La última vez que se vio a un sindicalista de CCOO y UGT trabajando, en España se pagaba en pesetas
En febrero de 2017, GGOO y UGT convocaron, y con razón, cuatro jornadas de protestas contra Rajoy, bajo el lema “Así no salimos de la crisis”. En aquel entonces estaba la luz a 76 € el megavatio; al 2.29 % la inflación y a 1.2 € el litro de Súper 95. Todos precios entre dos y diez veces inferiores a los que ahora pagan por esos mismos productos los españoles. Pero el matiz, que explica por qué entonces se echaron a las barricadas y hoy no salen de las mariscadas, es crucial: no es lo mismo un precio razonable, pero “de derechas” que un atraco insoportable pero “progresista”.
Lo que hace de Josep Álvarez y Unai Sordo dos vasallos de Sánchez no es el recibir subvenciones de 17 millones anuales ni volver a ser los “gestores” de los convenios colectivos sectoriales gracias a la “reformita laboral”, lo que les convierte en siervos del Gobierno “progresista” es ver a transportistas, pescadores, productores de leche y sus derivados, comerciantes y amas de casa desesperados y pensar que ellos, si protestan por no llegar ya ni a mediados de mes, es simplemente por una conjura fascista para derribar al Gobierno de coalición (“coalición” con ¿quiénes?).
Los sindicatos anuncian una protestita que confirma su vasallaje pues la harán el 23 de marzo, víspera del Consejo Europeo, para apoyar a Sánchez (y no para protestarle como sería lo coherente dada la situación “del pueblo” al que dicen representar). Le acompañan así en su teatrillo para simular que él va a arreglar la crisis energética europea y para que los malos sean, como siempre, esos “hombres de negro” de Bruselas.
Pero “no cuela” pues los sindicatos españoles, son los únicos en la UE que no marchan contra el Gobierno y retrasan y retienen movilizaciones, que plantean sólo contra empresas y «el alza de precios», pero secundan al Gobierno.
La movilización sólo se dirige contra las empresas energéticas, el blanco de todas sus críticas, un «oligopolio», que es realmente el que «se está forrando», han subrayado. Se movilizan contra las empresas y contra un ente abstracto: «El alza de precios». El Gobierno no es el receptor de sus críticas, al contrario, UGT y CCOO han secundado todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, aunque no ha definido todavía. Las movilizaciones sindicales, que todavía no han detallado, serán en principio en los centros de trabajo por la mañana, aunque quedan por fijar marchas en pueblos y ciudades por la tarde que no parece que apunten al Ejecutivo.
Este escenario contrasta vivamente con el papel que están desempeñando las centrales sindicales de otros países, que además están muchos de ellos aplicando medidas de emergencia desde hace semanas. Sindicatos británicos, franceses, portugueses e italianos están exigiendo a sus respectivos gobiernos más ayudas y se están movilizando en este sentido.
REINO UNIDO.
El TUC, la Confederación de sindicatos británico fundada en 1868, que se define como «la voz de los trabajadores británicos», exponen claramente que “Los trabajadores de Reino Unido necesitarán protección contra aumentos aún más pronunciados en las facturas del gas debido al conflicto. El ministro de Hacienda debería introducir subvenciones para ayudar con los precios de la energía, implementar un programa de emergencia de aislamiento de viviendas y financiarlo con un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de la energía”. Reclaman ayudas muy contundentes para las familias y un impuesto del 100% a los beneficios de las empresas británicas que se están beneficiando de la crisis energética. Los préstamos de 200 libras, créditos y descuentos para familias vulnerables deben ser incrementados.
PORTUGAL.
El sindicato CGTP ha advertido de todo tipo de movilizaciones contra el Ejecutivo del socialista Costa si no cumple con las medidas ya anunciadas y que ofrecen la ampliación y aumento del valor del Autobono de 5 a 20 euros mensuales, una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos, contempla una rebaja del IVA a estos productos (si no logra el aval de la UE se compensará con una subvención de 40 céntimos de euros por cada litro de combustible), descuentos en gas envasado para familias de bajos ingresos y 150 millones de euros para el Fondo Medioambiental en la tarifa de acceso a la red para consumidores industriales.
FRANCIA
Ante el alza de la inflación, el Gobierno francés ya anunció en otoño un cheque de 100 euros para la mitad de los trabajadores, que ganan menos de 2.000 euros. También ha bloqueado en un 4% la subida de la electricidad en febrero. Los conductores tendrán un descuento de 15 céntimos por litro de carburante, una medida que costará unos 2.000 millones de euros. Pero los sindicatos consideran estas medidas insuficientes y la CGT, Force Ouvrière, Sud-Solidaires y varios colectivos estudiantiles impulsaron a finales de enero una jornada de protestas y huelgas parciales para exigir aumentos salariales y así compensar la fuerte inflación. En París, la marcha culminó delante del Ministerio de Economía. Hubo unas 170 manifestaciones en todo el país.
ITALIA.
El transporte ha bloqueado las carreteras en protesta por el precio del gasóleo. En diciembre, la Confederación General Italia del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) convocaron huelga general en contra de los Presupuestos de Mario Draghi. Para afrontar la subida de precios, Draghi ha prometido una ayuda de 16.000 millones de euros para a familias y empresas; además, va a eliminar en la factura los cargos del sistema para los usuarios domésticos de electricidad y para las empresas, y va a rebajar el IVA al 5%.
ESPAÑA.
UGT y CCOO asumen los mensajes del Gobierno y han apoyado los Presupuestos de Pedro Sánchez y las reformas de las pensiones y la “reformita” laboral. La rebaja de impuestos que se anunció el domingo y el lunes y que ahora queda en barbecho no es para las centrales sindicales urgente pero sí que Europa cambie de inmediato el sistema de fijación de precios, como reclama Sánchez; no hablan de subir impuestos a las eléctricas pero sí de topar sus beneficios caídos del cielo, lo que también prefiere el Ejecutivo. En lo que les toca, el Pacto de Rentas que les ha encargado el Gobierno para que no se traslade la espiral inflacionista a los salarios han sido poco claros, han resaltado su importancia y la necesidad de que haya medidas de control de precios, sin precisar, aunque de momento se mueven en subidas de cerca del 5%.