EL MALTRATO PSICOLÓGICO DEL GOBIERNO A LOS INMINENTES JUBILADOS

El ministro de Seguridad Social siempre ha promovido, en sus intervenciones en todos los foros, que se debe dar certidumbre a los ciudadanos y trasmitir confianza en el sistema público de pensiones. Sin embargo, siempre transmite elementos que generan gran incertidumbre en el colectivo de pensionistas actuales y futuros.

 

Las ambiguas y contradictorias recomendaciones del Pacto de Toledo se aprobaron en el Congreso de diputados el 18 de noviembre del 2020, hace más de 4 meses y en la recomendación n º7 se insta a la Modernización e Información al ciudadano. Ya en el Pacto de Toledo de 2011 se propugnaba que, al menos una vez al año, toda persona cotizante debería recibir, en su domicilio información sobre el importe aproximado de la pensión que se podría percibir tras su jubilación. Estas mismas consideraciones se siguen manteniendo, señalando la necesidad de que se dé cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

NOTA: El artículo 17.2 de la LGSS prevé que la Administración de la Seguridad Social ha de informar a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria, con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen. Más de 8 años del mandato legal, el mismo sigue sin aplicarse en la realidad.

Es claro que el mandato del Congreso y del propio presidente del Gobierno es debatir y consensuar con los agentes sociales (sindicatos y empresarios) las reformas y modificaciones del actual sistema antes de plasmar las propuestas en leyes que deben remitirse al Congreso para su preceptiva aprobación por los representantes de la ciudadanía.

 

Parece que el mandato no se está, de momento, cumpliendo y por el contrario se está realizando un goteo de emisión de “globos sondas” que producen desasosiego y alarma a los futuros (y presentes) pensionistas, con una calculada ambigüedad para evitar, posiblemente, conflictos públicos con sus socios e interlocutores. Por ejemplo:

1.- Años a considerar para el cálculo de la cuantía de la pensión (de 25 a 35). Tras un veto público de los socios del Gobierno de coalición y de los sindicatos parece, de momento, que esa propuesta está en hibernación, al menos, en esta primera fase de las reformas que exige Bruselas para acceder a los fondos europeos de recuperación de la pandemia

2.- Eliminación del factor de sostenibilidad (aún vigente legalmente hasta 2023 aunque esté en “stand by” su aplicación) pero, a cambio, utilizando un vergonzoso eufemismo, anuncia que se aplicará el que denomina factor intergeneracional. Todo lo concerniente a este nuevo factor está rodeado del máximo secretismo.

3.- Fórmula de cálculo de la revalorización anual de las pensiones, se exponen, secretamente a los agentes sociales, diferentes versiones coartando a la ciudadanía de la transparencia obligada en asunto tan sensible.

4.- Jubilaciones anticipadas voluntarias y la reforma la aplicación de los coeficientes reductores que se aplicarían directamente a la cuantía de la pensión y no de la Base Reguladora como actualmente

5.- Jubilaciones anticipadas involuntarias y la posible eliminación del coeficiente reductor en caso de carreras de cotización elevadas, de 40 años por ejemplo. Los socios de Gobierno exigen que esa posible eliminación se aplique forma retroactiva a esas jubilaciones, lo que conlleva un coste económico al que, las ya secas arcas de la SS, no podrían hacer frente.

6.- En las jubilaciones anticipadas parciales con contrato de relevo impedir normativamente que el periodo de trabajo pueda acumularse plurianualmente a fin de que no pierda, como sucede ahora, el concepto de relevo y sea simplemente un atajo a una jubilación anticipada sin penalización.

7.- Eliminar la jubilación forzosa al llegar a la edad legal ordinaria de jubilación, que resucitó precisamente el actual presidente del Gobierno mediante, para variar, un real decreto en 2018. La pensión pasó así a ser, en algunos casos, no un derecho si no una obligación.

8.- La subida de las cotizaciones máximas y su afección al tope de las pensiones. Sin noticias.

9.- Adaptación de la cotización de los autónomos a los ingresos reales que perciben. Sin noticias.

10.- Impulso de los sistemas complementarios de pensiones a través del Fondo Público de Pensiones al que se adscribirán las Planes de Pensiones de Empleo de las empresas. Sin noticias.

 

Promover esa incertidumbre en los pensionistas es lo más parecido a maltrato psicológico.

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2 comentarios en «EL MALTRATO PSICOLÓGICO DEL GOBIERNO A LOS INMINENTES JUBILADOS»

  1. Buenos días,
    Nada que añadir, muy bien explicado. Sólo felicitarles por la labor que llevan a cabo contra esta ceremonia de la confusión que supone esta situación para las personas que han de tomar decisiones fundamentales para su vida y economía.

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