En las encuestas que realiza mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las pensiones aparecen habitualmente como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En el último sondeo publicado, el de febrero de 2021, quienes participaron dieron más importancia a este tema que a la gestión de las vacunas del coronavirus, la subida de los impuestos o el acceso a la vivienda.
Esta inquietud tiene su lógica. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su proyección demográfica, indica que, si se mantiene la tendencia actual, el 26% de la población tendrá 65 años o más dentro de 15 años. El aumento de la esperanza de vida, junto con un número a la baja de nacimientos se ha convertido en un problema para las pensiones públicas, aquellas que otorga el Gobierno. Nuestro sistema es de reparto, es decir, con las cotizaciones de quienes trabajan se pagan las prestaciones de quienes están retirados de la vida laboral. El futuro en este sentido parece certero: el Estado cada vez tendrá menos ingresos vía cotizaciones a la Seguridad Social
El actual ministro de Seguridad social, José Luis Escrivá, envió recientemente una carta a 65 y más.com: “El cansino bulo de la quiebra de las pensiones” en la que expone su punto de vista sobre la inmediata reforma de las pensiones que le exige Bruselas para el acceso a los Fondos de Recuperación, cuyo texto se facilita al final de este artículo, y en que se limita a una perorata sin ni siquiera mencionar los numerosos temas que precisamente crean intranquilidad y que dan lugar a los bulos que pretende desactivar con su ¿información?
La carta deja caer sin demasiado detalle que el objetivo del ministerio es «preparar el sistema para afrontar el reto que supone la jubilación de las generaciones del baby boom a partir de la mitad de la década», pero no responde en absoluto (ni siquiera los menciona) a los muchos interrogantes que están sobre la mesa como:
- La nueva fórmula de revalorización anual vinculada al IPC
- Los cambios en las jubilaciones anticipadas, tanto voluntaria como involuntaria. En el primer caso la aplicación de los coeficientes reductores directamente a la cuantía de la pensión (y no a la Base Reguladora como ahora) y en el caso de las involuntarias la minoración (o incluso desaparición) de dichos coeficientes reductores.
- En las jubilaciones anticipadas parciales con contrato de relevoimpedir normativamente que el periodo de trabajo pueda acumularse plurianualmente a fin de que no pierda, como sucede ahora, el concepto de relevo y sea simplemente un atajo a una jubilación anticipada sin penalización.
- Eliminar la jubilación forzosaal llegar a la edad legal ordinaria de jubilación (recomendación nº 12), que resucitó precisamente el actual presidente del Gobierno mediante un Real Decreto en 2018. La pensión pasó así a ser, en algunos casos, no un derecho si no una obligación.
- Años a considerarpara el cálculo de la cuantía de la pensión (de 25 a 35). De acuerdo con lo indicado en la recomendación nº 5. Tras un veto público de los socios del Gobierno de coalición y de los sindicatos parece, de momento, que esa propuesta está en hibernación, al menos, en esta primera fase de las reformas
- Factor intergeneracional. Eliminación del factor de sostenibilidad (aún vigente legalmente hasta 2023 aunque esté en “stand by” su aplicación) pero, a cambio, utilizando un vergonzoso eufemismo, anuncia que se aplicará el que denomina factor intergeneracional. Sin noticias, todo lo concerniente a este nuevo factor está rodeado del máximo secretismo.
- La subida de las cotizaciones máximasy su afección al tope de las pensiones (recomendación nº 5). No hay
- “Retoques” en las pensiones de viudedad para vincular su acceso a las rentas del beneficiario (recomendación nº 13). Sin noticias.
- Información al ciudadano (recomendación nº 7). Debe darse cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.
EL CANSINO BULO DE LA QUIEBRA DE LAS PENSIONES
“Nuestro sistema de pensiones ha tenido que convivir casi desde su primer día con voces que ponían en duda su sostenibilidad. A pesar de haber pasado ya varias décadas, las razones para la supuesta hecatombe de la Seguridad Social se siguen repitiendo una y otra vez en el tiempo: unas proyecciones demográficas catastrofistas, unas previsiones de gasto desmesuradas y un pesimismo exagerado sobre la evolución económica.
Las conjeturas sobre el inminente colapso del sistema han encontrado siempre espacio en medios de comunicación, que los han transmitido a la ciudadanía de manera en exceso acrítica. Estos “estudios” se recogían sin más, dando por hecho que esas predicciones se iban a producir inexorablemente. Hoy sabemos que nada de eso sucedió, que el sistema público de pensiones no quebró ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, ni tampoco lo hará en el futuro. Sin que aquellos agoreros rindieran cuentas por su injustificado catastrofismo, hoy sus herederos vuelven a la carga.
EL PACTO DE TOLEDO
Bien es cierto que, como se ha hecho en el pasado, el sistema ha requerido de actualizaciones que le permitieran adaptarse a los distintos retos a los que se enfrentaba. Y, desde 1995, además, lo ha hecho con un arma muy poderosa: el consenso del Pacto de Toledo. Desde entonces, ha aprobado recomendaciones de fondo en cuatro ocasiones, con el apoyo del grueso de los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados en representación de los ciudadanos. De hecho, fue este consenso el que hace ya 26 años logró disipar la incertidumbre ciudadana, y así se reflejó en las encuestas de la época: la preocupación por las pensiones cayó a un mínimo histórico con la firma del Pacto de Toledo en 1995.
Gracias a este consenso nuestro sistema de pensiones se ha ido actualizando y, creo que también debemos decirlo, mejorando. Se ha dado cobertura a más personas que antes y se han fortalecido los pilares del sistema: la contributividad, la equidad, la suficiencia… Y nuestra situación a día de hoy no sólo es mejor de lo que era, sino mejor de la que tienen algunos países de nuestro entorno.
COMPARATIVA CON EUROPA
Conociendo bien nuestro sistema de pensiones, y habiéndolo analizado con los sistemas de los países de nuestro entorno, sorprende el pesimismo reinante respecto a su situación actual y sus perspectivas futuras. Y es que nosotros, tan propensos a la autocrítica, olvidamos las muchas cosas buenas que hemos ido haciendo en el pasado: A diferencia de lo que existe en otros países, en España hace treinta años que desaparecieron multitud de regímenes especiales, algo que además de introducir inequidades injustificables, compromete la sostenibilidad de los sistemas de países vecinos. Olvidamos también que hemos hecho reformas que hacen que la edad legal de jubilación está en la actualidad en 66 años y que será de 67 en 2027, mientras que al norte de los Pirineos no han podido relanzar el debate para alcanzar los 64 años. Y en ninguno de estos países se ven tantos artículos, estudios e informes con proyecciones catastrofistas como vemos en España.
Ahora mismo nuestro objetivo debe ser preparar el sistema para afrontar el reto que supone la jubilación de las generaciones del baby boom a partir de la mitad de la década. Para ello, los representantes de los ciudadanos ya han hecho su parte del trabajo: renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo, algo que no se había logrado desde hacía una década. Y lo han hecho incluso con más consenso que en anteriores ocasiones, ya que el Pleno del Congreso las aprobó con solo dos votos en contra.
RECOMENDACIONES EN MARCHA
Algunas de sus recomendaciones ya se han empezado a implementar, como el traspaso al Estado de los gastos no contributivos que abonaba la Seguridad Social y que afloraban un déficit que, en realidad, no correspondía a nuestro sistema, pero causaba incertidumbre y desazón a quienes veían en los titulares unos números rojos que no eran reales. Solo en los presupuestos que acaban de entrar en vigor se traspasan 14.000 millones de euros, el 80% del déficit pre-COVID que tenía la Seguridad Social. También el desarrollo del segundo pilar o los incentivos de los planes colectivos, todo ello ya se ha iniciado, aunque nos quedan otras materias que abordar y así lo estamos haciendo con los agentes sociales.
Ahora es el turno del diálogo social y hemos constatado en las reuniones mantenidas hasta ahora que también empresarios y representantes de los trabajadores están absolutamente convencidos de la necesidad de poner al día nuestro sistema. Con el apoyo de los interlocutores sociales hemos sacado adelante el nuevo complemento de pensiones para eliminar la brecha de género. El nuevo complemento amplía los beneficiarios respecto al sistema anterior, al poderse pedir desde el primer hijo y también por los hombres si han sufrido un perjuicio en su carrera laboral. Resulta más eficiente, más justo al compensar por igual la aportación demográfica de todos, con independencia de sus ingresos; y además focaliza su impacto en las mujeres de rentas más bajas, suponiendo una mejoría económica respecto del anterior complemento para el 75% de las mujeres que se convertirán en pensionistas en los próximos años.
LA FUTURA REFORMA
Las bases sobre las que trabajamos de cara a la futura reforma son firmes. Los cambios que se hicieron en 2011 y, cuyo despliegue culminará en los próximos años, nos permiten afrontar el futuro con solvencia, aunque con la necesidad de hacer algunos ajustes que ya estamos abordando. Y lo hacemos con un marco nuevo: la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Sabemos que este cambio permitirá a muchos pensionistas estar más tranquilos en el último tramo de su vida sabiendo que, cuando ya tienen poco margen de actuación, sabiendo que, su poder adquisitivo está absolutamente garantizado pase lo que pase.
Estas mejoras irán acompañadas de medidas que fortalecerán los cimientos del sistema, como el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, la cotización de autónomos por ingresos reales y otras pequeñas palancas que permitirán al sistema adaptarse progresivamente a los retos de las próximas décadas. Todo ello redundará en pensiones suficientes, con garantía en su poder adquisitivo, dentro de un sistema más sostenible, más moderno y más equitativo. Y esperemos que, con ello, también se disipen esos bulos que continuamente ponen en duda nuestro sistema y alarman injustamente a nuestros pensionistas.”
