El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que «posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura». La meta -ha añadido- es «sentar las bases de un sistema público y universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualdad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía».

Bustinduy ha subrayado que el proyecto de ley se ha enriquecido desde su versión inicial con las aportaciones de la sociedad civil, las comunidades autónomas, el Consejo Económico y Social y los agentes sociales. El resultado es un texto «ambicioso y con el mayor consenso posible» que plasma dos objetivos centrales: concretar la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 y dotar al sistema de dependencia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que plantean la mayor longevidad y las transformaciones sociales. La reforma supone un «giro copernicano», ya que no se centra en gestionar las plazas de las residencias, sino en atender las necesidades y las preferencias de las personas.

Dependencia y discapacidad: nuevos derechos y prestaciones

El ministro ha resumido el enfoque de la reforma en «nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología»

En cuanto a los derechos, Bustinduy ha destacado dos. En primer lugar, el derecho a la accesibilidad universal, que conlleva la obligación para los poderes públicos de crear entornos accesibles en todos los espacios públicos y de remover las barreras físicas o cognitivas que afecten a las personas con discapacidad. Con el fin de asegurar el disfrute del patrimonio histórico y cultural, se crea un programa estatal de promoción de la accesibilidad universal, y para facilitar las obras de accesibilidad en viviendas y edificios, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal. En segundo lugar, la norma consagra el derecho universal a la teleasistencia que, además, tendrá carácter complementario, es decir, que deberá ser siempre completada con otros recursos.

Respecto a las prestaciones, el ministro ha detallado que, por primera vez, las administraciones públicas proveerán de productos de apoyo como sillas de ruedas y camas articuladas. Igualmente, se crea el servicio de asistencia personal, que no se limitará a la educación y el trabajo, sino que acompañará a la persona en actividades cotidianas. La ayuda a domicilio se extenderá fuera del ámbito de la vivienda para necesidades como ir al médico o hacer la compra. Otras novedades son la ampliación de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad, la conversión de los centros de día en centros multiservicio y la creación de una prestación transitaria para los casos en que el recurso solicitado no esté disponible.

Menos burocracia, más tecnología

La reducción de la burocracia se concreta en medidas como la supresión del régimen de incompatibilidad entre prestaciones y la del periodo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (el plazo máximo de espera para recibir la prestación reconocida). Además, se agilizan los procedimientos de revisión de los planes individuales de atención, se crean procedimientos de urgencia para casos de particular vulnerabilidad, se profundiza en la coordinación sociosanitaria y se compatibiliza la percepción de prestaciones y el empleo. Bustinduy ha remarcado, igualmente, que se establecen pasarelas para el reconocimiento automático de la discapacidad a partir de la valoración de la dependencia.

Por último, la reforma tiene en cuenta los avances tecnológicos en ámbitos como la robótica, la domótica y la inteligencia artificial. En esta línea, crea un centro para generar la infraestructura pública que mejore las prestaciones y desarrolle una industria estratégica de los cuidados, incorpora un régimen jurídico especial para los proyectos piloto en materia de innovación social y prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos.

La norma, en definitiva, pretende «generar el Estado del bienestar del siglo XXI», según ha dicho Bustinduy, quien ha remarcado que esa apuesta «viene respaldada por hechos» como la distribución de 783 millones a las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia. El ministro ha apuntado que la inversión en este ámbito se ha multiplicado por cuatro desde 2014: «No hay precedentes en el ámbito de la política social de un esfuerzo fiscal de esta magnitud».

Fuente: La Moncloa. 15/07/2025. El Gobierno reforma las leyes de dependencia y discapacidad para mejorar las prestaciones y reducir la burocracia [Consejo de Ministros/Resúmenes]

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