EL PENÚLTIMO “SINDIOS” DEL GOBIERNO CENTRAL: TODOS “CON LA BOCA TAPADA” Y LOS JUBILADOS Y EL EJERCITO AL RESCATE

El combate frente al impacto de la variante ómicron y de la sexta ola se queda en manos de las comunidades autónomas con las posibles restricciones a nivel de aforos o limitaciones de horarios que determinen y les permitan los Tribunales Superiores de Justicia (¡que “esa” es otra!). 

 

El Gobierno central ha decidido apoyarse en dos muletas: la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, independientemente de la distancia que haya entre las personas, y acelerar la campaña de vacunación con terceras dosis y dobles pautas.

 

Para descargar a la atención sanitaria primaria ya no será obligatorio aislarse aunque se haya sido contacto estrecho con un contagiado si no se presentan síntomas específicos de estar también contagiado.

 

Ante la falta de suministros, también se facilitará la venta en farmacias de test de antígenos “profesionales” (¡con dos…la ciudadanía se hace profesional sanitario!)

 

Dadas las características de la variante ómicron parece claro que habrá muchos menos casos graves entre los contagiados que con otras variantes, pero habrá tantos casos que, por pocos que sean proporcionalmente los graves, la situación se complicará mucho.

 

MASCARILLAS

La obligatoriedad de la mascarilla en exteriores no es una medida eficaz, sino una medida más cosmética que otra cosa, que sólo sirve para recordar la gravedad de la situación. Lo importante es la mascarilla en interiores, cuando no se puede mantener la distancia de seguridad y no hay una ventilación adecuada para evitar el contagio a través de los famosos “aerosoles”,

VACUNAS

Acelerar las terceras dosis es muy importante, pero a estas alturas, también insuficiente para cortar la transmisión. El control de la sexta ola no puede descansar en la vacunación, que ya es muy alta, ni en la dosis de refuerzo. Es una medida necesaria, pero no suficiente.

 

También el Gobierno central ha ofrecido la posibilidad de contratar A MÉDICOS JUBILADOS, que mantendrían sus prestaciones, y a facultativos de países no miembros de la UE, y además, el Estado pondrá a disposición de las CCAA a las FUERZAS ARMADAS, tanto para vacunar, como para atender a pacientes. 

 

Quizás la explicación de ese “sindios” es que el Gobierno central sabe, como todos, que en el momento actual, y a pesar de lo alarmante de la situación sanitaria, las restricciones más duras (y muy posiblemente más eficaces) no serían socialmente aceptables dada la “fatiga pandémica” y las concretas del año en las que estamos, y prefieren esperar a más adelante cuando sus efectos sean más trágicos (y en consecuencia, las medidas más aceptables socialmente).

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