Los agentes y miembros de las Fuerzas Armadas perciben de salario base entre 243 y 410 euros menos que el SMI anunciado por el Gobierno para 2023
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado martes un incremento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en 1.080 euros en 2023. Un incremento de 80 euros al mes, que ha sido pactado con los sindicatos UGT y CCOO, y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, esta subida no afectará a los funcionarios públicos y, por tanto, tampoco a policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones o militares, cuyo salario base oscila entre los 696,13 y los 836,41 euros.
Y es que las cifras no engañan: entre 243,59 y 410,70 euros menos al mes que la mayoría de trabajadores. Pero, ¿por qué no se aplica el salario mínimo interprofesional a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas? La respuesta está en el Capítulo I del estatuto de los trabajadores, en su apartado 1.3. En concreto, establece que se excluyen del ámbito regulado por esta ley: “La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”. O lo que es lo mismo, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y militares, quedan excluidos de la ley por la que se rigen la mayoría de trabajadores de este país, al igual que el resto de funcionarios públicos.
En numerosas ocasiones, los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han ofrecido al Ejecutivo una solución que no afectaría a la cuantía de “gasto de personal” de los Presupuestos Generales del Estado. Propuestas que han caído en saco roto. La iniciativa es simplemente modificar el denominado complemento de destino y tomar de ahí los 243,59 euros que faltan y de este modo, la nómina se mantiene y no implica una inversión extra en los Presupuestos.
Los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
Hay que señalar que el salario base actual de policías, funcionarios de prisiones y guardias civiles se rige por la Ley 31/2022, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, así como por la Tabla de Retribuciones del Personal Funcionario, del Ministerio de Hacienda. Así, un agente que acabe de ingresar en la Policía o la Benemérita recibirá 11.482,74 euros al año, divididos en 12 pagas, lo que equivale a unos 836,41 euros brutos al mes. Cantidad a la que hay que sumarle dos pagas extras en junio y diciembre por valor de 722,91 euros brutos, cada una. Finalmente, hay que tener en cuenta también otros factores que forman parte de sus nóminas como la antigüedad (30,61 euros más por trienio), el cargo que ocupa, el destino, la turnicidad, las horas extra o la territorialidad, entre otros.
Los sueldos de los militares
En el caso de los militares, su sueldo base viene determinado por el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Presupuestos de cada año. Su caso es aún más “sangrante”, ya que el desfase respecto a policías y guardias civiles se ha agudizado.
En marzo de 2021, y tras 16 años haciendo oídos sordos a sus reivindicaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez accedía a subir el sueldo a los militares. En concreto, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto que modificaba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas y que se traducía en un aumento de entre 17,13 y 59,9 euros al mes. Una cifra insuficiente y que se ha visto mejorada únicamente por los incrementos previstos en los Presupuestos de cada año para todo el personal de la Administración. En esta ocasión, se beneficiarán de la subida de sueldo del 3,5% aprobado por el Gobierno para los empleados públicos.
A día de hoy el sueldo base de un militar de categoría C2 (de cabo primero a soldado o marinero, con una relación de servicios de carácter temporal) se situaría en los 669,30 euros, hasta 410,70 euros menos que el Salario Mínimo Interprofesional y en el caso de la categoría C1 (de cabo primero a soldado o marinero, con una relación de servicios de carácter permanente), el sueldo base se situaría en 804,19 euros y la diferencia con el SMI sería de 275,81 euros.
La sindicación de la Guardia Civil
En una reunión que mantuvo con algunos agentes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a «impulsar las medidas necesarias» para conseguir sus reclamaciones. El Gobierno da impulso a una reivindicación histórica de la Guardia Civil: el derecho a la sindicación en el Cuerpo. La iniciativa ha partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tras mantener una reunión con la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se comprometió en trabajar mano a mano con los agentes para conseguir sus reivindicaciones laborales
Entre las cuestiones que más «sorprendieron» a la ministra estuvo la imposibilidad de los agentes de poder sindicarse por su condición de militares, una opción de la que, no obstante, sí goza el resto de cuerpos policiales en España. Y la falta de medidas de conciliación que permitan a los agentes compaginar su vida laboral y familiar.
Los guardias civiles pidieron colaboración a la vicepresidenta para conseguir su derecho a sindicarse —una «asignatura pendiente de la democracia española con nuestro colectivo», reclaman—; el acotamiento de la aplicación del Código Penal Militar exclusivamente a situaciones de conflicto; la garantía de tener una jubilación digna, equiparada con el resto de cuerpos autonómicos; la aplicación del acuerdo de la función pública, que asegura jornadas laborales de 35 horas semanales a los funcionarios; o el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018.
Los guardias civiles habían reclamado una reunión con el Ministerio de Defensa que, según AUGC, «se ha negado sistemáticamente a tener algún tipo de interlocución con los representantes de los trabajadores de la Guardia Civil»; y la falta que interlocución «real» con el Ministerio del Interior, que les «constriñe a trasladar sus demandas al Consejo del Instituto Armado —un órgano consultivo—.
Jubilación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
Las fuerzas de seguridad llevan varios meses reclamando mejoras en su jubilación. El pasado mes de noviembre, los agravios con los cuerpos autonómicos sacaron de nuevo a las calles de Madrid a policías y guardias civiles de todo el país. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la AUGC, organizaciones decanas de ambos cuerpos, miles de agentes han exigieron al Gobierno la equiparación de sus pensiones con las de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, quienes perciben hasta 600 euros más tras jubilarse. Policía Nacional y Guardia Civil, según denuncian, son los únicos funcionarios policiales que no tienen reconocida la necesidad de anticipar la jubilación y cuando acceden a ella lo hacen con un menoscabo económico del 30%.
Los sindicatos se abren a negociar con el Gobierno en 2023 e incluso pactar una subida progresiva en varios años, como se firmó con la equiparación salarial. «No vivimos ajenos a la sociedad, sabemos que hay una situación económica compleja, pero queremos que se reconozca nuestro derecho por tener una profesión de riesgo. Dinero hay, lo había cuando se mejoraron las condiciones de los mossos en los presupuestos de 2022, la cuestión es si quieren que seamos una policía de tercera o no», denuncian.