La tramitación de las cuentas del Estado será la más complicada en años, por el retorno de las reglas fiscales y el lastre imparable de la nómina de las pensionistas
Las cuentas del Estado de 2024 estarán totalmente condicionadas por dos elementos. Uno es novedoso: el retorno de las reglas fiscales, que exigirán un esfuerzo extraordinario para cuadrar unos ingresos decrecientes y unos gastos desorbitados. El segundo tiene que ver con que el nuevo Gobierno tendrá que presupuestar cerca de 200.000 millones para financiar una sola partida, las pensiones.
Los cambios demográficos, la ausencia de una reforma más decidida y decisiones tan controvertidas como ligar las pensiones a la inflación siguen aumentando el tamaño de esa bomba de relojería que alberga la Seguridad Social. Actualmente, el Estado está gastando ya 3.200 millones cada semana sólo en pagar pensiones. Esa cifra irá creciendo mes a mes, batiendo récord tras récord.
El pasado julio la factura mensual de las pensiones traspasó por primera vez la barrera de los 12.000 millones de euros. Entre enero y junio, la Seguridad Social gastó 72.000 millones en pagar las nóminas, mientras esa misma cifra es la que empleaba el Estado en todo 2008 para cumplir sus obligaciones con los pensionistas.
Desde que Pedro Sánchez derrocó a Mariano Rajoy, el coste anual de las pensiones ha crecido en casi 42.000 millones. Al cierre de 2023, supondrá prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). La factura de las contributivas rondará los 168.000 euros y seguirá aumentando en 2024. En los Presupuestos de este año, la partida total dedicada a las pensiones implicaba 190.000 millones, incluyendo contributivas, no contributivas y clases pasivas.
El pasado marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dio un sonoro varapalo a su ex presidente -el ministro del ramo funciones, José Luis Escrivá- al asegurar que la reforma aplicada por el Gobierno de coalición no servirá para acotar el gasto al nivel que exige la Comisión Europea.
Escrivá confía en incrementar en 2050 los ingresos de la Seguridad Social hasta el equivalente al 1,7% del PIB. La AIReF lo reduce al 1,1% y pronostica que el gasto en pensiones superará ese año el 16%, lejos del promedio del 16,3% que pide Bruselas para el aún lejano 2040, momento en el que el Estado tendrá que soportar las nóminas de 15 millones de pensionistas, cinco millones más que en la actualidad.
El otro aviso procede del Banco de España. En un escenario inminente de ajuste, por el retorno de las reglas fiscales, la institución advierte de que el gasto en pensiones constituye la mayor amenaza para la deuda pública. “Si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país y no se activará el mecanismo de ajuste automático en el sistema de pensiones la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría de forma continuada, hasta situarse en el entorno del 120% en 2040“.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) recuerda que, antes de la última reforma (Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI- y la cotización extra para los salarios más altos -la cuota de solidaridad-) las cargas de la Seguridad Social que soportan las empresas españolas ya estaban entre las más elevadas de la UE y de la OCDE y advierte de que el aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de las empresas españolas. Según sus cálculos, puede tener un efecto negativo del 0,6% sobre la actividad económica, ya que implicaría una reducción del consumo y de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente). El IEE asegura, además, que la subida las cotizaciones amenaza con cobrarse entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo.
Fuente: Vozpopuli La factura récord que condicionará los Presupuestos: 3.200 millones a la semana en pensiones (vozpopuli.com)
