaba material nuevo y se basaba en otro informe que él mismo redactó cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Otra especie de ’corta y pega’, en definitiva.
Esta misma semana ha vuelto a la carga contra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Escrivá puso en duda la fiabilidad de la Encuesta de Población Activa (EPA), cuyos resultados no casan bien con el recuento de empleados de la Seguridad Social. El ministro aseguró que la estadística más conocida del INE es “de baja calidad” y está ‘contaminada’ por el patrón de la pandemia, “cuando hubo una discontinuidad en la forma de recoger la información”.
Lo inquietante es el que el cuestionamiento sea constante, desmedido o injustificado. Que el desprecio cale en la sociedad como lluvia fina, erosionando la credibilidad de organismos que actúan como pilares del sistema. Como el Banco de España y la AIReF. Como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o el INE. En la segunda mitad de la legislatura, todas han sido víctimas, en mayor o menor medida, de las embestidas del ministro Escrivá.
La presión contra las instituciones es creciente y eso se aprecia desde fuera de España. El desprestigio institucional que se está fomentando es terrible. “Al final, las facturas se pagan”.
