EL PRIMER BLOQUE DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES: GANADORES, ENGAÑADOS, PERDEDORES E INDISCRECCIONES

GANADORES (PERO NO TANTO)

Parece, sólo parece, haber un ganador en la primera parte de la reforma que se acaba de acordar: los ya jubilados. A partir de ahora, nunca perderán poder adquisitivo en la pensión pública pues siempre se actualizará con el IPC, aunque en realidad así ha sido desde 2018. Incluso cuando se aplicó el IRP de la reforma del PP de 2013 la inflación fue en general inferior al 0,25% que se legisló como la subida mínima en esa reforma, con lo cual incluso salieron favorecidos en esos años.

 

ENGAÑADOS (¿INGENUOS?)

La fórmula elegida para intentar primar a los trabajadores a trabajar más allá de la jubilación, optando por la “jubilación demorada” es que ahora se puede elegir entre el incremento del 4% de la pensión por cada año de retraso de la jubilación o un cheque ese año que sigues trabajando de hasta 12.000 euros. Para el sistema, sin duda, es más interesante que la gente elija la opción de los 12.000 euros pues ese 4% aplicado a la pensión máxima, a tipos 0%, en los 22 años de vida que le quedarían de media a una persona que se jubila hoy da lugar a un valor presente esperado de casi 35.000 euros, o sea, casi el triple que los 12.000 euros. Pero además, y fundamentalmente, se consigue un año más de cotización y un año menos de pago de pensión.

La ‘jugada’ de Escrivá está en la línea de las conocidas como economía del comportamiento o behavioural finance, en inglés. El incentivo es lo que más nos llama la atención y preferimos cobrar 12.000 euros de golpe que 50 o 60 euros al mes. Esto es lo que en economía del comportamiento se llama un nudge, un pequeño empujoncito para tomar decisión.

 

PERDEDORES (Y “ASUSTADOS”)

Pero también hay perdedores…y sobre todo con el miedo en el cuerpo: los que aún no se han jubilado. A priori podría parecer lo contrario, porque se ha derogado el tan criticado factor de sostenibilidad, es decir, la norma que ajustaba la pensión de los futuros jubilados a la esperanza de vida y como ésta no deja de aumentar, en la práctica supondría (cuando entrara en vigor, que ya no lo hará) una menor paga. Pero ese factor de sostenibilidad será reemplazado por otro mecanismo que todavía está por concretar y que es la gran incógnita que se ha dejado para el Segundo Bloque de la reforma pues es “la madre de todas las batallas” en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales.

 

En el texto del acuerdo de indica textualmente:

 

“Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”

 

“¿ Por qué le llaman amor, cuando quieren decir sexo?”

 

LA “INDISCRECIÓN” (LAS INCERTIDUMBRES Y EL PÁNICO)

Los anuncios de cambios en el sistema de las pensiones públicas generan incertidumbre y, cuando suenan tambores de recortes, tienden a provocar un ‘efecto pánico’ entre los que están a las puertas de abandonar el mercado laboral, que en muchos casos optan por precipitar su salida para garantizarse un retiro con mejores condiciones económicas.

 

Tras la advertencia lanzada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los baby boombers: tendrán que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más tiempo. La generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 del siglo pasado, que ya ha empezado a desembarcar en el sistema de las pensiones en el rango más alto de edad, saca la calculadora.

 

Apenas 24 horas después del desafortunado aviso al colectivo, el titular de la Seguridad Social matizaba sus declaraciones: “Ayer no tuve mi mejor día y no transmití esa certidumbre sobre algo que todavía está por definir. Probablemente no me expresé bien o se me entendió mal. Eran reflexiones en voz alta”, decía el ministro. Pero el globo sonda ya estaba lanzado. Aunque es cierto que Escrivá se estaba refiriendo al diseño del nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional” que vendrá a sustituir al Factor de Sostenibilidad y que no entrará en vigor hasta el año 2027, de manera que los que ahora tienen 63 años tendrán entonces 69 y ya estarán a buen recaudo, dentro del sistema de las pensiones, sus palabras generaron ese ‘efecto miedo’ tan infundado a veces como definitivo a la hora de tomar decisiones en materia de jubilación anticipada.

 

Ya sucedió en 2018, por el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019, con un récord histórico de más de 140.000 jubilaciones anticipadas (el 43% del total) una cifra nunca vista en los registros de la Seguridad Social. En esas jubilaciones masivas tuvo mucho que ver el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019. Este mecanismo, incluido en la reforma de pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y desarrollado después por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, se ideó para adaptar los parámetros básicos del sistema, como la edad de jubilación o los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación, a la evolución de la esperanza de vida para garantizar el equilibrio del sistema.

 

Para esquivar ese impacto, miles de trabajadores optaron por adelantar su jubilación para garantizarse un mejor cálculo de la paga. Y ello porque les compensaba a pesar de asumir una penalización, pues la cuantía de la pensión que cobra un jubilado se reduce sensiblemente por cada año que se anticipe la edad de jubilación respecto a la edad legal en ese momento. Pero finalmente nunca llegó a entrar en vigor. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 dispuso que “la aplicación del Factor de Sostenibilidad (…) se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023″.

 

Esa prórroga instaló cierta calma entre los trabajadores próximos a la edad de jubilación, tal y como constatan las estadísticas de la Seguridad Social, que reflejan un retroceso de hasta el 15%, desde las 140.000 en 2018 hasta 120.000 en 2019 de las jubilaciones anticipadas. En consecuencia, las salidas anticipadas pasaron de suponer el 43% del total al 39%. En 2021 (toda vez que los datos de 2020 están alterados por el impacto de la pandemia) ese porcentaje ha caído al 38%, con unas 52.000 jubilaciones anticipadas sobre un total de  unas 136.000 registradas en lo que va de año. Pero estas cifras podrían darse la vuelta tras el anuncio de Escrivá.

 

Si el colectivo cercano a la edad de jubilación ya estaba inquieto con los tambores de reforma que han venido sonando estos meses al ritmo de mayores penalizaciones en las salidas anticipadas del mercado laboral, el mensaje lanzado por Escrivá a toda una generación -los baby boombers– no hace más que echar leña al fuego. El propio ministro admitía durante su intento de rectificación el viernes, preguntado al respecto por los periodistas en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación del mes de junio, que sus palabras habían contribuido a crear incertidumbre entre los pensionistas, cuando su objetivo, reconocía, debe ser precisamente el contrario. Lamentó Escrivá que no había tenido su “mejor día” para justificar sus polémicas declaraciones durante una entrevista en TVE en la mañana del jueves, apenas horas antes de rubricar el primer acuerdo en materia de pensiones con la patronal y los sindicatos en los jardines del Palacio de la Moncloa, en un acto presidido por Pedro Sánchez.

 

Fue tal el revuelo que se generó (sindicatos y patronal salieron en tromba contra el ministro, que provocó un incendio incluso dentro del propio Ejecutivo) que el propio presidente del Gobierno tuvo que salir al paso de la polémica el mismo viernes. El primer pacto social en pensiones de la última década había quedado completamente eclipsado por las declaraciones de Escrivá y Sánchez insistió en el mensaje: “No minusvaloremos un acuerdo de gran trascendencia”. Preguntado por el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional (el quid de la cuestión, que deberá concretarse, como tarde, el 15 de noviembre), se limitaba a indicar que “la fórmula y el método es el diálogo social y vamos a trabajar en los próximos meses en la segunda parte de la reforma”. Empresarios y sindicatos ya han advertido de que ese segundo paquete de medidas no será fácil de negociar.