Las instituciones europeas tienen a su disposición una serie de medidas para aislar a España políticamente como castigo por la situación del Estado de derecho
La Comisión Europea ya está involucrada sobre la violación al Estado de derecho en España y el comisario de Justicia, Didier Reynders, se declaró preocupado por la situación y como asegurar el cumplimiento de la normativa europea al respecto. Aunque las instituciones europeas no pueden intervenir de manera directa en las decisiones domésticas de España, sí pueden implementar medidas para perjudicar e incluso aislar al país a nivel político e internacional utilizando numerosas herramientas.
Artículo 7 del Tratado de la UE
Si se considera que existe un riesgo claro de violación grave de los valores fundamentales de la UE, como es el Estado de derecho, permite a la Unión suspender ciertos derechos de un Estado miembro, incluido el derecho de voto en el Consejo de la UE. Sería un hecho sin precedentes pues nunca se ha aplicado en su máxima expresión, y conllevaría un aislamiento político de España dentro de las estructuras de decisión de la UE.
Procedimientos de infracción (artículos 258-260 TFEU)
Estos procedimientos permiten a la Comisión Europea iniciar acciones legales contra un Estado miembro que no cumpla con la legislación de la UE. Es un mecanismo fundamental para asegurar la aplicación uniforme del derecho de la UE en todos los Estados miembros. Esto podría traducirse en llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y podría derivar en sanciones económicas importantes. Significaría un escrutinio directo de las políticas y prácticas nacionales, pudiendo culminar en la necesidad de realizar reformas legislativas o administrativas importantes para alinearse con los estándares europeos.
El Semestre Europeo
Este mecanismo de coordinación de políticas económicas incluye la evaluación de la adherencia al Estado de derecho y puede proporcionar recomendaciones específicas. Implicaría un análisis pormenorizado de sus políticas económicas y judiciales, evaluando cómo estas se alinean con los estándares de la UE en materia de Estado de derecho. Podría llevar a recomendaciones que afectarían directamente a su política económica y fiscal, así como a sus sistemas judiciales, lo que podría tener un impacto considerable en la administración pública y en la confianza de los inversores.
Mecanismo de Cooperación y Verificación
Aunque originalmente diseñado para Bulgaria y Rumanía, este mecanismo ofrece un modelo sobre cómo la UE puede intervenir en los sistemas judiciales de los Estados miembros. Podría significar un seguimiento y evaluación constantes de las reformas judiciales y las políticas de lucha contra la corrupción, lo que implicaría una supervisión externa sobre aspectos críticos del sistema judicial español y llevar a recomendaciones específicas y a una presión constante para realizar mejoras.
El Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE
Es una medida que proporciona datos comparativos sobre la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros. Su aplicación ofrecería una visión objetiva y detallada del sistema judicial, lo que podría revelar deficiencias y áreas de mejora. Tendría un impacto en términos de percepción pública y confianza en el sistema judicial, y también podría impulsar reformas profundas en el ámbito judicial español.
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Proporciona asesoramiento experto y su involucración significaría un examen detallado de las prácticas y políticas españolas relacionadas con los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Sus recomendaciones podrían llevar a realizar ajustes en sus políticas para garantizar una mayor alineación con los estándares europeos en materia de derechos humanos y gobernanza legal.
Sanciones financieras
Este mecanismo, que condiciona la distribución de fondos europeos al cumplimiento de los estándares del Estado de derecho, y tendría un impacto económico directo en España. La implementación de sanciones financieras afectaría especialmente a los proyectos y programas financiados por la UE, lo que podría tener consecuencias en áreas clave como la infraestructura, la investigación y el desarrollo social.
Instrumentos diplomáticos
La UE puede utilizar canales diplomáticos para abordar preocupaciones sobre el Estado de derecho, lo que podría manifestarse en un diálogo continuo y negociaciones enfocadas en áreas específicas de preocupación. Este enfoque diplomático permitiría un intercambio de ideas y soluciones con instituciones de la UE, buscando una resolución colaborativa y constructiva de los problemas.
Fiscal Europeo
Esta figura independiente tiene la capacidad de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE, lo que incluye aspectos relacionados con el Estado de derecho. Una mayor intervención del Fiscal Europeo podría significar una supervisión más estricta de los fondos de la UE y una mayor transparencia en su utilización, lo que a su vez podría llevar a una mayor rendición de cuentas y a la adopción de prácticas más robustas en la gestión de estos fondos.
Mecanismo de Revisión
Este proceso permite que los Estados miembros evalúen mutuamente su adhesión a los estándares del Estado de derecho y proporcionen recomendaciones. Este mecanismo implicaría un examen detallado por parte de otros Estados miembros, lo que podría resultar en un intercambio constructivo de mejores prácticas y en una presión colectiva para realizar mejoras en áreas donde se identifiquen deficiencias.
Fuente: El Debate
Tras la solicitud del Senado español, con mayoría del PP, la Comisión de Venecia publicará a más tardar en marzo el dictamen sobre la ley de amnistía y preparará también un estudio más general sobre los criterios que una amnistía debe cumplir para respetar el Estado de derecho
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa por lo que sus conclusiones no son vinculantes para los países miembros, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales.
Por su parte la Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.