Hasta la reforma del PP de 2013 (Ley 5/2013), donde se introdujo el IRP (el Índice de Revalorización anual de las Pensiones) que estaba en función de los parámetros de déficit del sistema de la Seguridad Social la revalorización anual se calculaba según la subida del IPC prevista para el conjunto del nuevo año. Al finalizar el año se observaba el IPC real y el IPC estimado y si existía una desviación al alza, es decir, que el aumento de las pensiones se quedaba por debajo del IPC real ya conocido se abonaba la conocida como paguilla a inicios (usualmente en el mes de febrero) del año siguiente. Esta paguilla no era más que la compensación monetaria de esa desviación y su cantidad se consolidaba para las futuras revalorizaciones anuales. En definitiva la revalorización tenía en cuenta la variación del IPC real y, además, se “compensaba” el aumento de las pensiones del año aunque fuese con carácter retroactivo.
En 2011 el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, y los pensionistas ya no volvieron a percibir esa paga compensatoria hasta 2018 dado que la aplicación del ya mencionado IRP durante el periodo 2014-2017 quedó congelada en ese 2018. A comienzos de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez repartió unos 127 millones de euros a los pensionistas para compensar una desviación de 0,1 puntos de la subida que se les aplicó en 2018 (1,6%) y la media del IPC de ese año 2018 (1,7%).
A comienzo de 2020 no hubo paga compensatoria relativa al año 2019 puesto que los pensionistas ganaron poder adquisitivo ya que la inflación se contuvo (en el 0,7%) mientras que las pensiones se habían elevado un 1,6% desde principios de año. Ya en 2021, se repitió esa ganancia, con un IPC que la pandemia mantuvo en negativo la mayor parte del año 2020, mientras que las pensiones se habían revalorizado el 0,9% a inicios de año.
En 2022 la paguilla compensó un 1,6% (2,5% del IPC real de 2021 menos 0,9% de la revalorización de principios de 2021) de caída de poder adquisitivo que recibieron los pensionistas en el año 2021.
Pero según el nuevo criterio que se aplicará a partir de 2022 conforme a la “Reforma Escrivá” de las pensiones (Ley 21/2021), la revalorización anual de las pensiones se obtendrá “automáticamente como la media de la variación anual en los meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 del IPC.
La revalorización de 2022 fue del 2.5% pero el IPC medio (desde diciembre 2021 hasta noviembre de 2022) ha sido el 8,5%. Es decir durante todo el 2022 los pensionistas han tenido una pérdida de poder adquisitivo del 6,0 % (8,5 % – 2,5%) y la paguilla debería compensar esa pérdida con carácter retroactivo, sin embargo con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 21/2021 que modifica el art. 58 de la LGSS se ignora esa desviación que ya se ha sufrido durante todo el año 2022. Así, la paguilla desaparece y esa pérdida de poder adquisitivo ya no se recupera, y los pensionistas deben apechugar a su costa los gastos que la desviación del IPC en el 2022 sin ninguna paga compensatoria.
En 2022 los precios han subido un 8,5% y las pensiones lo hicieron 2,5% y esa desviación es íntegramente a costa de los pensionistas sin poder resarcirse de ella.
