El IMV es una medida adecuada, pero podría ser mejor si hubiese habido una discusión técnica pormenorizada entre ministerios. Uno de los aspectos más criticables de la propuesta aprobada por el Gobierno es la falta de criterio sobre su compatibilidad con las actuales rentas sociales autonómicas. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el Gobierno vasco sustituye su actual renta social IMV (“Renta de Garantía de Ingresos”) vasco por el estatal? ¿No estaríamos manteniendo el ‘statu quo’, pero con la importante diferencia de que la medida pasaría a ser financiada por la caja común en lugar de por la Hacienda vasca? ¿Qué ocurre si algunas comunidades deciden, al contrario, mantener su renta social autonómica, creando importantes diferencias en el territorio nacional?
Otro aspecto debatible del IMV es si debe ser financiado a través de la caja de la Seguridad Social (como propone el Gobierno) o del resto de impuestos, así como el papel que corresponde a las CCAA en su gestión. Todos ellos son aspectos que se podrían haber mejorado con una discusión concienzuda entre los diferentes ministerios. Algo que desgraciadamente es inviable cuando la mitad del Consejo de Ministros está a otras cosas, más interesado en el titular que en los detalles, y como ejemplo puede recordarse la impresentable presión para legislar el IMV “de urgencia” por la pandemia.
En el desarrollo reglamentario del IMV se establecerá un mecanismo de ajuste de la prestación en caso de que sus perceptores obtengan también ingresos salariales. Es decir, si un perceptor del IMV se encuentra en situación de desempleo y posteriormente encuentra trabajo, el IMV se reducirá automáticamente para alcanzar el “umbral” de renta fijado para cada unidad de convivencia. De esta forma, se busca evitar que el IMV desincentive la búsqueda de empleo y que no se convierta en una ‘paguita’, como dicen sus detractores con un lamentable tono de desprecio hacia las muchas situaciones de pobreza que todavía existen en nuestro país.
Pero si el IMV se reduce automáticamente cuando se reciben rentas salariales, ¿no se parece más a un complemento salarial que a una renta mínima? En este sentido cabe recordar la propuesta de Ciudadanos del ‘complemento salarial’. El pacto entre PSOE y Ciudadanos, firmado en febrero de 2016, exponía: “El complemento salarial garantizado se prestará como prestación complementaria a los hogares con rentas más bajas, y cuya cuantía variaría en función del valor de los ingresos salariales de la persona principal y la situación familiar de esta, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo de un determinado umbral. El programa se estructuraría en tres tramos: uno creciente, uno fijo y finalmente un tramo decreciente, a los que se accedería a medida que aumente la renta y hasta un nivel máximo por encima del cual dejaría de percibirse”.
El IMV que ahora exhibe con tanto orgullo el vicepresidente Iglesias —ha dicho que “dignifica nuestra democracia” y que constituye “el mayor avance en derechos sociales desde la Ley de Dependencia de 2006”— parece en realidad la misma propuesta que presentó por primera vez Luis Garicano en febrero de 2015. Este complemento salarial del acuerdo PSOE-Ciudadanos fue uno de los motivos que esgrimió Podemos para justificar su voto en contra de la investidura de Pedro Sánchez. En una nota circulada entonces entre los medios, Podemos afirmaba que el complemento salarial suponía “premiar con dinero público a los empresarios que pagan bajos salarios”.
Nunca el cielo estuvo más cerca del infierno. Apenas a unos centímetros de desarrollo reglamentario de distancia.
Fuente: El Confidencial
