EL FUTURO DE LAS PENSIONES TRAS SUS NUMEROSAS REFORMAS

A lo largo del último medio siglo, la política de pensiones ha pasado a constituir uno de los asuntos de mayor relevancia para el mundo del trabajo. Las pensiones, en suma, constituyen un salario diferido para los activos laborales y las pensiones (rentas) que percibirán, una vez abandonen la actividad laboral, son financiadas en los sistemas de reparto con cotizaciones (y también, cada vez en mayor medida, con impuestos) y son, en definitiva, seguros que cubren el riesgo de supervivencia a partir de la de jubilación.

 

A lo largo de las últimas décadas se ha registrado un abundante volumen de reformas de los sistemas de pensiones, particularmente los públicos, pero también, en no escasa medida, en los modelos privados. En todos los casos, tales reformas tratan de dar respuesta a los cambios profundos de la demografía mundial, que básicamente se manifiesta en un envejecimiento creciente de la población, como resultado de la caída en las tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza por los avances en las tecnologías del cuidado y prevención de la salud.

 

 

En el caso español, este proceso de reformas se ha intensificado en los últimos quince años, a medida que se acerca la incorporación a la nómina de las pensiones públicas de las generaciones nacidas en el periodo denominado del baby boom, durante la década de los años 60 y primeros años 70 del pasado siglo. En general, se estima que dichas generaciones están comenzando a entrar al sistema en estos años y comenzarán a declinar a finales de los años cuarenta de presente siglo pues mediado el siglo se prevé una disminución paulatina de las entradas al sistema público de pensiones, producto de la caída brusca de la natalidad que siguió al baby boom. La segunda mitad del siglo XXI sería un periodo con menores exigencias financieras en el funcionamiento de los sistemas de pensiones de reparto.

 

Pero la evolución del gasto en pensiones, factor determinante a la hora de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, dependerá no solo de variables demográficas, sino también de variables económicas, especialmente la evolución de la productividad y de factores político-institucionales, que orientarán las reformas que se llevarán a cabo durante las próximas décadas.

 

Reformas del sistema público de pensiones en el siglo XXI

La segunda década de este siglo alumbró en España dos reformas singulares sobre el sistema de pensiones, que respondían a orientaciones políticas diferenciadas.

 

La primera en 2011, bajo un gobierno socialista. Más allá de diversas transformaciones que afectaban a los parámetros definitorios del sistema el eje de la reforma se asentaba en el retraso en la edad “ordinaria” de jubilación, discurriendo desde los 65 a los 67 años, para cuyo tránsito se estipuló un período de 15 años que finalizará en 2027.

 

La segunda en 2013 se orientaba exclusivamente a reducir el valor real de la pensión a través de la implantación de dos factores que afectaban a la pensión inicial (factor de Sostenibilidad – FS-) y a su evolución durante la vida del pensionista (factor de Revalorización Anual  IRP-). La aplicación de estos dos factores al cálculo del valor de la pensión habría significado una reducción estimada por diversos analistas de alrededor del 40 % del valor real de la pensión media a la altura del año 2050.

 

La última ola de reformas del sistema de pensiones en España

Tras estas reformas, acabamos de asistir a una tercera fase de reformas, llevada a cabo entre los años 2020 y 2023. Por un lado, se derogan inicialmente los mecanismos creados en la reforma de 2013 (FS e IEP) y, por otro lado, recogiendo elementos de la filosofía de la reforma abordada en 2011, se consolida la estrategia de alargamiento progresivo de la edad de jubilación (a través de la introducción de nuevos estímulos para hacerlo voluntariamente) para alcanzar cotas razonables de sostenibilidad del gasto y modificando también algunos de los parámetros definitorios del cálculo de la base reguladora de la pensión.

 

NOTA:Como se indica en la tabla anterior, finalmente el periodo de cálculo de las pensiones se amplió hasta los 29 años con un periodo dilatado de transición desde los actuales 25 años

 

El informe del Ministerio de Seguridad Social  (Proyecciones de gasto público en pensiones en España, 2023) recoge, las modificaciones recientes introducidas en el sistema, sintetizándolas en los siguientes contenidos:

  • La separación de fuentes de financiación
  • La puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones con el IPC que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo;
  • La continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal ordinaria (ELO) a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas;
  • Adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación;
  • Establecimiento de un nuevo sistema de cotización para los autónomos basado en ingresos reales que refuerce la integración y convergencia de los regímenes de pensiones;
  • La revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando el desarrollo de planes de pensiones de empleo (PPE) a través de la negociación colectiva.

 

Hay un concepto esencial que, de alguna forma, refleja un horizonte de sostenibilidad del sistema: se trata de mantener y no superar significativamente la cifra del 15% como proporción razonable a plazo del gasto en pensiones como porcentaje del PIB. No superar tal peso del gasto en pensiones exigirá un esfuerzo para el conjunto de la sociedad, pero lo más importante es que el modelo de reformas plantea un horizonte de revisión periódica del sistema si las previsiones de evolución de gasto resultaran superiores a las esperadas y no pudieran ser completamente compensadas por las mejoras introducidas en la estructura de ingresos del sistema.

 

El origen de los nuevos ingresos proviene fundamentalmente de:

 

  1. a) las modificaciones introducidas en el régimen de cotización de los trabajadores autónomos, que pasarán paulatinamente a cotizar por sus ingresos reales;
  2. b) de la puesta en marcha de un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sustituyendo así al Factor de Sostenibilidad (FS) creado en la reforma de 2013, que incrementará hasta 1,2 porcentuales la cotización en todos los regímenes y nutrirá la hucha de la SS (el Fondo de Reserva) con el objetivo de alimentar el sistema en los momentos de mayor crecimiento del volumen de jubilados procedentes de las generación del baby boom(especialmente intensos en la década de los años 30 del siglo);
  3. c) del incremento de la bases máximas de cotización y
  4. d) de la creación de una cuota de solidaridad soportada por aquellos activos con mayores salarios.

El ajuste a medio plazo

Considerando el efecto final de todas las modificaciones introducidas sobre el gasto proyectado de las pensiones sobre el PIB, la reforma introduce un importante elemento de ajuste para mantener la estabilidad definida para el sistema, que básicamente recaerá sobre la tasa de cotización. El objetivo consiste en no superar el límite del 15% de gasto total en pensiones sobre el PIB  y para gestionar este objetivo se establece una revisión trianual del MEI, en función de la marcha de losingresos y gastos del sistema. La previsión, por tanto, es que las desviaciones sobre el límite de gasto recaigan básicamente en incremento de cotizaciones.

 

Y aquí es donde el debate puede ser más intenso pues considerando el margen de incremento de presión fiscal a través de las cotizaciones sociales que puede tener la economía española, sin afectar de forma adversa a las variables macroeconómicas (la productividad del trabajo y los márgenes comparativos con nuestros socios/competidores comerciales)

 

Es probable que en el futuro sea conveniente tener en cuenta el resto de los parámetros del sistema —no solo los ingresos— para equilibrar la evolución sostenible de las pensiones y esta era precisamente la lógica sobre la que descansaban los principios del Factor de Sostenibilidad (FS) apuntados en la reforma de 2011.

 

Junto a ello, es posible que puedan abordarse algunas modificaciones como la prestación por desempleo que serán susceptibles de ser trasladados al sistema de pensiones sin aumentar el tipo de cotización conjunto. Ello sería posible reduciendo la cotización al desempleo y aumentando de forma equivalente la cotización por contingencias comunes que es la que financia el sistema de pensiones.

 

Lo cierto es que nunca suele haber reformas definitivas y tampoco esta reforma lo será, cosa muy diferente que es que esta última reforma esté enfocada realmente a asegurar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro de sistema público y pensiones y, al respecto, existen demasiadas voces (Banco de Espala, la Airef, la OCDE,…) que lo cuestionan. Veremos pues, como siempre, el futuro está por ver y nada está escrito sobre piedra.

 

 

 

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