El déficit de la Seguridad Social alcanzó a 31 de diciembre de 2023 una cifra de 98.526,3 millones de euros, según la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2023 y realizada por el Tribunal de Cuentas.

Según la información del organismo fiscalizador (se puede consultar en este enlace de la página web del Tribunal de Cuentas), la Seguridad Social acumula ya siete años consecutivos en los que registra un patrimonio neto negativo, desde 2017.

De acuerdo con el informe del Tribunal, «el origen de este déficit patrimonial está en los resultados económico-patrimoniales negativos acumulados en el periodo 2010 a 2023 derivados de operaciones de gestión ordinaria de estas entidades». Estos resultados, reza el informe, llevaron a que los recursos propios del sistema de la Seguridad Social fuesen «insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería«.

El Tribunal relata que para paliar esta situación «la solución adoptada inicialmente para cubrir estos gastos de gestión ordinaria fue la concesión de sucesivos préstamos a largo plazo» por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos préstamos ascendieron en 2023 a 116.166,4 millones de euros, el equivalente al 7,75% del Producto Interior Bruto (PIB).

El informe del Tribunal contiene una advertencia del organismo, que insiste en el hecho de que este tipo de medidas coyunturales «no resuelven los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tienen reflejo en su neto patrimonial».

En paralelo, el Tribunal de Cuentas explica que entre 2018 y 2023, el Estado aportó a la Seguridad Social transferencias corrientes por un valor de 81.829,3 millones de euros, «que han repercutido positivamente en su neto patrimonial» y que tienen el objetivo de que el Estado asuma los costes impropios del sistema y acabar «con el déficit financiero del sistema, reforzando su sostenibilidad a largo plazo y acabando definitivamente con la política de préstamos».

También advierte el Tribunal de Cuentas que todos los años el Estado «realiza aportaciones a la Seguridad Social para la financiación de conceptos de naturaleza no contributiva» y que en 2023 esas aportaciones fueron de 19.090,2 millones de euros.

Llamada de atención al Estado

En su Declaración, la institución fiscalizadora ha apreciado que en la Cuenta General del 2023 se produjo una sobrevaloración del resultado presupuestario –que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio– en 3.211,3 millones de euros por una «incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos» durante el ejercicio fiscalizado.

El Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto que hay pagos pendientes de justificación o aprobación por 1.347,2 millones de euros que han superado los plazos establecidos en la normativa. También se ha detectado otras incidencias, como las relativas a la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con medios propios de la Seguridad Social o a la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías por 390 millones de euros.

A su vez, la Declaración refleja deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas como, por ejemplo, la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 9.563,3 millones de euros, la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.617,1 millones de euros y la falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 754,2 millones de euros.

Por todo esto, explica el Tribunal, «es necesario que el Estado continúe con la concesión de las transferencias anuales previstas y las que prevean las Presupuestos de cada año, para asumir así la totalidad del coste de aquellas medidas que, aun formando parte del sistema de protección social, no tienen naturaleza estrictamente contributiva».

También, detalla el informe, y en su papel de garante del sistema, el Estado debe «realizar otras aportaciones para cubrir todos los déficits financieros y presupuestarios que puedan producirse en la Seguridad Social». Asimismo, «deben promoverse las actuaciones necesarias para proceder al saneamiento financiero del sistema desde la perspectiva de su endeudamiento frente al Estado», finaliza el informe, que propone abordarlo «en el marco del Pacto de Toledo».