EPOCA DE ELECCIONES, EPOCA DE MEDIAS VERDADES LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y EL IPC

Alberto Nuñez Feijoó se ha visto este lunes sometido a tener que explicar a TVE si el Gobierno de Rajoy había indexado las pensiones al IPC, es decir, a la tasa de Índice de Precios al Consumo del momento, o por el contrario, no lo había hecho. La pregunta de la periodista , Silvia Intxaurrondo, era clara, si el PP ha indexado las pensiones a esa variable, concretamente en los años 2012, 2013 , 2016, y en un añadido, 2017, a lo que Feijóo ha respondido que sí, queriendo señalar, ante una cierta confusión, que el PP siempre ha revalorizado las pensiones, no como el PSOE.

 

En este punto, la presentadora ha vuelto a decir que «no es correcto», a lo que el candidato del PP y dirigente gallego ha contestado afirmando que no sabe de dónde saca esos datos, porque, incluso cuando el dato de inflación era negativo las pensiones se subían un cuarto de punto. Y es cierto, las pensiones subieron un cuarto de punto, el famoso 0,25% de IRP (Índice de Revalorización de Pensiones), pero claro que no estaban indexadas al IPC -en 2012 el IPC era del 2,4%- ; lo que no quiere decir, sin embargo, que las pensiones no se revalorizaban.

 

La periodista ha seguido insistiendo en que sus datos eran los correctos, motivo por el que Feijóo ha apelado a la hemeroteca, e incluso ha adelantado que, si está equivocado, pedirá disculpas -lo que finalmente ha hecho matizando dos conceptos-.

 

Pero se trata de una verdad, a medias, por las dos partes, pero con muchos matices y explicaciones. Sí bien es cierto que el Partido Popular no indexó las pensiones al IPC, es cierto, sin embargo, que esta formación levantó la congelación de Zapatero, y no dejó de revalorizar las pensiones, incluso cuando el IPC estaba por debajo de cero -como estuvo varios años- y, la explicación es sencilla. (Datos de IPC: 2011, 2,4%; 2012, 2,4%; 2013, 0,3%; 2014,-0,3%; 2015, 0%; 2016, 1,3% y, 2017, 1,1%)

 

En efecto, cuando Mariano Rajoy llega al Gobierno de España, en 2011 se encuentra con que, su predecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, había congelado las pensiones, como él mismo acaba de reconocer hace apenas unos días en un medio de comunicación, a propósito de las declaraciones de Feijóo en el debate frente a Pedro Sánchez.

 

En ese momento, el Ejecutivo popular no tenía establecido el Índice de Revalorización de Pensiones, porque eso vino dos años después, pero, en concreto, y respecto a las pensiones mínimas, en el año 2012, y después de encontrarse con las prestaciones congeladas, establece revalorizar estas ayudas un 1% con carácter general y un 2% a los pensionistas que cobraban menos de 1.000 euros.

 

Cabe recordar que en esos años de crisis, Zapatero no solo congeló las pensiones, también congeló el sueldo de los funcionarios; y ayudas como el cheque bebé, y la ayuda al alquiler de jóvenes.

 

Fue el propio Zapatero quien tuvo que, una vez recibida la orden de la Comisión Europea, buscar el apoyo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, para sacar adelante una directriz exigida por Bruselas. Entonces, cambió la Constitución con carácter de urgencia, y poder aprobar así, a través de una disposición adicional única, una Ley Orgánica, que afecta a la Ley Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para limitar el déficit de nuestras cuentas públicas de todas las administraciones -en 2009 llegamos a tener un déficit del 11,2-. Por tanto, era muy difícil indexar pensiones o sueldos al IPC si éste era elevado, porque ni siquiera Europa nos lo permitía.

 

La llegada del PP al Gobierno de España trae un cambio al respecto. Dada la enorme deuda pública que deja Zapatero a España, y de las posibilidades de haber caído en las garras de un rescate de la Unión Europea, como sí le había ocurrido a Grecia -con el consiguiente recorte de las pensiones-, el equipo económico de Rajoy y en concreto el de Fátima Báñez, idea un mecanismo por el cual, se sustituye la indexación de las pensiones al IPC, por un nuevo índice, el Índice de Revalorización de las Pensiones, que hace que, en el caso de que el IPC fuera negativo, las pensiones al menos se revalorizan al 0,25%.

El Gobierno de Zapatero tuvo que reformar el artículo 135 de la Constitución para adaptar nuestras cuentas ante la grave crisis económica.

 

Por tanto, el galimatías es más una cuestión de concepto, de contexto y de tiempos que a la postre demuestra que el Partido Popular sí subió las pensiones; aunque lo hizo con el Índice de Revalorización -una vez que lo aprobó- y, fue en 2018, cuando, a raíz de una exigencia del PNV para mantener su apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy, el 26 de abril, a pocos días de la moción de censura de Pedro Sánchez, Rajoy sacrifica su reforma de las pensiones y las vuelve a indexar al IPC, apartando el Factor de Sostenibilidad.

 

Luego, ¿quién dice la verdad? Pues probablemente las dos partes. RTVE al afirmar que el PP no revalorizó las pensiones con el IPC -pero no lo hizo ningún año, por tanto, error por parte de la periodista al fecharlo y no tener en cuenta que años como el de 2013, el IPC era del 0,3% o, el de 2014, del-0,3%-; y Feijóo, al afirmar que el Partido Popular siempre revalorizó las pensiones, incluso cuando el IPC era negativo.

 

Parece claro que Alberto Núñez Feijóo se lió y confundió el IPC con IRP. Muchos acrónimos. Claro que, lo que no tuvo en cuenta TVE es que las pensiones de hoy, indexadas al 8,5% del IPC, tienen menor capacidad adquisitiva que entonces, porque ahora tienen que soportar que la deflactación del IRPF las deje en el 5%, y que los alimentos sigan todavía por encima del 10%, estando algunos de ellos por encima del 30%.

 

LA CONSTITUCIÓN: LA SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE LAS PENSIONES

En primer lugar el art. 41 CE expresa que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Se persigue así conseguir una protección de universal sin precisar ningún camino concreto para alcanzarla.

 

En segundo lugar, en el art. 50 se dispone que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El concepto “pensión adecuada” este debe ser puesto en relación con el resto del sistema de pensiones en su conjunto con el objeto de no caer en el error de obviar ciertas circunstancias sociales y/o económicas propias de cada momento.

 

LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES ANTES DE 2013

El fuerte crecimiento que registró la economía y los continuos superávits de la Seguridad Social hicieron posible la aplicación de la fórmula de revalorización de las pensiones que se aprobó en la Ley 24/1997, aplicándose sin excepción hasta el año 2010, que indicaba:

“Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.

Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.

Si el índice de precios al consumo previsto para un ejercicio, y en función del cual se practicó la revalorización, resultase superior al realmente producido en el período de cálculo descrito en el apartado anterior, las diferencias existentes serán absorbidas en la revalorización que corresponda aplicar en el siguiente ciclo económico.”

 

Sin embargo, la Comisión del Pacto de Toledo manifestó en 2010, en plena crisis económica, lo siguiente: “Por otra parte, resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno.”

 

Así, con el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, se suspendía la revalorización de las pensiones para el 2011. De igual manera, el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, se suspendía la revalorización de las pensiones en función del IPC (0,2 %) y ordenaba un incremento general de las pensiones del 1 %, más otro 1 % adicional a las pensiones que iguales o inferiores a los 1.000 mensuales (14.000 en cómputo anual).

 

En el año 2011 se aprobó su penúltima versión (previa a la actual), en la que se incluye como recomendación la posibilidad de poner en práctica nuevos índices de revalorización de las pensiones y una crítica a la congelación sucedida en el año 2010.

 

Por último, el Pleno del Congreso aprobó el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo emitido por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo el pasado 27 de octubre de 2020. En concreto, la recomendación número 3 explicita que: “…la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivos de las pensiones”

 

En suma, en todas las versiones existentes de los Pactos de Toledo se pone de manifiesto la necesidad del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la garantía de la viabilidad financiera del sistema.

 

LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DESPUÉS DE 2013

Con la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad (FS) y del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), se amplió la ya iniciada reforma, regularizando la revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que se ubican en el art. 58 y en el art. 211 (derogado) del Texto Refundido de la LGSS, respectivamente. Esto supuso un cambio radical en la política de revalorización al vincular la actualización de las pensiones al equilibrio presupuestario del sistema.

 

Conforme a esto, al inicio del año se revalorizaban las pensiones con arreglo al índice establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, usando la fórmula establecida en el art. 58 LGSS. La mencionada fórmula tenía en consideración ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, el número de pensiones contributivas, revalorización de las nuevas pensiones respecto de las antiguas que se dejan de pagar por fallecimiento de su titular. De esta manera, el resultado reflejará la evolución de estas cuestiones en un periodo de 11 años (el año en que sea de aplicación dicho índice, así como los 5 años anteriores y los 5 años posteriores al mismo), aumentando de manera progresiva el índice de revalorización, conforme a la situación financiera del sistema de pensiones. Una vez que se calculaba el índice, estaba sujeto a unos límites: mínimo del 0,25 %, y máximo del IPC más el 0,50 %. Por tanto, el Índice de revalorización perseguía el equilibrio presupuestario, desligando la revalorización de las pensiones y de los precios. De esta manera, se produciría un mantenimiento en el poder adquisitivo de las pensiones siempre que el sistema contase con los recursos necesarios para ello.

 

LA REVALORIZACIÓN VINCULADA A LA INFLACIÓN

El pasado 29 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 21/2021, que culmina la primera etapa de la reforma Escrivá de pensiones, en la que se destaca una modificación principal: actualización de las pensiones de acuerdo al IPC sustituyendo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

 

La modificación del art. 58 LGSS establece que “Las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley. A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. Con esta redacción, el legislador tenía la pretensión de garantizar una adecuada pensión a la población pensionista, sin pérdidas de poder adquisitivo que se derivara de una subida del IPC. El Gobierno decidió aplicar la norma con carácter retroactivo en 2021, actualizando la cuantía de las pensiones.

1 comentario en «EPOCA DE ELECCIONES, EPOCA DE MEDIAS VERDADES LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y EL IPC»

  1. Con el Gobierno de Zapatero las pensiones disminuyeron en términos reales (subidas en comparación con la evolución del IPC) durante tres años (2008, 2010 y 2011) aumentando solo en 2009. Con el Gobierno de Rajoy el importe real de las pensiones aumentó en cuatro años (2013, 2014, 2015 y 2016) y se redujo solo en dos (2012 y 2017). Por último, con el Gobierno de Sánchez, las pensiones reales aumentaron en 2019 y 2020 en tanto que se redujeron en 2021 y 2022. En 2018 bajó el importe real de las pensiones pero la responsabilidad es compartida por los Gobiernos de Rajoy y de Sánchez pues la moción de censura tuvo lugar a mitad del año.
    De acuerdo con los datos de evolución del importe de las pensiones y del IPC, se obtiene que en el Gobierno de Zapatero (entre 2008 y 2011) el aumento monetario acumulado de las pensiones fue un 5,1%, pero en el mismo periodo la inflación acumulada fue un 9%, lo que provocó que los pensionistas perdieran cuatro puntos porcentuales en su poder adquisitivo, un 1,3% anual.
    Por su parte, el aumento monetario de las pensiones entre 2011 y 2018 fue 2,3%, mientras que la inflación acumulada se situó en el 2,8%, lo que supone que durante el Gobierno de Rajoy la pérdida en términos reales que sufrieron los pensionistas fue del 0,5%, un 0,08% anual.
    Por último, durante el periodo que media entre 2018 y 2022 —2023 aún no ha finalizado— las pensiones aumentaron un 6% y el aumento acumulado de la inflación llegó hasta el 12,2%, por lo que la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas en la etapa del Gobierno Sánchez fue de un 6,2%, un 1,5% anual.
    En definitiva, no es cierto que los dirigidos por el PSOE hayan tratado a los pensionistas mejor que el presidido por Rajoy.

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