Aunque los distintos organismos no se ponen de acuerdo la economía sumergida, oscila entre el 11,2% del PIB, lo que representa unos 136.000 millones de euros y el 25% del PIB, unos 300.000 millones de euros.
La Agencia Tributaria afirma en que el conjunto de las actividades no declaradas en España supone ese 11,2% en función de un estudio realizado para el Fondo Monetario Internacional en 2018. Pero en ese mismo informe del FMI se habla también de que el tamaño de la economía sin IVA, dependiendo del método de cálculo, podría ser del 17,2% y hasta del 24,52%.
En cualquier caso, y tomando ese 11,2%, la Agencia Tributaria sí realiza la estimación de que solo un 60% de la economía sumergida es capaz de generar ingresos tributarios, que en este caso equivaldrían a unos 24.000 millones de euros.
Sin embargo, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) hablan de una pérdida para las arcas públicas que ronda los 80.000 millones de euros. Gestha afirma que la economía sumergida en España representa un 25% y supone un diferencial sobre la media europea superior entre 85.000 y 90.000 millones de euros. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) habla de que un 23% de nuestra economía opera en «negro» y la patronal empresarial sube la apuesta hasta cerca del 24%.
Por las particularidades de muchos de estos empleos, la economía sumergida es la que más ha sufrido el impacto de la hibernación y los confinamientos. Aunque la mayoría de expertos estiman que su actividad se habrá reducido en escala, como el resto de la economía, es cierto que muchos de estos trabajos no quedan al amparo de las prestaciones por desempleo, ya que no cotizan o lo hacen al mínimo, ni al resguardo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de otras ayudas a la reactivación.
Por lo tanto, lo más probable es que una buena parte de estos trabajadores hayan perdido su actividad y queden al único amparo del Ingreso Mínimo Vital, la nueva prestación cuya puesta en marcha está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza ante el aluvión de solicitudes: 900.000, según ha admitido la Seguridad Social.
Esta prestación tiene voluntad de permanencia, por lo que quien la reciba podrá acogerse ella «sine die».
Es cierto que la Seguridad Social ha anunciado que este subsidio obligará a apuntarse a las listas de los Servicios Públicos de Empleo, pero la concesión de esta ayuda desincentivará su paso a la economía realya que, es muy probable que cobren más entre el subsidio del IMV (hasta 1.015 euros) y su trabajo en «B».
La patronal ya estimó la entrada de unos 60.000 trabajadores en la economía sumergida como consecuencia del alza de Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.050 euros. En concreto, los empresarios detallaron que 15.000 empleados del hogar y 45.000 en el campo pasaron a engrosar las filas de los trabajadores en «B».
Si este tipo de medidas no se controlan con rigor, como ocurre en los países nórdicos o en el norte de Europa, con sistema de penalizaciones muy fuertes, se corre el riesgo de incentivar la economía sumergida. El Banco de España, cuyo gobernador, Pablo Hernández de Cos, ya alertó de queel IMV podría generar el desplazamiento de actividades hacia la economía en «B».
Otros expertos, como elpresidente de Gestha, opinan justo lo contrario. «Los 3.000 millones del IMV aportarán el 46,8% del importe total necesario para que en España cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema, gracias a esta ayuda destinada a 850.000 familias vulnerables», defiende Carlos Cruzado. «Para ser más exactos, las obligaciones de presentar la declaración de la renta, de estar inscrito en el SEPE y de tener disponibilidad para aceptar cualquier trabajo o hacer cursos de formación contribuirán a evitar un aumento significativo de la economía opaca», sostiene.
Es muy complicado calcular el impacto de las políticas asistencialistas porque no hay forma de analizar la causalidad, sin embargo, sí es posible ver la evidencia en la ralentización de la creación de empleo y en la caída del paro como se vio en Reino Unidodurante las décadas de barra libre de «benefits». Miles de personas aprovecharon el sistema de ayudas sin buscar trabajo. Hay evidencias más cercanas, como la dependencia generada en Andalucía con el PER, que supuso un desincentivo al trabajo y al cambio de modelo productivo.
