El empeño del Gobierno en ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los últimos 30 años cotizados, eligiendo 28, sigue siendo el gran obstáculo para avanzar en el acuerdo con los agentes sociales (sindicatos y patronal) y aprobar la segunda fase de la reforma de las pensiones, cuando faltan tres semanas escasas para que finalice el plazo prometido por España a Bruselas. Hay que recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a sancionar antes del 31 de diciembre dos grandes medidas: el aumento de los años que se utilizan para determinar la cuantía de la pensión, y el destope de bases y pensión máxima.
Acuciado por el reloj, el ministro Escrivá ha ordenado dar prioridad absoluta a la negociación de la segunda fase de la reforma, y a lo largo de la semana va a convocar de nuevo a sindicatos y patronal.
Las perspectivas son poco halagüeñas, y de hecho, la negociación está empantanada: CEOE y CEPYME se oponen a una eventual extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y temen que el progresivo destope de las bases máximas suponga otro encarecimiento de cotizaciones para las empresas; los sindicatos se niegan a modificar el periodo de cálculo de las pensiones, si ello supone un recorte de la pensión futura (el Ministerio plantea aumentarlo desde los actuales 25 años cotizados a 30 años, con posibilidad de elegir los 28 mejores); y tanto patronal como sindicatos critican la falta de información por parte del Ministerio, que en las últimas semanas no les había presentado informes ni proyecciones sobre el impacto de las medidas previstas.
PROPUESTAS DEL MINISTERIO
En su reunión de este lunes, 12 de diciembre, el Ministerio de Seguridad Social ha ofrecido varias medidas para luchar contra la brecha de género en las pensiones, que tanto sindicatos como patronal consideran insuficientes:
– Negociar la jubilación parcial antes de marzo de 2023. El Ministerio ha incluido en su documento el compromiso de que se va a desarrollar el marco regulatorio de la jubilación parcial en el primer trimestre de 2023, pero los sindicatos echan en falta que se incluya la prórroga automática e inmediata de la jubilación parcial de la industria manufacturera que va a decaer el 31 de diciembre.
– Lagunas de cotización: El Ministerio también propone aumentar hasta el 80% de la base mínima (desde el actual 50%) la cobertura de las lagunas de cotización entre los meses 49 al 72 para mujeres y hombres trabajadores que dejaran su carrera para cuidar a sus hijos. Con ello se mejoraría la pensión a las mujeres madres, fundamentalmente, ya que lógicamente, cuantos más años o largos periodos de lagunas se tengan, mayor perjuicio en la pensión.
– Excedencias. El Ministerio propone mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. El Ministerio de Seguridad Social plantea sufragar el 100% de la cotización en periodos de excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijos o de mayores durante los tres primeros años.
– Complemento de reducción de la brecha de género. Propone un 10% extra de aumento de este complemento en 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual con el IPC. En la actualidad, este complemento, vigente desde febrero de 2021, tiene una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro
LA POSTURA DE LOS SINDICATOS
Exigen que el Ministerio les demuestre con cifras que aumentar el periodo de cómputo no significará un recorte de la pensión futura. Desde UGT indican que “Pese a nuestra reiterada insistencia, carecemos todavía de una memoria económica y de impacto de las dos medidas principales que plantea el Gobierno, y que son las que han prometido a Bruselas” Exigen un mecanismo para subir las pensiones mínimas y no contributivas, y que dejen de estar a merced del gobierno de turno y rechazan cualquier extensión del periodo de cómputo, siempre y cuando suponga un recorte de las jubilaciones futuras e señalan un incremento del periodo de cálculo se sale fuera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y no tiene asegurada su aprobación por el Parlamento. Y aclaran que : “el Gobierno podría plantear ampliar el periodo de cómputo y establecer medidas anexas que contrarresten la pérdida de poder adquisitivo, pero a los agentes sociales solo nos habla de que se trata de una reforma neutra fiscalmente, sin darnos las cifras, sin entregarnos la memoria económica que demuestre que no tendría impacto en las pensiones futuras”.
Respecto a la otra gran reforma que persigue Escrivá, desde UGT defienden “el destope progresivo pero total de la pensión, porque nos parece que es la tercera gran pata para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, una vez aprobada la cotización de los autónomos por sus ingresos reales, y antes de eso, la sobrecotización del MEI. Las tres medidas ayudarán a afrontar la jubilación del baby boom”. En este sentido, el sindicato critica que el Ejecutivo “no se ha movido de su propuesta de incrementar el 30% la base máxima de cotización y el 3% de incremento de la pensión, y ambos planteamientos nos parecen muy escasos”.
Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, asegura que la propuesta oficial de este lunes es “claramente insuficiente” en cuanto al incremento de ingresos por la vía de la subida de las bases máximas de cotización. También insiste en que se revaloricen las pensiones mínimas no contributivas.
Bravo critica por insatisfactorios los avances en cuanto a la integración de lagunas y en el complemento para reducir la brecha de género. A su juicio, los planteamientos de la Seguridad Social siguen siendo “insuficientes”, sobre todo en lo relativo al “incremento de ingresos derivado de la actuación del destope sobre bases máximas y salarios más altos”. El sindicalista critica que el Gobierno no haya propuesto reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del factor de sostenibilidad, ni tampoco mejoras para las pensiones mínimas, que es otra de sus reivindicaciones.
LOS EMPRESARIOS
La CEOE mantiene su oposición a las dos principales propuestas del Gobierno, por entender que “suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral. Propuestas que, además, no consideramos que permitan mejorar la sostenibilidad del sistema”.
Desde CEOE insisten en reclamar al Gobierno la memoria económica y de impacto de las reformas que plantea, algo sin lo cual no pueden entrar a valorar el fondo de las mismas.
En cuestión de brecha de género, CEOE admite que el Ministerio ha incorporado alguna medida menor que apunta en la buena dirección. “Pero, en lo esencial, la propuesta perjudica más aún a las mujeres que la que se estudió la semana pasada, ya que ahora se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización a las mujeres al periodo entre los 35 y 45 años de edad”.
Además denuncian el pretendido destope de las bases máximas por ser “un impuesto oculto” que, a su juicio, “no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”. Con la propuesta actual, en 2050 se habrá producido un incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima de cotización y del 3% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.
Una vez implementada por completo en 2050, esta medida incrementaría la recaudación, “como mucho”, en un 0,15% del PIB, “muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones” derivado de la primera fase de la reforma de pensiones, que el propio Gobierno ha cifrado en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050. “Si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema. A partir de 2050, la base máxima pasaría a actualizarse solo con la inflación, y la pensión máxima crecería algo más que la inflación, hasta alcanzar un incremento acumulado del 30% a precios
