EL GOBIERNO ELIMINA LAS TRABAS AL FONDO DE PENSIONES PÚBLICO

El fondo de pensiones de empleo de promoción pública fue la vía elegida por el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para impulsar el ahorro complementario para la jubilación desde el sector público.

 

Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública es un sistema de ahorro promovido por la Administración que busca que las empresas ofrezcan planes de pensiones a sus empleados. Hasta ahora solo los tenían algunas grandes compañías y funcionarios de algunos organismos públicos, pero desde su aprobación hace casi un año se busca que este sistema de ahorro para la jubilación sea más accesible a los trabajadores de las pymes y autónomos.

 

El Gobierno eligió en julio de 2023 a las cinco entidades (VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones) encargas de gestionar los 15 vehículos de ahorro que se vincularán al fondo, sin embargo, estos planes de pensiones de empleo no han echado a andar. Desde las gestoras se señalaba al Ejecutivo como responsable de estos retrasos, pero una vez modificados los aspectos técnicos, se pondrá a prueba la capacidad de las gestoras para atraer sectores al fondo.

 

Desde que comenzó 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía ya lista toda la infraestructura legal para que arrancaran los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (también conocidos como el macrofondo de Escrivá . Sin embargo, a fecha de hoy, casi un año después, sigue sin haber un solo euro en ellos. Ante esta situación, la Seguridad Social ha decidido modificar el diseño de la Comisión de Control Especial de estos fondos para intentar “dinamizar” su actividad y que empiece a llegar el dinero a estos nuevos vehículos de inversión, según fuentes ministeriales.

 

 

El Consejo de Ministros aprobaba este martes un real decreto con el que modificaba el reglamento sobre planes y fondos de pensiones y una orden que hacía referencia a la remuneración de la comisión especial de control, en la que están representados la patronal y los sindicatos. Estos documentos fueron presentados en el trámite de audiencia pública en el mes de junio, tras saltarse la cuestión pública por estimar que se trataba de una cuestión de urgencia, y el Gobierno explicó entonces que este era el motivo de que un año después del lanzamiento del fondo no se hubiera sumado ningún plan, por lo que daría el ‘pistoletazo de salida’.

 

En las mencionadas modificaciones se retocan tres aspectos fundamentales de la regulación de la Comisión de control —que está formada por 13 profesionales (cinco elegidos por el Ministerio de Inclusión, cuatro a propuesta de las organizaciones sindicales y otros cuatro en representación a las organizaciones patronales)— con los que los interlocutores sociales no estaban cómodos. Esta circunstancia era uno de los motivos que podría estar detrás de la parálisis en la que están sumidos los fondos de promoción pública y que ahora la Seguridad Social ha decidido modificar.

 

Un cambio tiene que ver con la remuneración de los profesionales que forman la citada comisión de control, y deja claro claro que sus integrantes “sólo tendrán derecho a la remuneración vinculada a la asistencia a las reuniones periódicas (…) y otras remuneraciones adicionales, a partir del momento en que el patrimonio conjunto de dichos fondos alcance el importe de 1.000 millones de euros y mientras se mantenga dicho importe, lo que será asimismo aplicable respecto a su repercusión a los fondos de pensiones”. De esta forma, se aclara que los primeros planes de pensiones de empleo que lleguen a estos fondos no tendrán que costear las retribuciones de los miembros de la comisión de Control.

 

Otra modificación elimina ciertas incompatibilidades que se establecían a los integrantes de este organismo y elimina la referencia a la aplicación del régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los altos cargos de la Administración General del Estado.

 

Finalmente, se permite que las retribuciones a los miembros de la comisión no sean nominales, sino que las reciba directamente la organización a la que representan.. En concreto, el texto indica que “en el caso de que se trate de un miembro propuesto por una organización sindical o empresarial más representativa, esta podrá percibir directamente las remuneraciones a las que se refiere el párrafo anterior, en vez de percibirlas el propio miembro”.

 

Con estos cambios, desde la Seguridad Social se muestran convencidos de que arrancará plenamente la actividad de esta segunda pata de la reforma del segundo pilar de la protección social incluida en los hitos exigidos por Bruselas dentro del plan de Recuperación y Resiliencia. Si bien, fuentes de este organismo admiten que “lo natural” es que, aunque estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública están abiertos a autónomos, pymes y sector público, sea desde este último ámbito (las Administraciones y empresas públicas) desde donde lleguen las primeras inversiones. Respecto a los denominados planes simplificados, en el Gobierno están relativamente satisfechos con su funcionamiento, a pesar de que, de momento, solo hay un sector, el de la construcción, que se ha sumado a ellos  y además, existen una veintena de planes en las que participan asociaciones de autónomos y pymes fundamentalmente, que han movilizado alrededor de 200 millones de euros. No obstante, estas cuantías quedan aún muy lejos de los 2.500 millones que Escrivá confió en que alcanzara su macrofondo de promoción pública en tres años.

 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebra que este es «un paso más hacia la constitución de un marco más moderno para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral para trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos», ya que este proyecto está íntimamente ligado a la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados en la pasada legislatura. Y una vez han quedado fijadas las reglas del juego, la pelota recae en el tejado de VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones que tendrán que redoblar sus esfuerzos para atraer clientes y alcanzar la meta de ahorro.

 

La apuesta por los planes de empleo es minoritaria en España y el fondo nació con la vocación de acoger a los autónomos o trabajadores de las compañías medianas o pequeñas que no fuesen a reunir un volumen de ahorros que resultara atractivo para las gestoras por sí solo. Por ello, las entidades han apostado por los contactos con los colegios profesionales para atraer a este tipo de perfiles, puesto que solo la construcción ha desarrollado el suyo propio -que podría haber vinculado a este fondo, aunque otros sectores están estudiando ponerlos en marcha.

 

El reto no es menor, estas gestoras tienen que reunir 2.500 millones de euros en aportaciones en tres años, según establecían las condiciones del pliego de la convocatoria lanzada por Seguridad Social. No obstante, las entidades cuentan con la ventaja de que el contador no comenzará a sumar minutos hasta que se integre el primer plan en la estructura, algo que los actores implicados no saben avanzar cuándo se va a producir. Si bien en un inicio se hablaba de 2026 como horizonte, dado que fue en 2023 cuando se resolvió la convocatoria, este se trasladará al menos hasta 2028 en función de cuánto tarden en sumar trabajadores interesados.

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