El 40% de los empleados públicos se encuentra en régimen de precariedad en el empleo. Los interinos en nuestro país siguen luchando por sus derechos ante las administraciones españolas que ni convocan oposiciones ni cumplen los fallos de los tribunales. En este escenario, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que coja el toro por los cuernos de la precariedad del empleo público y resuelva este problema.
Esta es una de las reformas que la UE pide a España como condición para recibir los fondos europeos «Next Generation» y que se cumpla la normativa comunitaria que prohíbe este tipo de prácticas laborales desleales.
Para ello hay que trasponer la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Llevamos veintiún años sin hacerlo. Todavía en el sector público no se aplica. La solución sería transformar estos empleados temporales víctimas de un abuso en empleados públicos fijos pues es preciso reconocer que han venido realizando la misma actividad que los funcionarios de carrera y, por tanto, se trata de adecuar la materialidad de su relación a la formalidad de tal manera que tuvieran las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera.
De hecho, la Directiva en cuestión permite hacer esta transformación de manera automática y la sentencia de marzo del TJUE así lo dice: “La alternativa sería fijar una indemnización, pero hay que darse cuenta que el grueso del abuso está en ayuntamientos, más de 80% tiene sus cuentas intervenidas por una mala gestión financiera”. A su juicio “en una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo no parece razonable que los recursos económicos se gasten en indemnizaciones de este tipo y no en atender las necesidades de los ciudadanos. Al mismo tiempo la indemnización debería ser disuasoria y muy elevada. La alternativa es lograr su estabilización como profesionales y hacerlos fijos en las condiciones indicadas”.
Sobre la reforma que plantea el Gobierno a instancias de Bruselas, debe ir encaminada a dos objetivos: estabilizar a este personal que se encuentra en situación ilegal contra el Derecho de la UE sancionando a las administradoras empleadoras y que se desarrollen los mecanismos adecuados para evitar estas situaciones de desigualdad laboral. Hay administraciones que no solo han incumplido la Directiva europea sino también la normativa nacional que les obligaba a convocar oposiciones todos los años. Tampoco han cumplido las sentencias que hablaban de dicha estabilización. Algunas de ellas llevan veinte años sin convocar oposiciones.
La situación es insostenible pues, por ejemplo, el 90% de los médicos de urgencia de la Comunidad de Madrid son personal temporal, al igual que en justicia, donde hay un 35% de temporalidad. En servicios sociales hablamos de un 80% depende de cada Ayuntamiento y Comunidad autónoma”.
Estamos ante un problema comunitario. La solución es estabilizar al personal. Hay que sancionar a los empleadores y no a las víctimas. La precariedad en el empleo condiciona la vida de las personas a todos los niveles.
La solución a este tema pasa por voluntad política. Europa ha dejado claro que la estabilidad en el empleo es un derecho social básico de los trabajadores europeos. Hay que darse cuenta que en Europa es clave la libertad de circulación de los trabajadores y la igualdad de derechos en todos los estados miembros, con lo cual es un problema que nos supera”
Hay pocas cosas que inventar dado que la normativa de función pública dispone de elementos suficientes para ello. Lo fundamental es que las AAPP planifiquen debidamente y mediante el instrumento previsto, sus ofertas de empleo, la cobertura de sus vacantes y no se permita que la excepción (la interinidad) se convierta en la regla. No se trata de un problema de base legal. Ni es preciso modificar la Ley vigente si no de cumplirla
Políticamente, numerosas administraciones han aprovechado el mayor confort que a sus departamentos de hacienda les generaba y genera la cobertura de una plaza por un interino, para orillar un modelo de empleo estable que ampare la necesaria carrera profesional en favor de un sistema más propio casi de las cesantías galdosianas.
Fuente: Confilegal
