¿”El Guadiana”? El Gobierno resucita ahora la prestación para padres que no puedan teletrabajar

El ministro Escrivá reevalúa de cara a la desescalada la que fue su primera medida anunciada, que se quedó en el cajón ante el confinamiento total.

El Gobierno prepara soluciones de conciliación para los padres que tengan que reincorporarse a la actividad laboral en las sucesivas fases de la desescalada y no tengan opción de teletrabajar. Con los centros educativos cerrados hasta septiembre con carácter general, los trabajadores con hijos en edad escolar afrontan serias dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, sobre todo ahora que dejar a los niños con los abuelos no es una opción y ante el esfuerzo económico que supone contratar personal de cuidados. El Ejecutivo es consciente de esta situación y por ello ha resucitado la primera gran medida anunciada en los inicios de esta crisis, cuando cerraron los colegios, la prestación extraordinaria que nunca llegó a aplicarse porque poco después se mandó a mayoría de los trabajadores a casa y dejó de tener sentido.

El 11 de marzo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba en una entrevista radiofónica que los progenitores que tuvieran que quedarse al cargo de sus hijos y no obtuvieran una solución de trabajo no presencial por parte de la empresa podrían solicitar una “compensación de ingresos” por el tiempo que tuvieran que pasar en casa “a través de una prestación de la Seguridad Social”. El día anterior se había decretado el cierre de todos los colegios de la Comunidad de Madrid -poco después cerraron las aulas de toda España- y los padres y las madres necesitaban soluciones urgentes. El ministro avanzaba incluso que la medida sería aprobada ese mismo jueves en el Consejo de Ministros extraordinario que dio luz verde al primer paquete de medidas económicas, pero se quedó en el cajón.

El 14 de marzo se decretó el estado de alarma a nivel nacional y el confinamiento de todos los ciudadanos, permitiendo, eso sí, los desplazamientos al lugar de trabajo en el marco de la limitación a la libre circulación de las personas. Pero se introdujo el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, priorizando estas medidas frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. Posteriormente, el 21 de abril, el Ejecutivo prorrogó estas medidas durante dos meses, al haberse demostrado como “tremendamente eficaces” para dar continuidad a la actividad económica en una situación excepcional, en palabras de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. 

Pero una semana más tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que no habría clases presenciales hasta el mes de septiembre, salvo algunas excepciones en la fase 2 de la desescalada para los alumnos que finalizan ciclo educativo (ESO, Bachillerato, FP y Educación Especial) y Centros de Infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. En cualquier caso, cundió el pánico entre los padres, ya que entre los más de ocho millones de alumnos que estudian en enseñanzas no universitarias, hay casi tres millones que tienen entre 6 y 14 años, una edad a la que no pueden estar solos en casa.

El problema es que, según avance la desescalada, las empresas van a ir retomando lentamente la actividad y recuperando a los trabajadores de manera presencial, lo que pone en un brete a los padres que no puedan dejar a sus hijos con ninguna persona de confianza. Así se lo advirtió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la vicepresidenta Carmen Calvo ayer durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados: “Hay muchísima gente que está siendo obligada a ir a trabajar y que no tiene con quién dejar a sus hijos y a sus hijas. Les pedimos, una vez más, una prestación remunerada para esa gente, para que no tengan que vivir con esa angustia obvia”. 

Calvo escuchaba pensativa la demanda de Rufián y durante el turno de réplica le contestaba: “Sí que nos preocupa el asunto de la conciliación y de las dificultades enormes que fundamentalmente van a tener mujeres y  familias monoparentales con los pequeños cuando se vuelva a iniciar la actividad de otra manera en nuestro país y reflexionamos sobre ello”. En un segundo plano se podía observar a Sánchez, sentado en su escaño, asintiendo con la cabeza. La vicepresidenta justificaba después que el Gobierno se ha enfrentado a una situación sin precedentes en la que han tenido que responder en muchas direcciones, priorizando la sanitaria, y la rapidez en la respuesta “no pasa con la perfección”.

Cuestionados al respecto de las palabras de la vicepresidenta Calvo en el Congreso y sobre la posibilidad de reactivar la prestación extraordinaria anunciada por Escrivá en marzo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adelantan que “habrá que reevaluar” medidas de este tipo. “Cuando la propusimos, el escenario cambió tan radicalmente en días que perdió utilidad”, admiten, para añadir que aunque siguen vigentes medidas como la preferencia del trabajo a distancia y la flexibilización de la jornada, “hay que ver cómo se adapta todo a la nueva normalidad”.

Fuentes gubernamentales confirman que se está estudiando la posibilidad de poner en marcha esa prestación, previo análisis de la masa crítica de beneficiarios potenciales y del incremento de gasto público que pueda suponer. En su momento, Escrivá anunció que la prestación tendría coste cero para las empresas y supondría un desembolso “significativo pero manejable” para la Seguridad Social, pero entonces todavía no se había desplegado el escudo social que a estas alturas ya ha llevado al límite los recursos de las arcas públicas.

Más de la mitad de los padres, sin solución

De cualquier manera, en el Ejecutivo son conscientes de que el teletrabajo puso un parche al problema que planteó el cierre de los centros educativos, pero la desescalada y la reincorporación progresiva de los trabajadores a sus puestos deja ahora desprotegidas a muchas familias, por otro lado agotadas después de más de dos meses de confinamiento con los niños. Según un estudio realizado por la plataforma Yoopies, durante los más de dos meses de confinamiento el 62% de las familias españolas ha contado con al menos uno de los progenitores en casa teletrabajando y cuidando, al mismo tiempo, de los hijos.

Otro informe, elaborado por la plataforma de cuidado infantil Sitly revela que la vuelta a la actividad profesional fuera de casa está suponiendo un quebradero de cabeza para los padres. El 53% reconoce no haber encontrado una solución para el cuidado de sus hijos al regresar a su puesto y el 28% se plantean que uno de ellos deje de trabajar, pida una excedencia o solicite una reducción de jornada. El 14% valora dejar a los niños con los abuelos, a pesar de ser un grupo de riesgo, por no tener otra opción, y el 28% contempla contratar a una niñera. Respecto a la vuelta a las aulas del ciclo infantil en la fase 2, más de la mitad de los padres con hijos menores de 6 años aseguran que buscarán una alternativa. La desconfianza es máxima entre los padres trabajadores.

Fuente: La Información

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