Trabajo tramita la licitación de un contrato de 8 millones de euros -el doble que el anterior- para renovar equipos y ‘software’. La escasez de técnicos hace que los auxiliares hagan muchas de las labores de estos.
El ciberataque a la página web de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha logrado bloquear uno de los organismos clave de la Administración, el encargado de cientos de trámites y gestiones y del pago de la prestación de desempleo, los ERTEs y una decena de subsidios. Además de los efectos del ataque, que todavía no está subsanado y va a retrasar los pagos de decenas de miles de parados, ha dejado en evidencia las carencias de un organismo que ocupa a 8.545 trabajadores, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
La avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo -casi 900.000- forzaron a los efectivos del SEPE -más de 2.100 son interinos y cerca de 1.000 personal laboral- a realizar jornadas maratonianas y a ‘fichar’ durante sábados y domingos. La carga de trabajo, la escasez de plantilla, sueldos de apenas 1.100 euros, una tecnología obsoleta y el ciberataque, que paralizó totalmente las tramitaciones durante al menos cuatros días en la segunda semana de marzo, hacen que ahora sea imposible pagar muchas prestaciones a tiempo y que el polvorín del SEPE esté a punto de estallar.
Según reconocen los sindicatos, la plantilla de las oficinas, dónde se tramitan presencialmente las prestaciones, está compuesta fundamentalmente por auxiliares administrativos, con labores específicas, pero que en la mayoría de los casos acaban haciendo de principio a fin toda la gestión, realizando parte del trabajo de los técnicos, pero cobrando poco más de 1.100 euros netos sin contar trienios. El intercambio de tareas, pese a la diferencia de sueldos, es más que habitual y ahora, sin sistema informático, se han tenido que registrar a mano muchas bajas y altas de desempleo.
Los dos últimos días del mes pasado tuvo lugar una huelga, convocada previamente por la Unión Sindical de Trabajadores (USO), que se desarrolló en paralelo con el proceso de recuperación de algunos servicios. Mientras el sindicato aseguraba un seguimiento del 30%, que respondía a una situación crítica de la plantilla, desde el Gobierno se destacó la poca incidencia, que cifró en menos del 3%.
Desde el sindicato USO se han señalado algunas de deficiencias que padece el organismo, que “han forzado una huelga ante la falta de respuesta de la Administración, incluso con denuncias previas”, aseguran. Ante la falta de personal, sobre todo de funcionarios, los sindicatos apuntan la necesidad de contratar 4.000 personas, un 50% más que la plantilla actual, que tiene una media de 50 años.
Otros de los problemas, agravado por la situación de pandemia, por las necesidades económicas y el retraso o los errores en las ayudas son los habituales insultos telefónicos y agresiones, un signo más de la indignación de los ciudadanos que sufren los trabajadores del SEPE, donde los guardias de seguridad de las oficinas se ven forzados a realizar, además de sus labores, otras de ayuda y asesoramiento de los solicitantes en los momentos de colapso.
Sin conocer las verdaderas razones que hay detrás del ataque informático y por qué motivo se pedía un rescate para ‘devolver’ la información sustraída, si no se ha robado información ni se pagado a los atacantes según el Gobierno, la obsolescencia informática ha sido determinante. Equipos con más de 30 años, un aluvión de prestaciones gestionadas y la falta de copias de seguridad, además del teletrabajo, que ha dejado más expuestos a los organismos públicos, han facilitado mucho la labor de los ciberdelincuentes.
El ataque se venía venir -ya había informes previos recientes sobre esta posibilidad- y el Ministerio de Trabajo y Economía Social también era consciente de la antigüedad de los equipos. A finales de 2020, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, adjudicó por 312.000 euros -con dos años de duración- el contrato de monitorización y análisis para detectar los problemas que pueden afectar el rendimiento de aplicaciones informáticas del SEPE. La empresa ganadoras, que se adjudicó el contrato tres meses antes de que produjese el ciberataque, fue GFI Informática.
Durante 2020, en plena pandemia, han sido varios los contratos informáticos, de menor cuantía, que se han adjudicado para anticiparse al aluvión de demandas de ayudas vinculadas a la pandemia y para paliar en parte la precariedad informática del organismo. En estos momentos está en marcha la licitación de un contrato millonario para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos -‘hardware’ y software de base- en todas las sedes del SEPE y que duplica al suscrito con anterioridad, que no se ha renovado, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El presupuesto base de licitación (sin impuestos) es de 8.381.000 de euros -para tres años- y el valor estimado del contrato es de 9.219.100 euros y responde a la urgencia de renovar equipos y actualizar el ‘software’ ante las demandas constantes de los trabajadores y la evidencia de la antigüedad de los ordenadores. Puesto que la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tuvo lugar a mediados de febrero, no tiene que ver con el ataque informático, pero sin duda evitará, en cierta medida, que otros similares afecten con tanta intensidad a los sistemas.
Mientras, la carga de trabajo continúa a la espera de nuevas incorporaciones de efectivos y la renovación del contrato trimestral de los interinos. Desde el se gestionan además de los ERTEs y el desempleo, numerosos subsidios, como el de mayores de 52 años, el de los fijos discontinuos, emigrantes retornados y los relacionados con la violencia doméstica y de genero, además de la Renta Activa de Inserción (RAI), el pago único para montar empresas y el subsidio y la renta agraria de Andalucía y Extremadura.
Fente: La Información
El problema es que trabajan para el Gobierno estatal. En un país donde se hace todo al revés, si trabajaran para un ayuntamiento de un pueblo, tendrían el doble de sueldo, equipos informáticos caros, y menores cargas de trabajo y responsabilidades.